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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reúne tres grandes responsabilidades: apoyar y coordinar la acción del Gobierno, dirigir la política de Justicia y articular las relaciones con el Parlamento. Su marco específico se encuentra en el artículo 3 del Real Decreto 829/2023 y en el Real Decreto 204/2024, que desarrolla la organización y las funciones del departamento. Conviene distinguir las atribuciones personales del ministro de las tareas que ejecutan los órganos ministeriales bajo su dirección.

1. Presidencia y coordinación del Gobierno

El artículo 1 del Real Decreto 204/2024 atribuye expresamente al titular del ministerio:

• El apoyo inmediato al presidente del Gobierno y la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
• La coordinación interministerial que le encomienden las normas, el Gobierno o su presidente.
• La coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo.
• La coordinación y el análisis de la calidad de la actividad normativa del Gobierno.
• El apoyo material, presupuestario, económico-financiero y de personal que precisen el presidente y los órganos dependientes de Presidencia.

Estas funciones se concretan, mediante el Secretariado del Gobierno, en preparar reuniones y documentación, custodiar actas, tramitar disposiciones y ordenar su publicación en el BOE. También comprende preparar el Plan Anual Normativo y el informe anual de evaluación normativa.

2. Política de Justicia y seguridad jurídica

El departamento propone y ejecuta la política gubernamental para desarrollar el ordenamiento jurídico, especialmente el derecho penal, civil, mercantil y procesal. Asimismo, dirige la política de organización y apoyo a la Administración de Justicia y coopera con las comunidades autónomas, respetando las competencias de otros departamentos.

• Relaciones institucionales: mantiene las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, a través del fiscal general del Estado.
• Cooperación internacional: desarrolla la cooperación jurídica internacional y las relaciones correspondientes con organismos internacionales y de la Unión Europea.
• Seguridad jurídica: mediante sus órganos competentes, atiende materias como nacionalidad, estado civil, Registro Civil, fe pública notarial y derechos registrales.
• Otras materias: comprende la asistencia jurídica del Estado, los derechos de gracia y los títulos nobiliarios y grandezas de España.

3. Relaciones con las Cortes Generales

El ministro dirige la asistencia al Gobierno en sus relaciones con el Congreso y el Senado. Bajo sus directrices, la Secretaría de Estado competente sigue la tramitación del programa legislativo, coordina las respuestas al control parlamentario y supervisa los compromisos gubernamentales ante las Cámaras.

Una atribución personal especialmente concreta es la remisión a las Cortes de tratados y convenios internacionales, proyectos de ley, reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, según el artículo 9 del Real Decreto 204/2024. La Secretaría de Estado puede asistirlo o representarlo en las Juntas de Portavoces cuando el Gobierno estime oportuno acudir.

4. Atribuciones personales y otras competencias

El ministro es Notario Mayor del Reino. Le corresponden expresamente las relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos y con los consejos generales de la Abogacía, los Procuradores y los Graduados Sociales.

También impulsa y lidera el Plan Justicia 2030 y preside la Comisión General de Codificación, la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, el Consejo del Centro de Estudios Jurídicos, la Junta de Gobierno de la Orden de San Raimundo de Peñafort y el Consejo Rector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Finalmente, dirige la política sobre libertad religiosa y de culto y ejerce las competencias atribuidas sobre bandera, escudo y demás símbolos nacionales. La ejecución administrativa de estas materias se distribuye entre los órganos del ministerio.

El Gobierno pasa a estar en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales, sin que sea necesario que pierda las elecciones, presente su dimisión o espere a la investidura de otro presidente. La regla está en el artículo 101 de la Constitución Española: el Gobierno cesa tras las elecciones, pero continúa desempeñando sus funciones hasta que tome posesión el nuevo Gobierno.

La regla constitucional: cese y continuidad

El artículo 101.1 establece: «El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente». Por tanto, las elecciones generales constituyen una causa autónoma de cese: no tienen que concurrir además una derrota electoral, una votación parlamentaria desfavorable o una renuncia.

El apartado segundo del mismo artículo añade: «El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno». Ambas reglas actúan conjuntamente: el Ejecutivo cesa, pero no abandona inmediatamente sus responsabilidades. Permanece provisionalmente para asegurar la continuidad del poder ejecutivo y evitar un vacío de Gobierno.

Qué debe ocurrir y qué no se exige

Para el supuesto que planteas, el hecho determinante es que se hayan celebrado las elecciones generales. Conviene distinguir ese momento de otros acontecimientos del proceso electoral o de la formación del siguiente Gobierno:

• No basta la convocatoria electoral. El artículo 101 vincula esta causa de cese a la celebración de las elecciones, no al anuncio de los comicios ni a la disolución de las Cortes.
• No es necesario perder las elecciones. La regla se aplica también cuando el partido que sostiene al Gobierno obtiene el mayor número de escaños o puede volver a formar Gobierno.
• No se exige una dimisión adicional. La dimisión del presidente aparece como otra causa de cese, distinta de la celebración de elecciones.
• No hace falta esperar a la constitución del nuevo Congreso. Ese acontecimiento pertenece al proceso posterior de formación del Gobierno, pero no es el desencadenante previsto por el artículo 101.
• No se requiere una declaración parlamentaria. El paso a esta situación deriva de la regla constitucional, no de que el Congreso acuerde expresamente poner al Ejecutivo en funciones.

