Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP y UFP han expresado este viernes su rechazo y han condenado de forma "más rotunda" los "graves desórdenes públicos" ocurridos el jueves en Pamplona durante las protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles, reprochando además la "negligente gestión" atribuida a la Delegación del Gobierno en Navarra.
En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han criticado "duramente la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno de trasladar la celebración del acto a la plaza de Yamaguchi, un espacio de paseo, descanso y convivencia cotidiana al que acuden diariamente numerosas familias con sus hijos, personas mayores y vecinos".
A juicio de estos sindicatos, "trasladar un acto sometido a una elevada tensión política y con antecedentes claros de riesgo a un espacio urbano de estas características exigía una evaluación rigurosa y una planificación preventiva a la altura de las circunstancias". Han añadido que "sin embargo, la gestión de la delegada de Gobierno y de sus asesores derivó en una situación de grave riesgo para la integridad física de ciudadanos ajenos al enfrentamiento, obligando a niños y familias a presenciar episodios de violencia y pánico".
JUPOL, SUP y UFP han recalcado que "la responsabilidad de la autoridad gubernativa no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se ha desatado, sino en anticiparse, evaluar escenarios y tomar decisiones que impidan que ciudadanos inocentes sufran las consecuencias".
En la misma línea, han apuntado que, "si existían indicios suficientes de que podían producirse graves alteraciones del orden público, resulta incomprensible situar el evento en un punto sensible en lugar de buscar una ubicación que permitiese aislar los focos de conflicto". Para los sindicatos, "la seguridad ciudadana no puede quedar a merced de la incompetencia política. La responsabilidad de una delegada del Gobierno no termina cuando estalla el conflicto. Empieza precisamente por anticiparlo y evitar que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, paguen las consecuencias de una planificación inadecuada".
Al mismo tiempo, han puesto en valor que, "pese a contar con una escasez de efectivos frente a la magnitud de los altercados, los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) demostraron una enorme profesionalidad, serenidad y compromiso con la seguridad ciudadana" y que "los agentes se convirtieron en el último eslabón de defensa de la ley y el orden, logrando cumplir su misión frente a la violencia desatada por los radicales".
Los tres sindicatos han recordado igualmente que "la libertad de expresión y el derecho de reunión son derechos fundamentales que deben protegerse con independencia de la ideología de quien los ejerza, pero que en ningún caso amparan agresiones ni ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Por último, han exigido "explicaciones públicas, la asunción de responsabilidades a la Delegación del Gobierno y un refuerzo real de los medios y plantillas de la UIP" al considerar que "ninguna reivindicación política puede justificar que se ponga en peligro la integridad física de ciudadanos, familias y menores".