El PP ha puesto en marcha una ofensiva para “fiscalizar” y reclamar “garantías” sobre el “mayor proceso de nacionalización” que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno y que “afecta a 2,6 millones de personas”. En este contexto, los populares reclaman la presencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicitan a la Abogacía del Estado un dictamen sobre la externalización del procedimiento y exigen copia íntegra del expediente de contratación de la empresa pública Ineco para la tramitación de expedientes, así como de la compañía cubana Palco.
Estas iniciativas llegan después de que esta misma semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “ingeniería electoral” para lograr “nuevos votantes” mediante la conocida como 'Ley de Nietos' porque “no le salen las cuentas”. No obstante, los populares han evitado emplear el término “pucherazo”, expresión que sí utiliza Vox.
Desde el PP subrayan que con esta “ofensiva informativa” buscan que el procedimiento impulsado por el Ejecutivo “por la puerta de atrás se haga con todas las garantías, informando al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento español”. Insisten en que, según su criterio, “esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad”.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha recalcado que “todos los españoles tenemos derecho a dudar de las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez” y ha reivindicado que la oposición pueda exigir explicaciones para supervisar el proceso de nacionalización que desarrolla el Ejecutivo a través de la llamada 'Ley de Nietos', nombre con el que se conoce a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
PETICIÓN DE COMPARECENCIA Y DATOS SOBRE LOS CONSULADOS
En primer término, el PP ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores en el Pleno del Congreso para que detalle, entre otros extremos, cómo funcionan los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los tiempos de resolución de los expedientes, así como el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, rechazadas y aún pendientes en el marco de este proceso de nacionalización.
Paralelamente, el PP quiere que la Abogacía General del Estado elabore un informe sobre “la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados en el procedimiento impulsado por el Gobierno para la tramitación de expedientes de obtención de nacionalidad”, según ha señalado la formación en un comunicado.
El partido también reclama conocer qué consulados son los más saturados, con qué recursos humanos, materiales y presupuestarios cuenta cada uno, qué criterios jurídicos y administrativos se están aplicando en la tramitación de los expedientes y qué garantías documentales, registrales y censales ha previsto el Ejecutivo para este proceso.
Del mismo modo, el PP demanda que el ministro detalle las medidas que el Gobierno tiene previstas “ante la saturación de los servicios consulares derivada del elevado volumen de solicitudes, especialmente en los países hispanoamericanos más afectados”.
En esta línea, el grupo popular reclama la copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, por un importe global de 1.602.217 euros, destinados a la contratación de personal para el Consulado de España en La Habana, con el fin de realizar labores de apoyo de todo tipo y reforzar la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española.
Asimismo, los populares piden la copia íntegra del expediente de contratación de la empresa pública Ineco para prestar apoyo en la gestión de los expedientes, tal y como se recoge en el mismo comunicado.
BATERÍA DE PREGUNTAS EN EL CONGRESO
Además, el PP tiene previsto registrar alrededor de una veintena de preguntas parlamentarias en las que reclamará al Ejecutivo, entre otros datos, información desglosada del número de solicitudes de nacionalidad por cada oficina consular.
Igualmente, quiere saber qué criterio se está aplicando para fijar el orden de resolución de las solicitudes, precisando si se atienden por orden de presentación de la cita previa, de incoación del expediente, de aportación completa de la documentación por oficina consular o si se sigue algún otro parámetro.
El Grupo Popular también demanda detalles sobre los criterios empleados por el Ministerio de Asuntos Exteriores para repartir los refuerzos de personal entre las distintas oficinas consulares y qué previsiones maneja para incrementar los recursos en aquellas demarcaciones con más solicitudes, mayores tiempos de espera y más expedientes acumulados.
“EL MAYOR PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE TODA NUESTRA HISTORIA”
Ezcurra sostiene que se está produciendo “al mayor proceso de nacionalización de toda nuestra historia”, con “2,6 millones de solicitudes”. “Y esto no se ha hecho solo con una ley, se ha hecho gracias a una orden de una directora general en el Ministerio de Justicia”, ha apuntado, en referencia a Sofía Puente.
Ha censurado que “una sola firma en un despacho” haya “abierto la inmigración a casi dos siglos de historia, sin que apenas se exija ni documentación ni garantías”. Asegura que el PP defiende “por supuesto” que los nietos de españoles accedan a la nacionalidad, una reivindicación que, recuerda, mantienen “desde el 2007”, pero insiste en que reclaman que “ese derecho se conceda bien, con una ley, con rigor, con acuerdo parlamentario y con garantías”.
Sin embargo, Ezcurra considera que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha ido debilitando uno a uno cada uno de los eslabones que deberían proteger algo tan serio”, empezando por el de la concesión. “A día de hoy se exige tan poco que basta con un ascendente español sin prueba real y casi sin filtro. Sólo se rechazan dos de cada cien solicitudes. ¿Dónde están las garantías?”, ha planteado.
CAMBIO DEL CUERPO ELECTORAL Y RONDA DE EXPLICACIONES
En su análisis, el segundo eslabón es el de la legalidad, dado que una orden administrativa —en alusión a la instrucción de la directora general del Ministerio de Justicia— “no puede ir más lejos” que la Ley de Memoria Democrática aprobada en las Cortes.
El tercer eslabón, ha añadido, es el del voto. “Cada nuevo nacional es un nuevo elector. Ampliar de forma masiva quién puede votar no es un trámite. Es cambiar el cuerpo electoral. ¿Dónde está el control?”, ha cuestionado. Como cuarto elemento, ha señalado “la prisa” del Gobierno con este proceso.
Por todo ello, ha anunciado que el PP va a poner en marcha “un proceso de fiscalización absoluto” con el objetivo de garantizar que “lo que se concede cumple la ley” y que “cada voto sea de quien dice ser”. “Por eso vamos a preguntar por cada nacionalización. Cuántas, dónde, con qué controles y a qué provincia van a parar en el censo”, ha afirmado.
Ezcurra ha insistido en que su formación también va a exigir que se aclare “por qué se ha apartado a los funcionarios para dárselo a empresas externas”. “A ver qué dice la Abogacía General del Estado”, ha remachado.
Por último, la dirigente del PP ha avanzado que reclamarán que el ministro de Exteriores acuda “a dar la cara en el Congreso” porque “la sospecha la justifica quien acusa, pero la garantía la tiene que aportar quien gobierna”. “La oposición pregunta y ahora le toca responder a Sánchez”, ha zanjado.