A partir de las 12:30 horas está prevista la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, marcado por la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.
En esta ocasión, a la ministra Portavoz, Elma Saiz, le acompaña el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
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La ministra Portavoz del Gobierno es la responsable política de la comunicación pública del Ejecutivo, especialmente de la explicación de las decisiones del Consejo de Ministros y de la posición oficial del Gobierno. Sus competencias formales se articulan, sobre todo, a través de la dirección funcional de la Secretaría de Estado de Comunicación, que es el gran órgano técnico de política informativa. Aunque los reales decretos de estructura no suelen listar de forma detallada las funciones personales de la Portavoz, sí concretan qué instrumentos controla y qué ámbitos de comunicación coordina. A partir de esa normativa puede describirse con bastante precisión su papel institucional y operativo.
La Portavoz no es un órgano separado, sino la persona titular de un departamento ministerial a la que el Presidente del Gobierno atribuye además las funciones de portavocía. El Real Decreto 829/2023, que reestructura los departamentos ministeriales, establece que la Secretaría de Estado de Comunicación depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, pero funcionalmente del ministro o ministra que asuma las funciones de Portavoz, “a los efectos de su ejercicio”. Esa dependencia funcional es la clave: todas las grandes decisiones de política informativa del Gobierno se encauzan políticamente a través de la Portavoz.
El marco se completa con los reales decretos que fijan la estructura de la propia Presidencia del Gobierno, en particular el Real Decreto 676/2025, posteriormente modificado por el Real Decreto 1081/2025 y por el Real Decreto 51/2026. En ellos se regula la Secretaría de Estado de Comunicación y se reitera su doble dependencia: orgánica del Presidente y funcional de la persona que ostenta la Portavocía del Gobierno.
Según el citado Real Decreto 676/2025, bajo la dependencia orgánica del Presidente y funcional de la Portavoz, la Secretaría de Estado de Comunicación ejerce, entre otras, estas funciones:
Al dirigir políticamente este conjunto de funciones, la Portavoz tiene de facto la competencia de fijar el relato oficial del Gobierno, coordinar los mensajes entre ministerios y decidir, junto con el Presidente, las líneas maestras de la comunicación en momentos de crisis, grandes reformas o negociaciones políticas relevantes.
La normativa no impone expresamente la comparecencia semanal de la Portavoz, pero del reparto de funciones se desprende que la reseña de las actividades del Consejo de Ministros y la difusión de sus acuerdos se canaliza a través de la estructura que la Portavoz dirige funcionalmente. En la práctica constitucional reciente, eso se ha traducido en la comparecencia habitual de la ministra Portavoz tras el Consejo para:
Esa labor se apoya también en la Unidad de Logística Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación, que, conforme al Real Decreto 676/2025, gestiona los medios técnicos y audiovisuales necesarios para la cobertura informativa de las actividades públicas del Presidente, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y del propio Portavoz del Gobierno.
La misma norma precisa que los órganos de comunicación de los distintos ministerios y de la Administración periférica dependen funcionalmente de la Secretaría de Estado de Comunicación en el ejercicio de sus competencias informativas. Esto refuerza la posición de la Portavoz como nodo de coordinación de toda la comunicación gubernamental, aunque con la excepción de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya regulación remite a la Ley 2/2014 de Acción Exterior del Estado, mencionada en el texto legal correspondiente.
Además, diversas normas de estructura orgánica de ministerios (como el Real Decreto 426/2022, el Real Decreto 126/2022 o el Real Decreto 311/2021) remiten a la coordinación general de comunicación ejercida desde Presidencia, lo que, en el esquema actual, pasa por la Portavocía.
Es importante subrayar que no se dispone en las fuentes consultadas de una lista cerrada y autónoma de “competencias de la ministra Portavoz” al margen de su ministerio de origen. Sus atribuciones se construyen combinando:
En síntesis, la Portavoz es la figura que, desde el Consejo de Ministros y en estrecha coordinación con Presidencia, ordena y representa públicamente la posición del Gobierno, utilizando como herramienta principal una Secretaría de Estado de Comunicación diseñada específicamente para ese fin.
La posición de la Portavoz se ve indirectamente afectada por otras normas de estructura y funcionamiento del Ejecutivo, como las sucesivas modificaciones de Presidencia (Real Decreto 954/2024, Real Decreto 158/2024, Real Decreto 94/2015, entre otros) o las reestructuraciones de departamentos y órganos auxiliares (Real Decreto 1230/2023, Real Decreto 97/2023, Real Decreto 125/2022, Real Decreto 808/2021, etc.), que confirman el carácter dinámico y político de esta figura.
Otros textos del BOE que inciden de forma colateral en el ecosistema de comunicación gubernamental son, entre otros, el Real Decreto 323/2024 (correcciones de estructura), el Real Decreto 313/2023, el Real Decreto 124/2022, el Real Decreto 1182/2020, así como disposiciones diversas (Real Decreto 1111/2018, Real Decreto 698/2018, Real Decreto 385/2015) que afectan a la organización general de la Administración y, por tanto, al marco en el que la Portavoz ejerce sus funciones.
En el plano más amplio de la acción del Estado, también pueden mencionarse normas que, sin regular directamente a la Portavoz, forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla la comunicación del Ejecutivo, como la Ley 11/2002 del Centro Nacional de Inteligencia (citada en el Real Decreto 1412/2000 y en el propio Real Decreto 829/2023) o las normas sobre organismos y políticas sectoriales (Real Decreto 158/2023, Orden IGD/954/2024, Orden ECM/1329/2023, Orden ECM/1330/2023, Orden APA/566/2023), que muestran la necesidad permanente de coordinación comunicativa que la Portavoz del Gobierno debe articular.
