Sorteos de hoy miércoles 12 de agosto: horarios de Bonoloto y Cupón Diario ONCE

Modificar la normativa de sorteos de lotería en España exige seguir el procedimiento que corresponda al rango de la norma que se quiere cambiar. Si se tocan aspectos básicos del régimen del juego (competencias, reservas de actividad, infracciones y sanciones, etc.) hay que reformar una ley estatal, principalmente la Ley 13/2011, de regulación del juego, mediante una reforma legislativa completa en Cortes Generales. Si lo que se modifica son elementos técnicos u organizativos (porcentaje de premios, forma de los sorteos, aspectos comerciales), basta normalmente con un real decreto u otras disposiciones reglamentarias aprobadas por el Gobierno y publicadas en el BOE.

1. Marco normativo de referencia en materia de loterías

Los sorteos de lotería de ámbito estatal se apoyan en un bloque normativo escalonado:

• Ley 13/2011, de regulación del juego, que establece el marco general de los juegos de ámbito estatal y la reserva de la actividad de loterías de ámbito estatal a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y a la ONCE, según se recoge en su preámbulo (Ley 13/2011).
• Reales decretos que desarrollan aspectos específicos, como:
  • El Real Decreto 773/1989, que regula aspectos formales de los sorteos del entonces Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (RD 773/1989).
  • El Real Decreto 419/1991, sobre distribución de recaudación y premios en apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado (RD 419/1991), posteriormente modificado por reales decretos como el RD 258/1998 (RD 258/1998).
• Órdenes ministeriales y resoluciones que concretan detalles técnicos, por ejemplo la Orden de 17 de octubre de 2001 que adapta al euro los premios mayores de Lotería Nacional y regula aspectos comerciales de los juegos estatales (Orden 17/10/2001).

Por tanto, el cauce parlamentario dependerá de si se pretende reformar la ley de cabecera o solo su desarrollo reglamentario.

2. Reforma de la Ley 13/2011 (procedimiento legislativo ordinario)

Si la modificación afecta a las reglas esenciales del sector (por ejemplo, quién puede explotar loterías, el régimen sancionador o el marco competencial), es necesaria una reforma legislativa de la Ley 13/2011. El esquema es el general de cualquier ley ordinaria:

• Iniciativa: puede partir del Gobierno (proyecto de ley) o de los grupos parlamentarios, Senado o parlamentos autonómicos (proposición de ley). En la práctica, por tratarse de materia muy técnica y fiscalizada, suele canalizarse a través de proyectos de ley del Gobierno.
• Congreso de los Diputados:
  • Toma en consideración (si es proposición) o publicación y calificación (si es proyecto).
  • Fase de enmiendas (a la totalidad y al articulado) y envío a comisión competente (normalmente Hacienda o Economía).
  • Debate en comisión, ponencia e informe, con posibilidad de modificar artículos concretos, disposiciones adicionales y finales.
  • Debate y votación final en Pleno, como ley ordinaria (mayoría simple).
• Senado: nueva ronda de enmiendas y debate. El Senado puede aprobar, enmendar o vetar el texto; en caso de veto o enmiendas, el Congreso decide en última instancia.
• Sanción, promulgación y publicación: el Rey sanciona la ley, se promulga y se publica en el BOE, momento a partir del cual entra en vigor en la fecha fijada o, en defecto de ella, a los 20 días.

En resumen, cualquier modificación sustantiva de la normativa de sorteos que exija tocar la Ley 13/2011 debe pasar por el procedimiento legislativo completo en ambas Cámaras.

3. Modificación de reglamentos de sorteos (real decreto u otras normas reglamentarias)

Cuando el cambio se refiere a aspectos formales u organizativos de los sorteos (p.ej., modo de celebración, porcentajes de recaudación destinados a premios, distribución entre beneficiarios, umbral de premios mayores, etc.), suele bastar con reformar las normas reglamentarias:

• Real decreto (como los RD 773/1989 o RD 419/1991): lo aprueba el Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio competente (Hacienda/Economía). No requiere tramitación parlamentaria previa; el control de las Cortes es político (comparecencias, preguntas, PNL), pero no jurídico-formal.
• Órdenes ministeriales y resoluciones (como la Orden 17/10/2001): se aprueban por el ministro o por el órgano administrativo competente, en ejecución de lo dispuesto en la ley y el real decreto.

