En Euskadi y Navarra avanza la creación de un nuevo partido de izquierdas de corte soberanista, que reivindica la autodeterminación y “rechaza la inmigración masiva descontrolada”, con la vista puesta en concurrir a las elecciones municipales y forales del 23 de mayo de 2027.
Según detalla el experiodista de Egin y Gara Joseba Iturria en redes sociales, la organización “está en proceso de cumplir todos los trámites legales” y confía en “completar en unas pocas semanas” los requisitos necesarios para hacer público su nombre, así como lanzar su página web y sus perfiles en redes sociales.
De acuerdo con la información difundida por Iturria, la intención de esta nueva sigla es presentar candidaturas a las tres Juntas Generales, al Parlamento de Navarra y a las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y Pamplona. Además, aspira a concurrir en aquellos municipios donde dispongan de “base suficiente para aspirar a tener representación”.
Así es el nuevo partido vasco contrario a la inmigración "masiva": "No caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria"
— elDiario.es Euskadi (@eldiarioeus) October 29, 2026
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En el borrador programático que el periodista ha dado a conocer, la formación afirma que “defiende los intereses individuales y colectivos de los ciudadanos vascos, su identidad como pueblo, el desarrollo social y económico, la racionalidad en el ámbito sociocultural y el sometimiento de los intereses corporativos a los intereses generales”.
El texto también reivindica “un nuevo modelo económico de economía mixta, que supere el ya agotado modelo neoliberal actual, asegurando que la actividad de los gobiernos no es condicionada por los intereses de las grandes empresas”. En esta línea, aboga por “un peso sustancial de la empresa pública en las grandes empresas de los sectores estratégicos e intensivos en capital”.
Políticas migratorias y modelo económico
En materia migratoria, el partido fija como una de sus metas centrales “la recuperación de la racionalidad en el ámbito de las políticas migratorias”. Precisa que respalda “a los trabajadores inmigrantes”, pero al mismo tiempo “rechaza a una inmigración masiva descontrolada”.
En su argumentario, la formación afirma: “Rechazamos el vigente modelo migratorio neoliberal basado en la importación masiva de trabajadores extranjeros para su explotación como mano de obra barata en beneficio de los intereses de la patronal. Perjudican a todos”. Añade que “no habrá trabajo ni viviendas para todos los que quieran venir, no caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria”.
Según el documento, “se trata de que los ciudadanos tengan más dinero en sus países para que puedan vivir mejor allí y estimular su economía sin necesidad de emigrar siempre que no procedan de conflictos bélicos o sean perseguidos políticos”.
Menores extranjeros y asilo
La nueva formación declara su apoyo al “derecho de asilo y la condición de refugiado para todos los que padezcan guerras en sus países de origen”, pero plantea igualmente “un cambio en las leyes de Extranjería y de Menores no acompañados” con el fin de que las instituciones vascas “no asuman la responsabilidad que deben tener las de otros países en los que no haya conflictos bélicos o persecución política”.
En este punto, sostiene que “consideramos que, salvo en estos casos, los menores deben estar con sus familias. De esta manera, evitaremos que acaben en manos de mafias que se lucran poniendo en riesgo su vida por llegar a la UE, que todos entiendan que la forma de obtener un permiso de residencia sea con un contrato de trabajo digno que les permita acceder a una vivienda y vivir sin necesidad de ayudas públicas”.
Asimismo, se posiciona en contra de que los migrantes “vivan de ayudas públicas sin intención de entrar en el mercado laboral”. A su juicio, “tener a jóvenes inmigrantes sin trabajar en nuestras calles es la causa de que porcentualmente sean muy superiores los delitos, hurtos, robos con violencia, agresiones y violaciones cometidos por este colectivo”.
No obstante, matiza que “es la migración descontrolada y no los migrantes la responsable de estas situaciones de precariedad y riesgo de delincuencia”. Y añade: “Estaremos siempre con los que sufren estos delitos que nunca se pueden justificar y, por ello, el partido defenderá que las personas detenidas por varios delitos cometidos contra ciudadanos vascos salgan de Euskal Herria pidiendo medios judiciales para que las resoluciones sean rápidas en estos casos para evitar la impunidad, las reincidencias y la inseguridad en nuestras calles”.
Soberanía, OTAN y modelo productivo
En el ámbito internacional y de seguridad, el proyecto político considera “negativa” la pertenencia a la OTAN y “la actual escalada armamentística”, y proclama “la soberanía de Euskal Herria y de sus ciudadanos: que las decisiones que afectan a nuestra vida se tomen aquí, por los vascos, y no en los despachos de las grandes corporaciones, de organismos internacionales o de alianzas militares ajenas”.
El programa insiste en la necesidad de “la soberanía política, pero también económica, energética y alimentaria”, apostando por que “se produzca aquí nuestra energía y nuestros alimentos, proteger a nuestros trabajadores, baserritarras y empresas, y no depender de intereses de fuera”.
En el plano identitario, el partido afirma: “Apostamos por la defensa de la identidad cultural, social y política vasca y, consecuentemente, el derecho de Euskal Herria a la autodeterminación, de forma compatible con el respeto y la amistad con todos los pueblos y culturas”.
Vivienda y sector público
En cuanto a la vivienda, el documento programático fija como prioridad que “todos los trabajadores vascos, los que lo han sido y los que lo son, puedan tener acceso a una vivienda a un precio asequible por debajo de los precios actuales”. Para ello, plantea impulsar “una Ley de Vivienda que determine que en los lugares tensionados sólo la puedan comprar personas físicas a título individual para vivir en ellas y que impida que los fondos buitre especulen con su escasez”.
Entre sus propuestas figura también “la nacionalización/compra y creación de empresas públicas de construcción y promoción inmobiliaria de viviendas públicas, para destinarlas a alquiler regulado, similar al modelo austriaco, aspirando a que al menos un 30% del sector sea público y sin ánimo de lucro, por tratarse de una necesidad social básica, como la Enseñanza o la Sanidad”.