Pablo Bustinduy Amador (Madrid, 1983) llega al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con un perfil muy marcado por la academia y la política internacional, y por una etapa intensa en Podemos y en el Congreso. Antes de ser ministro fue sobre todo politólogo, profesor universitario en EE. UU. y Europa, responsable de la política exterior de Podemos y diputado por Madrid (2015‑2019), donde ejerció como portavoz en Asuntos Exteriores y Unión Europea. Tras abandonar la política institucional en 2019, encadenó varios años de docencia e investigación hasta reincorporarse en 2023 como referente internacional de Sumar.
Su formación combina ciencia política, filosofía y pensamiento político en tres países:
Antes de ocupar cargos públicos, Bustinduy desarrolló una carrera académica internacional y trabajo intelectual vinculado a la filosofía y la economía política:
Su salto a la política se enmarca en el ciclo del 15‑M y el nacimiento de Podemos:
En las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 es elegido diputado por Madrid en la candidatura de Podemos, y revalida escaño en 2016, integrando las XI y XII legislaturas (Moncloa, Wikipedia).
En 2018 gana las primarias para encabezar la lista de Podemos a las europeas de 2019, pero en marzo de ese año renuncia a liderar la candidatura y abandona sus cargos en Podemos, coincidiendo con el giro de una parte del espacio hacia Más Madrid (Wikipedia, RTVE, El País).
Entre 2019 y 2023 se mantiene fuera de la política institucional, retomando la docencia y la investigación en Estados Unidos y después en Italia, y colaborando como analista y articulista en medios como Diario Público (mencionado en su biografía ministerial: currículum oficial).
En 2023 Yolanda Díaz lo incorpora al núcleo de Sumar: coordina el área internacional de la campaña para las generales del 23J, recuperando su papel de experto en relaciones internacionales y en política europea de izquierdas (RTVE, Newtral, El Confidencial).
Cuando es nombrado ministro en noviembre de 2023 (fuera ya del ámbito temporal de tu pregunta), lo hace con el bagaje de cuatro años en el Congreso, la jefatura de la Secretaría Internacional de Podemos y más de una década de trabajo académico y político sobre la izquierda internacionalista (Moncloa, RTVE y Vanity Fair coinciden en este retrato).
Otras referencias útiles sobre su trayectoria previa son los perfiles biográficos y entrevistas en profundidad publicados en distintos momentos: Vanity Fair, El País, Osoigo, además de las fichas oficiales ya citadas y contenidos audiovisuales como esta entrevista.
La “reforma de la Dependencia” a la que aludes en la agenda no aparece en las fuentes como una proposición o proyecto de ley claramente identificable con ese título. Lo que sí consta es, por un lado, un Proyecto de Ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que “es objeto de tramitación en el Congreso de los Diputados”, y, por otro, varias reformas reglamentarias del sistema de dependencia ya aprobadas vía real decreto y publicadas en el BOE. Con la información disponible, no es posible precisar en qué fase concreta (enmiendas, ponencia, comisión, Pleno, Senado, etc.) está ese proyecto de ley, más allá de que está en tramitación. Sí podemos afirmar que la reforma reglamentaria más reciente (Real Decreto 675/2023) está totalmente aprobada y en vigor, por lo que no tiene ya recorrido parlamentario.
Entre las iniciativas parlamentarias localizadas, la que más claramente se vincula a lo que llamas “reforma de la Dependencia” es una Pregunta Oral en el Congreso, con identificador 181/001676. Su título es:
“Previsiones de desarrollo normativo, coordinación y cooperación territorial que tiene previstas el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para garantizar una adecuada implementación de las medidas que incorpora el Proyecto de Ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que es objeto de tramitación en el Congreso de los Diputados.”
Esta formulación indica con claridad que:
De esta pregunta oral sabemos que:
Esta pregunta actúa, de facto, como “ventana” que confirma la existencia del Proyecto de Ley de reforma de discapacidad y dependencia, aunque la ficha concreta de ese proyecto no aparece detallada en la información que tenemos.
Las fuentes consultadas describen la existencia del Proyecto de Ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero no ofrecen el desglose de tramitación (toma en consideración, enmiendas, ponencia, dictamen de comisión, Pleno, paso al Senado, etc.). Únicamente se indica que:
Por tanto, a día de hoy, con los datos disponibles, solo puede afirmarse con seguridad que:
En paralelo, existen iniciativas de control político vinculadas a esta materia, como las dos preguntas escritas en el Senado sobre la financiación del sistema de dependencia y el cumplimiento del artículo 9 de la ley y de su real decreto de reforma:
Estas iniciativas no son la reforma en sí, sino control sobre cómo se está financiando y aplicando el sistema de dependencia tras las reformas reglamentarias.
En el ámbito del Ejecutivo, la reforma material más clara del sistema de dependencia reciente es el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, que modifica el Real Decreto 1051/2013 sobre prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Su tramitación fue:
Este real decreto, clave en la configuración actual de las prestaciones de dependencia, está ya plenamente en vigor, de modo que no tiene recorrido parlamentario pendiente (los reales decretos simples no se convalidan en el Congreso, a diferencia de los reales decretos-leyes).
Además, la arquitectura del sistema de dependencia se ha ido completando con otras normas previas, también ya vigentes, entre ellas:
También se localizan resoluciones de 2008 relativas a la ONCE y al ámbito de dependencia y discapacidad, aunque más tangenciales al núcleo del sistema:
Resumiendo, respecto a la “reforma de la Dependencia” de tu agenda, la fotografía que permiten las fuentes es:
En ausencia de más datos oficiales sobre el expediente concreto del proyecto de ley, no se dispone de más información en las fuentes consultadas para concretar mejor su estado parlamentario.
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