Hubo una época en la que pedir un café significaba aceptar que acabarías oliendo a tabaco el resto del día. Los ceniceros ocupaban las mesas de bares y restaurantes como un elemento más del paisaje cotidiano. En las oficinas era habitual que un compañero encendiera un cigarrillo durante una reunión. En las universidades, los pasillos permanecían envueltos en una nube gris. Incluso los hospitales, los centros de salud o los aviones disponían de espacios para fumadores.
Sin embargo, España cambió. Y lo hizo poco a poco gracias al pistoletazo de salida que dio el segundo Gobierno de Felipe González en una carrera de fondo.
No fue una única ley ni una única decisión política. Fueron casi cuarenta años de restricciones, debates, polémicas y cambios culturales que transformaron la forma en que el país entendía el tabaco. Algunas normas provocaron manifestaciones de hosteleros, recursos judiciales y enfrentamientos políticos. Otras pasaron casi desapercibidas. Pero todas acabaron dibujando un escenario que hoy parece completamente distinto al de finales de los años ochenta.
Ahora, con el nuevo proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para ampliar los espacios libres de humo y regular los nuevos dispositivos de nicotina, España se dispone a escribir un nuevo capítulo de esa evolución.
La primera gran limitación al tabaco en 1988
Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX el consumo de tabaco estaba profundamente normalizado. En los años ochenta, España figuraba entre los países europeos con mayor consumo de cigarrillos. La prevalencia entre los hombres superaba ampliamente el 40%, mientras que el hábito comenzaba también a extenderse entre las mujeres, según datos de la Encuesta Europea de Salud en España (EESE).
La preocupación sanitaria, sin embargo, iba creciendo. La evidencia científica sobre la relación entre el tabaquismo y enfermedades como el cáncer de pulmón, las patologías cardiovasculares o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya era contundente.
Fue ese contexto el que impulsó las primeras restricciones. El 4 de marzo de 1988, el segundo Gobierno de Felipe González aprobó mediante real decreto la primera norma que limitaba el consumo de tabaco en determinados espacios públicos.
Por primera vez quedó prohibido fumar en hospitales, centros docentes, salas de cine, teatros, ascensores y otros edificios públicos. No obstante, la prohibición estaba muy lejos de ser absoluta. La propia norma permitía habilitar zonas específicas para fumadores dentro de muchos de esos espacios.
En el transporte también existían importantes excepciones. Se seguía pudiendo fumar en los aviones, aunque comenzaban a establecerse limitaciones en determinados trayectos y en algunos transportes colectivos. Aquel cambio fue modesto visto desde la perspectiva actual, pero marcó el inicio de una transformación legislativa que ya no tendría marcha atrás.
También en 1988 desapareció la publicidad del tabaco en televisión
Ese mismo año entró en vigor otro cambio importante. El Ministerio de Sanidad y Consumo y la industria tabaquera alcanzaron un acuerdo que eliminó la publicidad del tabaco en televisión.
Con el paso de los años las restricciones publicitarias fueron endureciéndose progresivamente. La Ley 25/1994 prohibió la publicidad indirecta; la Ley 22/1999 amplió las limitaciones a la televenta; y la gran reforma de 2005 acabaría prohibiendo prácticamente cualquier forma de promoción, patrocinio o distribución gratuita de productos del tabaco fuera de los estancos.
Los cigarrillos en los aviones
La siguiente gran modificación llegó en mayo de 1992. Desde ese momento quedó prohibido fumar en los vuelos nacionales cuya duración programada no superara los 90 minutos.
La imagen de pasajeros fumando durante el vuelo empezó entonces a desaparecer de muchas rutas nacionales, aunque todavía seguiría siendo habitual en trayectos más largos. Así, el cambio definitivo llegó siete años después.
Un real decreto aprobado en julio de 1999, ahora ya bajo el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, eliminó cualquier posibilidad de fumar en los vuelos con origen y destino en España.
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La reforma también prohibió fumar en los autobuses urbanos e interurbanos, donde todavía seguían existiendo plazas reservadas para fumadores. Era una señal clara de que las restricciones comenzaban a extenderse al conjunto de los espacios públicos.
