La Diputación Permanente del Congreso ha dado este jueves luz verde al decreto ley que recoge un amplio paquete de actuaciones para intervenir en el mercado de la vivienda, pero ha rechazado el segundo decreto, promovido por Sumar, que pretendía fijar la renovación automática de los contratos de alquiler y obligaba al propietario a compensar económicamente al inquilino en caso de rescindir el contrato.
Como ocurre con cualquier decreto ley, ambos textos debían ser sometidos a convalidación en la Cámara Baja en un plazo máximo de treinta días. Tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, ha sido la Diputación Permanente —el único órgano que continúa en funcionamiento tras la disolución— la que ha asumido la votación de estas normas.
El decreto con medidas generales sobre vivienda ha salido adelante con el respaldo de 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos (que concentra el voto del Grupo Mixto), frente al rechazo de los 34 representantes de PP, Vox y Junts, que en un Pleno ordinario sí disponían de mayoría absoluta. En cambio, en la segunda iniciativa, al voto en contra de PP, Vox y Junts se ha sumado el del PNV, lo que ha supuesto su derogación.
Prohibición de desahucios y prórroga extraordinaria de contratos
Entre las disposiciones del primer decreto, se incluye la prohibición de ejecutar desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se fija una prórroga automática de los contratos de alquiler durante todo 2028.
El texto incorpora también el mecanismo denominado “Tu Casa”, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que prevé préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de primera vivienda y contará con una dotación de 10.000 millones de euros.
Junto a la línea del ICO, se crea un fondo de impacto social con 400 millones de euros para impulsar la construcción y promoción de vivienda por parte de agentes sociales, al tiempo que se endurecen las condiciones para la adquisición especulativa de inmuebles por parte de fondos “buitre”, ampliando su definición y revisando el régimen de excepciones respecto al decreto anterior.
En cuanto al segundo decreto, establecía que, una vez superados los cinco años de duración del contrato (siete si el arrendador es persona jurídica), el alquiler se prorrogara automáticamente otros cinco años —siete en el caso de empresas—. Si el propietario optaba por no renovar, debía abonar al inquilino una compensación equivalente a un año completo de renta.
Pablo Bustinduy e Isabel Rodríguez defienden los textos
La Diputación Permanente ha abordado primero el decreto sobre renovación automática de alquileres, defendido por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y posteriormente el que aglutina el conjunto más amplio de medidas, presentado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
En el primer debate, Bustinduy ha reclamado el apoyo de los grupos al subrayar que la iniciativa podría llegar a cinco millones de personas y supondría un ahorro potencial de hasta 4.341 euros por inquilino. Además, ha recordado que una regulación similar ya existe en Francia, Alemania o Viena (Austria), ciudad que la izquierda suele tomar como referencia en política de vivienda por su amplio parque público.
El ministro ha apelado a los miembros de la Diputación a votar a favor de la extensión de los contratos de alquiler para que las personas que viven arrendadas puedan conservar ese dinero, en lugar de que acabe en manos de “las empresas inmobiliarias que les están sangrando la vida”.
En el segundo debate, Rodríguez ha defendido que el decreto permite blindar a inquilinos y pequeños propietarios frente a la emergencia habitacional mientras se incrementa la oferta de vivienda asequible. Entre los puntos clave, ha resaltado la prohibición de desahucios a personas vulnerables, las nuevas prórrogas de contratos, las deducciones fiscales para arrendatarios y las bonificaciones de hasta el 100% de las rentas para pequeños propietarios que reduzcan precios.
La ministra ha reiterado que la vivienda “no es mercancía” ni puede concebirse como “un activo financiero”, sino que constituye “un derecho básico”. Por ello, ha defendido que ampliar el parque público y asequible con protección permanente impedirá que termine en manos de fondos buitre, y ha remarcado la necesidad de introducir herramientas que frenen la especulación. “Proteger al inquilino y dar seguridad al pequeño propietario no es contradictorio, sino una necesidad”, ha remachado.
Posiciones de los grupos sin cambios
A lo largo del debate de ambos decretos no se han producido giros de guion en las formaciones políticas, que han mantenido las posturas ya adelantadas y coherentes con el voto que emitieron en el Pleno de octubre, cuando se rechazaron los anteriores decretos leyes.
PP, Vox y Junts han reiterado su oposición a los dos textos, mientras que PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos —que en la Diputación Permanente canaliza el voto del Grupo Mixto— han ratificado su apoyo al decreto con medidas generales.
El PNV, cuyo respaldo resultaba determinante, ha repetido el mismo criterio que en el Pleno de octubre: ha apoyado el decreto más amplio y ha votado en contra del que fijaba la indemnización a favor del inquilino, al considerar que el pago de doce mensualidades es “desproporcionada y desorbitada”.
El Gobierno rescata parte de lo perdido en el Pleno
Con este desenlace, el Ejecutivo logra salvar al menos uno de los dos decretos impulsados tras el desahucio de Maricarmen, que desató una fuerte indignación social por la situación de la vivienda.
En el Pleno del Congreso, donde PP, Vox, Junts y UPN sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños, se rechazaron los dos textos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno volvió a aprobar ambos decretos introduciendo ligeros cambios para que no fueran idénticos a los anteriores, con la diferencia de que esta vez la votación no se celebraría en el Pleno, sino en la Diputación Permanente, donde sí había apoyos suficientes para convalidar al menos el decreto con las medidas más generales.
La votación ha tenido lugar, además, un día después de la huelga general por la vivienda y justo en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral, que arrancará a las 00.00 horas del viernes, 13 de noviembre.