El Ministerio del Interior ha enviado por escrito una declaración al Comité de Representantes Permanentes (COREPER) de la Unión Europea en Bruselas en la que manifiesta su rechazo al Reglamento de retorno aún pendiente de aprobación, un texto que contempla la puesta en marcha de centros de internamiento en países terceros.
“España mantiene su enorme preocupación sobre los centros de retorno”, recoge la declaración del Ministerio del Interior a la que ha tenido acceso Europa Press. Fuentes del departamento insisten en que mantienen su “frontal oposición” a dicha propuesta.
En el documento, Interior advierte de que la iniciativa “provoca inseguridad jurídica y ofrece limitadas garantías”, y recalca que “incluso las familias con niños podrán ser trasladadas a los centros de retorno con países con los que no tienen ningún vínculo”.
“El conjunto de los Estados miembros estamos asumiendo una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable; existe un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, ha sostenido Interior en su escrito.
España comenzará a aplicar este viernes el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) y, según Interior, lo hará “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de las personas migrantes y de los solicitantes de protección internacional, tal y como ha trasladado la delegación española que asiste a la Conferencia Ministerial organizada en Nicosia por la presidencia chipriota de la UE con motivo de la entrada en vigor del pacto.
En este marco, el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha reiterado la negativa del Gobierno a la creación de centros de retorno en terceros países y ha descartado recurrir a ellos en la política migratoria española por las “serias dudas” que suscitan su “legalidad y proporcionalidad”.
Con la implementación del PEMA, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias ligadas a la protección internacional, como las que en los últimos años se han concedido a ciudadanos venezolanos.
Privación de libertad y dudas operativas
En la declaración remitida al COREPER —principal órgano preparatorio del Consejo de la Unión Europea—, Interior también cuestiona desde el punto de vista operativo el funcionamiento de los centros de internamiento en países terceros. “Si no existe un vínculo familiar, social o económico, España se pregunta qué incentivo tendrá la persona trasladada para no tratar de regresar a la Unión cuando sus perspectivas de vida en un país tercero desconocido son escasas”, plantea el documento.
Como ejemplo, el Ministerio apunta que el internamiento deja de ser una medida de último recurso y se amplía el tiempo máximo de privación de libertad hasta 24 meses, “con prórrogas potencialmente indefinidas”, e incluso se contempla la posibilidad de “detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal”.
“Cabe preguntarse si en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves”, ha señalado Interior, alertando de las implicaciones que tendría esta regulación para los derechos fundamentales.