La Confederación Salud Mental España ha valorado de forma muy positiva la entrada en vigor de la Ley 4/2026, que incorpora un nuevo artículo donde se precisa cómo deben desarrollarse las intervenciones sanitarias y asistenciales en el ámbito de la salud mental, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de las personas con problemas de salud mental.
La organización subraya que la nueva regulación sitúa a la persona en el centro de la actuación y fija que las intervenciones han de sustentarse “en el consentimiento libre e informado, conforme a la legislación sobre autonomía del paciente, y respetar los deseos, voluntad y preferencias de la persona”.
El texto legal indica que deben evitarse las intervenciones involuntarias protocolizadas sin una valoración individualizada, así como el mantenimiento injustificado de medidas no consentidas y su empleo con fines punitivos o disciplinarios.
Igualmente, determina que las sujeciones o contenciones mecánicas solo podrán contemplarse en circunstancias excepcionales. La ley amplía además las directrices sobre cómo deben llevarse a cabo los ingresos involuntarios, ya previstos en una norma de rango superior como la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 763), que seguirán exigiendo autorización judicial previa, excepto cuando la urgencia obligue a un ingreso inmediato.
“Somos conscientes de que esta normativa está despertando incertidumbre entre algunos sectores especialmente vinculados a la práctica diaria, pero debemos valorar este avance como la extensión de la protección a personas con problemas de salud mental en las situaciones en las que más vulnerables se encuentran, es una cuestión de derechos para ellas y para cualquier persona que pueda verse en una situación similar”, ha apuntado el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González.
“Vamos a colaborar y a apoyar al Ministerio para que esta normativa, que llevamos años reivindicando desde la Confederación, se desarrolle con todas las garantías necesarias para todas las partes implicadas”, ha añadido.
De acuerdo con el informe “La situación de la salud mental en España”, difundido en 2023 por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, el 60,1 por ciento de las personas con un diagnóstico de salud mental ha pasado por un ingreso involuntario, mientras que un 40,3 por ciento recibió poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno.
La confederación reitera que desde hace años viene denunciando las consecuencias negativas del uso de medidas coercitivas en la atención en salud mental y defendiendo un modelo comunitario, centrado en los derechos humanos y en la dignidad de las personas.