Hasta cuándo permanece en funciones

El límite final también es preciso: la toma de posesión del nuevo Gobierno. No basta, por tanto, con conocer los resultados electorales, alcanzar un acuerdo entre partidos o celebrar la votación de investidura. La Constitución conecta la continuidad del Ejecutivo cesante con la efectiva incorporación de su sucesor.

Este mecanismo se aplica aunque el nuevo presidente sea la misma persona que encabezaba el Gobierno anterior. Lo relevante no es la continuidad personal o partidista, sino la formación y toma de posesión del Gobierno que sucede al cesante.

La Constitución y los límites de actuación

Es importante separar cuándo se entra en funciones de qué puede hacerse durante ese periodo. El artículo 101 resuelve lo primero y garantiza la continuidad. Las restricciones concretas de actuación se desarrollan en la Ley del Gobierno.

Durante esta etapa, el Ejecutivo debe facilitar la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limitar normalmente su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos. Las excepciones requieren urgencia acreditada o razones de interés general debidamente justificadas. Estas limitaciones no son requisitos para entrar en funciones, sino consecuencias de encontrarse ya en esa situación.

En definitiva, la secuencia constitucional es: celebración de elecciones generales, cese del Gobierno y continuidad en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. No se exige ningún resultado electoral concreto ni una decisión política adicional para activar esa continuidad provisional.

Elma Saiz Delgado combina una trayectoria profesional como abogada especializada en fiscalidad y docente universitaria con más de dos décadas de responsabilidades políticas, principalmente vinculadas a Navarra. Es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde noviembre de 2023 y añadió la portavocía del Gobierno en diciembre de 2025. Antes había sido parlamentaria foral, delegada del Gobierno, consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo navarro.

Formación y carrera profesional

Nacida en Pamplona el 2 de diciembre de 1975, es licenciada en Derecho y cuenta con un máster universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra. Su especialización inicial estuvo ligada al asesoramiento jurídico y tributario de empresas y particulares, según su biografía oficial en Moncloa.

En febrero de 1999 inició su actividad como socia-directora de IMEL, Consultoría Jurídico Tributaria, S. L. Esa experiencia profesional precedió a su entrada en las instituciones y volvió a ocupar una parte de su trayectoria después de sus primeras responsabilidades públicas.

También ha desarrollado actividad docente. Ha colaborado en los másteres de Derecho de Empresa y Asesoría Fiscal, en la Escuela de Práctica Jurídica y en los estudios de Derecho de la Universidad de Navarra. Asimismo, ha impartido formación en el máster de Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable de la Universidad Pública de Navarra y en certificados de profesionalidad. Estos antecedentes figuran en la biografía del Ministerio.

Su recorrido político en Navarra

• Parlamentaria foral, 2003-2007. Fue diputada del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, su primera etapa de representación parlamentaria.
• Delegada del Gobierno, 2008-2012. Representó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en Navarra. Fue la primera mujer en ocupar esta responsabilidad en la comunidad foral.
• Igualdad, 2012. Dirigió brevemente el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, antes de regresar a su actividad profesional en asesoría fiscal.
• Consejera y portavoz, 2019-2023. María Chivite la incorporó al Gobierno de Navarra como consejera de Economía y Hacienda. Simultáneamente ejerció la portavocía del Ejecutivo autonómico, una experiencia previa directamente relacionada con la función que asumiría después en Moncloa.
• Política municipal, 2023. Encabezó la candidatura socialista a la Alcaldía de Pamplona en mayo. Su lista quedó en tercera posición y ejerció como concejala durante unos meses, antes de incorporarse al Gobierno de España.

Esta secuencia aparece recogida en el perfil publicado por Demócrata. En el ámbito del partido, su biografía ministerial recoge también responsabilidades en Política Fiscal y Financiera del PSN-PSOE y su pertenencia al Comité Federal del PSOE.

Ministra y portavoz del Gobierno

El 21 de noviembre de 2023 asumió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su llegada al Consejo de Ministros trasladó al ámbito estatal una carrera desarrollada hasta entonces fundamentalmente en Navarra, con experiencia tanto en gestión económica como en representación institucional.

El 22 de diciembre de 2025, Pedro Sánchez anunció que asumiría además la portavocía del Gobierno, en sustitución de Pilar Alegría, sin abandonar su ministerio. La decisión consta en la declaración institucional del presidente.

Al recibir el relevo, resumió su compromiso en «escuchar, explicar y dar la cara», según relató Demócrata sobre la toma de posesión. Su trayectoria reúne, por tanto, tres componentes: especialización jurídico-tributaria, gestión pública y comunicación institucional, con un recorrido por los ámbitos autonómico, municipal y estatal.