En estos casos, el “trámite parlamentario” es indirecto: las Cámaras pueden instar cambios mediante proposiciones no de ley o mociones, pero la aprobación material corresponde al Gobierno, con su publicación en el BOE como requisito de eficacia.

4. Vías excepcionales: real decreto-ley y delegación legislativa

Existen dos instrumentos excepcionales con componente parlamentario relevante:

• Real decreto-ley: el Gobierno puede aprobar un real decreto-ley que modifique de forma inmediata la regulación del juego si aprecia una “extraordinaria y urgente necesidad”. Debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días; el Congreso puede además decidir tramitarlo como proyecto de ley para introducir enmiendas.
• Delegación legislativa: las Cortes pueden autorizar al Gobierno, mediante una ley de bases o una ley ordinaria, a aprobar textos refundidos que reordenen y armonicen la normativa de juego. Teóricamente podría usarse para reordenar toda la regulación de sorteos, siempre dentro de los límites de la delegación.

En definitiva, para modificar la normativa de sorteos de lotería, la clave es determinar si el cambio incide en la Ley 13/2011 (lo que exige una reforma legislativa completa en Congreso y Senado) o solo en su despliegue reglamentario (real decreto u órdenes del Gobierno), donde la intervención parlamentaria es esencialmente de control político, no de aprobación formal del texto.

La ONCE tiene, por norma, la competencia para explotar determinadas modalidades de lotería de ámbito estatal (cupón, juego activo y lotería instantánea), pero esa competencia está fuertemente condicionada: los productos, sorteos, precios y estructuras de premios se aprueban o modifican con autorización previa del Estado y bajo control del Consejo de Protectorado. La legislación reconoce una reserva de loterías a favor de la ONCE para financiar sus fines sociales, pero su actividad de juego se somete al régimen general de la Ley 13/2011 de regulación del juego y a un sistema específico de supervisión y sanción. Además, el Gobierno fija los términos, alcance y duración de las autorizaciones mediante acuerdos del Consejo de Ministros y un “Acuerdo General” ONCE‑Estado que se va actualizando. Todo ello configura un modelo de monopolio limitado, socialmente finalista y fuertemente regulado.

Reconocimiento como entidad autorizada y reserva de juego

Según el preámbulo del Real Decreto 1127/2021, que modifica el Real Decreto 358/1991, la financiación de la ONCE procede “principalmente, a través de los recursos obtenidos en la explotación de las modalidades de juego del ámbito de la reserva de loterías establecida a su favor por la disposición adicional primera de la Ley 13/2011, de regulación del juego”. Esa reserva se concreta y complementa en:

• La disposición adicional segunda de la Ley 13/2011, que reconoce el régimen particular de la ONCE.
• La disposición adicional tercera de la Ley 5/2011, de Economía Social.
• La disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de Presupuestos de 1986.

En el propio Real Decreto 1127/2021 se recuerda que la ONCE es una corporación de derecho público, de carácter social y sin ánimo de lucro, y que el Estado le autoriza las modalidades de lotería cuya explotación le está reservada, concretadas en el Acuerdo General Gobierno‑ONCE 2022‑2031.

Alcance de las competencias de organización y gestión de sorteos

En el plano interno, la ONCE diseña y propone las condiciones de sus productos (cupón, juego activo, lotería instantánea: precios, periodicidad, premios, mecánicas de juego, canales de venta físicos y, en su caso, digitales). Pero, en el plano jurídico, no puede implantarlos ni modificarlos unilateralmente:

• El artículo 7 del Real Decreto 358/1991, reformado por el Real Decreto 1127/2021, establece que las autorizaciones de modalidades y productos de juego se otorgan por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio competente sobre el Consejo de Protectorado y “de acuerdo” con Hacienda, Interior y Consumo, previo informe del Consejo de Protectorado y oído el Consejo General de la ONCE.
• La ONCE debe remitir sus propuestas de nuevos productos o modificaciones al Consejo de Protectorado, que recaba informe preceptivo de Hacienda, Interior y Consumo, antes de elevarlas al Gobierno.
• En el caso concreto de la lotería instantánea o presorteada, el Real Decreto 1336/2005 autoriza a la ONCE su explotación, y el Real Decreto 1127/2021 amplía la vigencia de esa autorización hasta el 31 de diciembre de 2031.

