El plazo para acogerse a la regularización extraordinaria de personas migrantes termina este 30 de junio y, a pocas horas de su cierre, el Gobierno no ha anunciado ninguna prórroga. Todo apunta, por tanto, a que la fecha límite se mantendrá tal y como fue aprobada en el real decreto que regula esta medida, considerada ya la mayor regularización extraordinaria de la historia reciente de España.
La decisión llega en un contexto de cifras muy superiores a las previstas inicialmente. Según los datos conocidos este lunes, la plataforma telemática Mercurio habría recibido ya alrededor de 1,2-1,3 millones de solicitudes, más del doble de las aproximadamente 500.000 que el Ejecutivo calculó cuando puso en marcha el proceso el pasado mes de abril. Aunque el Ministerio todavía no ha publicado un balance oficial definitivo, distintas informaciones coinciden en situar el volumen de expedientes en esos niveles récord.
Sin anuncios de ampliación
El real decreto aprobado por el Gobierno establece expresamente que las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026. Cualquier ampliación requeriría una nueva modificación normativa, ya que el plazo figura expresamente en la regulación vigente. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha anunciado ninguna iniciativa en ese sentido.
La ausencia de novedades contrasta con las peticiones realizadas durante las últimas semanas por partidos políticos, organizaciones sociales, entidades que trabajan con población migrante y profesionales del Derecho de Extranjería, que habían solicitado ampliar el plazo ante las dificultades para completar numerosos expedientes.
Las razones por las que se reclama una prórroga
Las entidades que acompañan a los solicitantes sostienen que miles de personas podrían quedarse fuera por motivos ajenos a su voluntad.
Entre las principales dificultades señalan la saturación de las oficinas de Extranjería, la escasez de citas presenciales, los retrasos para obtener certificados de antecedentes penales expedidos por algunos países de origen y los problemas técnicos registrados en determinados momentos durante la tramitación telemática.
Pese a esas reclamaciones, el Gobierno ha mantenido hasta ahora el calendario previsto.
Más de un millón de expedientes
Las cifras conocidas reflejan un crecimiento constante durante todo el proceso.
A mediados de junio ya se habían contabilizado unas 900.000 solicitudes, de las cuales alrededor de 360.000 habían sido admitidas a trámite, lo que permite a sus titulares obtener de forma provisional autorización para residir y trabajar mientras se resuelve definitivamente el expediente.
En los últimos días, el ritmo de presentación se ha acelerado hasta situar el total entre 1,2 y 1,3 millones de expedientes, según datos de la plataforma Mercurio aún pendientes de confirmación oficial. De confirmarse, supondría superar ampliamente tanto las previsiones del Gobierno como la regularización de 2005.
Qué ocurrirá desde el 1 de julio
Una vez finalice el plazo de presentación, la Administración continuará tramitando todas las solicitudes registradas dentro del periodo habilitado.
La normativa establece un plazo máximo de tres meses para resolver los expedientes, aunque muchos ya han sido admitidos a trámite e incluso resueltos favorablemente. Durante ese tiempo, las personas cuya solicitud haya sido admitida podrán permanecer y trabajar legalmente en España hasta la resolución definitiva.
El cierre del proceso permitirá además conocer en las próximas semanas el balance definitivo de una medida que el propio Ejecutivo presentó como una vía para aflorar empleo, combatir la economía sumergida y ofrecer seguridad jurídica a cientos de miles de personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026.