El Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia la existencia de desigualdades de trato por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a la hora de otorgar las prestaciones extraordinarias a los trabajadores por cuenta propia durante la pandemia de Covid en 2020.
La prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos fue una de las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno con el objetivo de proteger a estos profesionales que, debido a las restricciones impuestas tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, se vieron obligados a suspender su actividad o sufrieron una caída de la facturación de, al menos, un 75%.
El organismo que encabeza Enriqueta Chicano ya había difundido en 2023 un informe de fiscalización en el que advertía de la existencia de pagos indebidos a autónomos que no cumplían las condiciones para recibir la ayuda. En dicho documento se detallaba que alrededor de 280.000 trabajadores por cuenta propia llegaron a cobrar un total de 505,5 millones de euros en prestaciones que no les correspondían.
Tras quedar entonces pendiente la depuración de esos pagos irregulares, este viernes el Tribunal ha difundido una nota complementaria al informe inicial en la que comunica que ya se ha completado el proceso de recuperación de las ayudas concedidas sin reunir todos los requisitos exigidos. Una vez revisadas las prestaciones que se habían aprobado con carácter provisional durante la crisis sanitaria, se confirmó definitivamente a 1,4 millones de beneficiarios, con 3.614 millones de euros satisfechos y 39.447 prestaciones denegadas.
No obstante, el Tribunal ha subrayado que se han seguido produciendo “determinadas situaciones de desigualdad de trato entre las personas beneficiarias”, originadas por la aplicación de criterios distintos por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, sobre todo en lo relativo al cálculo de la base reguladora de la prestación y a su incompatibilidad con otras ayudas del sistema.
Asimismo, se han detectado diferencias vinculadas al uso de la presunción de cumplimiento del requisito de reducción de la facturación, que repercutió de forma desigual en las solicitudes resueltas con anterioridad a su aplicación efectiva.
El Tribunal de Cuentas insiste en la importancia de asegurar la homogeneidad de los criterios en la gestión de estas prestaciones extraordinarias, con el fin de evitar las disparidades identificadas que han impactado de forma distinta en los autónomos según la mutua encargada de tramitar cada expediente.
Se consolidan la mayoría de resoluciones provisionales
El volumen final de beneficiarios de la prestación ha supuesto el 97,35% del conjunto de resoluciones provisionales dictadas, porcentaje que ha hecho posible la recuperación de los importes abonados indebidamente durante la pandemia tras la denegación de 39.447 solicitudes.
El valor total de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social ligadas a esta ayuda se ha elevado a 1.458 millones de euros, una cifra que se suma a los 3.614 millones de euros ingresados de manera directa por los beneficiarios definitivos de la medida.