La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado en un nuevo informe, según ha adelantado El Confidencial, indicios que apuntan a la implicación de intermediarios vinculados a la denominada trama del caso Leire en gestiones relacionadas con el rescate de la empresa Tubos Reunidos, que habría recibido 112,8 millones de euros a través del fondo público de la SEPI.
El informe, al que ha tenido acceso el citado medio, describe contactos y reuniones en los que habrían participado intermediarios de la trama con responsables del Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre ellos su entonces presidente, Andoni Ortuzar, con el objetivo de facilitar el rescate de la compañía.
Según la información publicada por El Confidencial, la UCO sostiene que la red investigada habría utilizado su “capacidad de acceso” a dirigentes del PNV para intentar influir en las decisiones del Gobierno en relación con el rescate de la siderúrgica.
El caso se enmarca en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un instrumento creado por el Ejecutivo durante la pandemia para apoyar a compañías consideradas estratégicas.
Supuestas comisiones e intermediación en el caso
El informe también recoge, según el citado medio, que los principales implicados en la trama —entre ellos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso— habrían percibido comisiones por valor de 247.459 euros por sus gestiones.
Asimismo, se recogen mensajes intervenidos en dispositivos móviles en los que los investigados comentaban contactos con dirigentes del PNV y se referían a reuniones para acelerar el rescate.
Entre esos encuentros se habría producido una reunión en 2025 en la que participaron intermediarios de la trama, representantes de la empresa y cargos políticos vinculados al proceso, de acuerdo con la información publicada.