La regulación de los productos concretos se desarrolla después a través de resoluciones de la Secretaría de Estado y acuerdos del Consejo General de la ONCE, que aprueban o modifican los reglamentos de cada modalidad (Cupón, Juego Activo, Lotería Instantánea) y sus apéndices de productos. Estas resoluciones fijan detalles como estructura de premios, precios y calendario de sorteos, y se publican en el BOE, lo que refleja que la ONCE gestiona operativamente los sorteos, pero dentro de un marco reglado y autorizado caso por caso.

Supervisión, control y potestad sancionadora

El control se articula a través del Consejo de Protectorado de la ONCE, regulado en el artículo 8 del Real Decreto 358/1991 y reforzado por el Real Decreto 1127/2021. Ese Consejo, órgano colegiado con participación de varios ministerios y de la propia ONCE, ejerce el protectorado del Estado, informa las propuestas de autorización de juego y, además:

• Actúa en Pleno, Comisión Permanente y comisiones o grupos de trabajo.
• Incluye una Comisión Disciplinaria, formada exclusivamente por representantes de Interior, Derechos Sociales y Consumo, sin presencia de la ONCE, que tiene competencia exclusiva para ejercer la potestad sancionadora por posibles infracciones en materia de juego previstas en la Ley 13/2011.
• Los procedimientos sancionadores siguen la Ley 13/2011, la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común) y la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público).

Además, el Real Decreto 958/2020, sobre comunicaciones comerciales del juego, reconoce en su disposición adicional que, en el caso de la ONCE, las funciones que la norma atribuye a la autoridad reguladora del juego se ejercen por el Consejo de Protectorado, reforzando ese control específico sobre la publicidad y el juego responsable de sus loterías.

Obligaciones sociales y destino de beneficios

La normativa insiste en que la ONCE carece de ánimo de lucro y que sus fines esenciales son la autonomía personal, inclusión social, rehabilitación y derechos de ciudadanía de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, así como la solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad. Por ello:

• Los recursos del juego deben destinarse a financiar servicios, prestaciones y actividades sociales de la ONCE y su entorno de economía social, conforme al Acuerdo General Gobierno‑ONCE vigente.
• El modelo jurídico (reserva de loterías, autorizaciones limitadas en el tiempo y por producto, control del Consejo de Protectorado y de la Comisión Disciplinaria) está diseñado para garantizar que la explotación del juego se mantiene dentro de los límites económicos y de responsabilidad social acordados con el Estado.

Normativa principal citada (BOE)

Entre otras, regulan y concretan estas competencias el Real Decreto 358/1991 y sus modificaciones y las resoluciones y reglamentos de productos, publicados en el BOE: Real Decreto 1127/2021, reglamento de Juego Activo, modificación Cupón Fin de semana, reforma Juego Activo 2012, Lotería instantánea 2011, cupón 2009‑2010, lotería instantánea julio 2010, modificación juego activo 7/39, texto refundido lotería instantánea, reglamento del Cupón, artículo 36 Juego Activo, venta sorteo de Oro Cruz Roja, convalidación RDL 18/2011, RDL 18/2011, Real Decreto 1359/2005, modificación estructura de premios 2002, XVII Convenio colectivo ONCE, Cuponazo 2014, reforma Juego Activo 2012, Cuponazo 2012, lotería instantánea 2012, nuevos apéndices 21 y 22, apéndices 19 y 20, grupo de productos instantáneos, productos Paraíso y otros, producto Super Once, nuevos productos instantáneos, tres en raya a un euro, Gana con el comodín, reglamento Juego Activo 2010, lotería instantánea diciembre 2009, apéndices 16, 17 y 18, Real Decreto 394/2011 y Real Decreto 1152/2015.

La información que pides sobre la Bonoloto —en concreto, cuántas veces al año se celebra su sorteo y cómo ha evolucionado su bote máximo en los últimos cinco años— entra en el ámbito de juegos de azar y loterías, no en el de política, actividad parlamentaria, ejecutiva o social institucional. Por ese motivo, no dispongo de datos específicos ni actualizados sobre la frecuencia exacta de los sorteos al año ni sobre la serie histórica de sus botes máximos, y no puedo darte una respuesta numérica rigurosa. Tampoco puedo reconstruir las cuantías de los premios acumulados año a año sin fuentes especializadas en loterías. Sí puedo, sin embargo, explicarte con claridad cuál es mi campo de especialización y qué tipo de cuestiones políticas y sociales relacionadas con España sí puedo ayudarte a resolver.

