Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al que acusa de, a su entender, “no proteger su acto electoral en Ferrol frente al boicot de Galiza Nova”. A los impulsores de la contraprotesta les atribuye, entre otros, un presunto delito de odio.
Así lo recoge en el escrito registrado y en una nota remitida a los medios, en la que afirma que “la falta de actuación de las delegaciones del Gobierno ante el acoso a los actos de Vox se repite de A Coruña a Mahón, Avilés o Zamora”.
En concreto, la formación ha interpuesto una querella ante el Tribunal de Instancia de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, así como contra los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña “por no garantizar el acto electoral” que el partido celebró el sábado 31 de octubre en la calle Cantón Molins, con la participación del jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien ya avanzó públicamente la presentación de esta acción judicial.
Según detalla Vox, el partido “comunicó el acto en tiempo y forma y pidió expresamente la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Un día antes, Galiza Nova y otros colectivos convocaron en el mismo lugar, y media hora antes, una concentración con el objetivo declarado de frenarlo”.
“La Delegación lo sabía”, subraya la formación, que recuerda los incidentes previos en A Coruña. “Aún así, no prohibió la contramanifestación ni cambió su lugar u horario, como le permite el artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, ni garantizó que el acto se desarrollara con normalidad”.
La querella atribuye al delegado del Gobierno un delito electoral, un delito contra los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal, en comisión por omisión, y un delito de prevaricación administrativa.
A los organizadores de la contramanifestación les imputa un delito de odio y otro contra el derecho de reunión, además de las eventuales lesiones y daños que se deriven. Y frente a las asociaciones convocantes, con Galiza Nova en primer término, Vox reclama de forma expresa responsabilidad penal como personas jurídicas.
En Ferrol, Jorge Buxadé señaló directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsables de que los actos de Vox no se desarrollen con normalidad. “Esto no sucede en ninguna democracia europea moderna, es inadmisible”, aseguró.