El PP ha puesto en marcha una ofensiva para “fiscalizar” y reclamar “garantías” sobre el “mayor proceso de nacionalización” que, según denuncia, está desarrollando el Gobierno y que “afecta a 2,6 millones de personas”. En este contexto, exige la presencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicita a la Abogacía del Estado un informe sobre la externalización del procedimiento y demanda copia de los expedientes de contratación de la empresa pública Ineco y de la compañía cubana Palco.
Estas iniciativas llegan después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “ingeniería electoral” para obtener “nuevos votantes” a través de la conocida como 'Ley de Nietos' porque “no le salen las cuentas”, aunque los 'populares' rehúsan hablar de “pucherazo”, término que sí utiliza Vox.
El PP sostiene que con esta “ofensiva informativa” pretende que el proceso impulsado por el Ejecutivo “por la puerta de atrás se haga con todas las garantías, informando al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento español”. Asegura que “esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad”.
“Todos los españoles tenemos derecho a dudar de las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha afirmado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien defiende el derecho de la oposición a exigir explicaciones sobre el proceso de nacionalización que impulsa el Ejecutivo mediante la llamada 'Ley de Nietos', denominación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
Peticiones al Gobierno y a Exteriores
En primer lugar, el PP ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores en el pleno del Congreso para que detalle el funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución, así como el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes dentro de este proceso.
Al mismo tiempo, el partido solicita a la Abogacía General del Estado un informe sobre “la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados en el procedimiento impulsado por el Gobierno para la tramitación de expedientes de obtención de nacionalidad”, según ha comunicado oficialmente.
El PP reclama también conocer qué consulados son los más saturados, con qué medios humanos, materiales y presupuestarios cuenta cada uno, qué criterios jurídicos y administrativos se aplican en la tramitación y qué garantías documentales, registrales y censales ha establecido el Ejecutivo para este proceso.
En esta línea, exige que el ministro explique qué medidas prevé el Gobierno “ante la saturación de los servicios consulares derivada del elevado volumen de solicitudes, especialmente en los países hispanoamericanos más afectados”.
Además, los 'populares' piden la copia íntegra de los tres expedientes de contratación del Grupo Palco, empresa pública vinculada a la dictadura cubana, por un importe total de 1.602.217 euros, para la incorporación de personal de apoyo al Consulado de España en La Habana, tanto en tareas generales como en el refuerzo de la tramitación de expedientes de nacionalidad española.
Igualmente, reclaman el expediente completo de contratación de la empresa pública Ineco para apoyar la gestión de estos expedientes, según se recoge en el mismo comunicado.
Interrogatorio parlamentario y reparto de recursos
Paralelamente, el Grupo Popular registrará una batería de alrededor de veinte preguntas parlamentarias para que el Gobierno facilite, entre otros datos, información desglosada del número de solicitudes de nacionalidad por cada oficina consular.
El PP quiere saber también qué criterio se sigue para fijar el orden de resolución de solicitudes, aclarando si se atienden por fecha de cita previa, por incoación del expediente, por presentación completa de la documentación en cada consulado o por algún otro sistema.
Asimismo, exige detalles sobre los criterios del Ministerio de Asuntos Exteriores para distribuir los refuerzos de personal entre las distintas oficinas consulares y qué previsiones maneja para incrementar los recursos en aquellas demarcaciones con más solicitudes, mayores tiempos de espera y más expedientes pendientes.
“El mayor proceso de nacionalización” y dudas sobre las garantías
Ezcurra sostiene que se está desarrollando “al mayor proceso de nacionalización de toda nuestra historia”, con “2,6 millones de solicitudes”. “Y esto no se ha hecho solo con una ley, se ha hecho gracias a una orden de una directora general en el Ministerio de Justicia”, ha señalado, en referencia a Sofía Puente.
Ha cuestionado que “una sola firma en un despacho” haya “abierto la inmigración a casi dos siglos de historia, sin que apenas se exija ni documentación ni garantías”. Asegura que el PP defiende “por supuesto” la nacionalidad para los nietos de españoles, reivindicación que recuerda que mantienen “desde el 2007”, pero insiste en que “ese derecho se conceda bien, con una ley, con rigor, con acuerdo parlamentario y con garantías”.
A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha ido debilitando uno a uno cada uno de los eslabones que deberían proteger algo tan serio”, empezando por la concesión. “A día de hoy se exige tan poco que basta con un ascendente español sin prueba real y casi sin filtro. Sólo se rechazan dos de cada cien solicitudes. ¿Dónde están las garantías?”, ha planteado.
Cambio del cuerpo electoral y fiscalización “absoluta”
Ezcurra ha subrayado que el segundo eslabón es la legalidad, ya que una orden administrativa “no puede ir más lejos” que la Ley de Memoria Democrática aprobada en las Cortes. El tercer eslabón, ha añadido, es el voto: “Cada nuevo nacional es un nuevo elector. Ampliar de forma masiva quién puede votar no es un trámite. Es cambiar el cuerpo electoral. ¿Dónde está el control?”. También ha aludido a “la prisa” del Gobierno como un cuarto elemento de preocupación.
Por todo ello, ha avanzado que el PP iniciará “un proceso de fiscalización absoluto” para garantizar que “lo que se concede cumple la ley” y que “cada voto sea de quien dice ser”. “Por eso vamos a preguntar por cada nacionalización. Cuántas, dónde, con qué controles y a qué provincia van a parar en el censo”, ha señalado.
Ha reiterado que su partido reclamará explicaciones sobre “por qué se ha apartado a los funcionarios para dárselo a empresas externas”. “A ver qué dice la Abogacía General del Estado”, ha recalcado.
Por último, Ezcurra ha indicado que llamarán al ministro de Exteriores “a dar la cara en el Congreso” porque “la sospecha la justifica quien acusa, pero la garantía la tiene que aportar quien gobierna”. “La oposición pregunta y ahora le toca responder a Sánchez”, ha zanjado.