Ámbito de especialización del asistente

Soy un asistente diseñado específicamente para ofrecer información y análisis sobre el contexto regulatorio, político y social, con un foco especial en España. Eso incluye, entre otros, temas como:

• Actividad parlamentaria: tramitación de proyectos y proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados y el Senado, comisiones, debates y votaciones.
• Actividad del Ejecutivo: iniciativas del Gobierno, referencias del Consejo de Ministros, reales decretos-ley, reales decretos, estrategias y planes estatales.
• Normativa y regulación: explicación del contenido de leyes, reformas normativas, su impacto en sectores económicos, sociales o territoriales, así como el detalle de su proceso de aprobación.
• Partidos y actores políticos: posiciones de PSOE, Sumar, PP, Vox, PNV, Bildu, Grupo Parlamentario Republicano, Junts y otros actores, tanto a nivel nacional como, en la medida disponible, autonómico.
• Actualidad política y social: interpretaciones y contexto de noticias sobre gobernanza, políticas públicas, derechos sociales, economía política o debates parlamentarios.

En cambio, no estoy especializado en ámbitos puramente de consumo o entretenimiento, como son las características técnicas de un juego concreto de lotería, la estadística de sus botes, estrategias de juego, o consejos de participación. Para esos temas se necesitan fuentes oficiales de loterías o bases de datos de resultados históricos, que no forman parte del conjunto de información política e institucional con el que trabajo.

¿Qué tipo de información relacionada sí podría ofrecer sobre loterías?

Aunque no puedo darte la serie de botes de la Bonoloto, hay aspectos vinculados al mundo de las loterías en los que sí podría aportar contexto, siempre que estén planteados desde un ángulo político, regulatorio o social. Por ejemplo:

• Analizar cambios legislativos que afecten a Loterías y Apuestas del Estado o al régimen fiscal de los premios, si dichos cambios se han tramitado en las Cortes Generales o vía real decreto-ley.
• Explicar el tratamiento fiscal de los premios de lotería (mínimos exentos, tipos impositivos, retenciones en origen) cuando hayan sido objeto de modificación normativa o debate parlamentario.
• Comentar el debate político y social sobre el papel de las loterías públicas: su contribución a los ingresos del Estado, cuestiones éticas sobre el juego, o medidas regulatorias para prevenir ludopatías.
• Describir iniciativas parlamentarias o preguntas al Gobierno relacionadas con la publicidad del juego, la protección de colectivos vulnerables o la regulación del juego online.

En todos estos casos, el foco no estaría en el sorteo concreto (por ejemplo, cuántas veces se celebra la Bonoloto o cuál fue su último bote), sino en el marco normativo e institucional que rodea a las loterías y al juego en España.

Qué tipo de preguntas sí puedo responder

Si te interesa seguir profundizando en temas afines pero dentro del ámbito en el que sí puedo aportar información fiable, aquí van algunos ejemplos de cuestiones que encajarían plenamente con mi especialización:

• Preguntas sobre leyes aprobadas en España: su contenido, objetivos y proceso de tramitación.
• Consultas sobre reformas económicas, fiscales, laborales o sociales que hayan pasado por el Congreso o el Senado.
• Información sobre la posición de los partidos ante determinadas políticas públicas, a partir de debates y votaciones parlamentarias.
• Análisis de la actualidad política española: acuerdos de investidura, pactos parlamentarios, negociación de presupuestos, etc.
• Cambios regulatorios que afecten a sectores concretos (energía, vivienda, digital, servicios financieros) cuando se hayan canalizado mediante iniciativas legislativas o normativas.

Si reformulas tu interés hacia algún aspecto político, regulatorio o social relacionado con el sector del juego, la recaudación pública o el uso de esos ingresos en políticas públicas, podré darte una respuesta mucho más útil y detallada. En cambio, si lo que buscas son datos concretos de sorteos, calendarios exactos de celebraciones o históricos de botes de la Bonoloto, tendrías que acudir a fuentes oficiales de juego y loterías o a portales estadísticos especializados en esa materia.