La ley que cambió para siempre los lugares de trabajo
Si hay una fecha que marcó un antes y un después fue diciembre de 2005. La aprobación de la Ley 28/2005, impulsada durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de medidas sanitarias frente al tabaquismo supuso la mayor reforma realizada hasta entonces.
Desde ese momento quedó prohibido fumar en todos los centros de trabajo. También desaparecieron los espacios para fumadores que todavía seguían existiendo en hospitales y centros educativos.
La hostelería, sin embargo, conservó una excepción importante. Los bares y restaurantes podían permitir fumar si disponían de zonas físicamente separadas y correctamente acondicionadas para ello.
Aquella solución de compromiso pretendía compatibilizar la protección sanitaria con las demandas del sector hostelero, aunque pronto se demostraría insuficiente.
2011, cuando el humo desapareció de bares y restaurantes
La reforma de 2010, que entró en vigor el 2 de enero de 2011, supuso probablemente el cambio social más profundo de toda la legislación antitabaco.
Desde entonces quedó prohibido fumar en el interior de bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, salas de fiesta, bingos y casinos, sin excepciones. También se vetó el consumo de tabaco en los accesos a hospitales y en numerosos espacios vinculados a menores.
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Durante las semanas previas a su entrada en vigor se produjo un intenso debate. Parte del sector hostelero advirtió de un fuerte impacto sobre la actividad económica y organizó protestas en ciudades de toda España contra la norma. Algunas administraciones autonómicas intentaron incluso flexibilizar su aplicación. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno del PP presidido por Esperanza Aguirre promovió leyes propias para suavizar algunas restricciones, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acabó por rechazar esos intentos. “Creemos firmemente, porque somos liberales, que los gobiernos no estamos para imponerles hábitos de conducta a los ciudadanos", afirmaba Aguirre en declaraciones al diario ABC en 2006.
Con el paso de los años, la prohibición terminó integrándose con normalidad en la vida cotidiana y las previsiones más negativas sobre el sector no llegaron a materializarse de forma generalizada.
Un cambio que también reflejan las cifras
La evolución legislativa ha ido acompañada de una caída sostenida del consumo de tabaco. Según las Encuestas Europeas de Salud, en 1995 fumaban diariamente el 43,5% de los hombres mayores de 15 años y el 24,5% de las mujeres.
Veinte años después, en 2015, esas cifras habían descendido hasta el 26% entre los hombres y el 18,7% entre las mujeres.
Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad muestran que la tendencia continúa. La Encuesta Europea de Salud en España sitúa actualmente el porcentaje de fumadores diarios en torno al 16% de la población adulta, el nivel más bajo desde que existen registros comparables.
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Al mismo tiempo, aumenta el número de exfumadores, reflejo de una mayor conciencia sobre los riesgos del tabaquismo y del acceso a programas para abandonar el hábito.
Pese a ello, el tabaco sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública del país. El Ministerio de Sanidad estima que provoca más de 50.000 muertes al año en España y continúa siendo el principal factor de riesgo prevenible de enfermedad y mortalidad.
El nuevo reto: vapeadores, tabaco calentado y espacios exteriores
La legislación que ahora impulsa el Gobierno pretende adaptar unas normas diseñadas hace dos décadas a una realidad muy distinta.
Cuando se aprobó la ley de 2005 apenas existían los cigarrillos electrónicos. Hoy los vapeadores, los dispositivos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina han cambiado el mercado.
El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros incorpora estos nuevos productos al marco regulatorio y equipara buena parte de sus restricciones a las del tabaco tradicional.
Además, prevé ampliar los espacios libres de humo a lugares donde hasta ahora estaba permitido fumar, como determinadas terrazas, marquesinas de transporte público, instalaciones deportivas al aire libre, vehículos laborales y otros espacios especialmente frecuentados por menores.
El texto también contempla avanzar hacia el empaquetado genérico y reforzar las limitaciones en publicidad y promoción, aunque todas estas medidas deberán completarse durante la tramitación parlamentaria y su desarrollo reglamentario.
Probablemente el mayor cambio producido no haya sido jurídico, sino cultural. Sin embargo, la evolución de las leyes antitabaco refleja cómo ha cambiado también la percepción social del consumo de tabaco. Lo que comenzó en 1988 con tímidas restricciones en hospitales y colegios se ha convertido, casi cuarenta años después, en una de las transformaciones sanitarias y sociales más profundas de la España democrática.