El Gobierno ha mostrado este lunes su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la suspensión del derecho de sufragio a los hijos de personas nacionalizadas por la llamada 'ley de nietos', medida que había sido reclamada por Vox e Iustitia Europa, y que el Ejecutivo interpreta como un “freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas”.
Fuentes del equipo de Pedro Sánchez han valorado positivamente que el alto tribunal no haya accedido a ampliar la suspensión del voto a más ciudadanos nacionalizados “gracias a las leyes de memoria aprobadas en el Congreso”.
Desde Moncloa, no obstante, han expresado su malestar porque “este razonamiento no se haya aplicado” a quienes ya tienen suspendido su derecho de sufragio, es decir, los progenitores de esos hijos, aunque confían en que “la decisión definitiva acabe amparando sus derechos”, dado que el Supremo mantiene por ahora la suspensión para los 'nietos'.
Según las mismas fuentes, “la decisión del alto tribunal supone un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox y Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean”. A juicio del Ejecutivo, se trata de “una estrategia usada por la ultraderecha en todo el mundo y que aquí también ha hecho suya el PP”.
Comparación con la estrategia de Trump en EE.UU.
Las fuentes gubernamentales enlazan esta dinámica con lo ocurrido en Estados Unidos, donde recuerdan que “hace apenas unos días Donald Trump pidiendo que no se contabilizaran los votos de 20.000 personas a quienes consideraba 'no ciudadanos' para cuestionar por anticipado el resultado de las elecciones”.
En opinión del Gobierno, existe una “deriva antisistema de la derecha”, a la que reprochan “arrojar dudas sobre un sistema electoral que es de los más garantistas del mundo”. Señalan que “lo ha hecho con el voto de españoles residentes en el extranjero, el voto por correo o el DNI electrónico. Todas las medidas han estado en vigor en distintos procesos electorales y no han afectado a la seguridad o al resultado de las elecciones. No ha cambiado el sistema electoral. Ha cambiado la derecha al abrazar el extremismo y las teorías de la conspiración”.
El Ejecutivo reclama “respeto” al sistema electoral y a los derechos fundamentales “de todos los españoles, sean cuales sean sus orígenes y convicciones”.
La resolución del Supremo, adoptada por “seguridad jurídica y estabilidad electoral” ante la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, permitirá finalmente que los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' puedan votar en dichos comicios.
Reacciones de Vox e Iustitia Europa
Tras conocerse el fallo, el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha sostenido que el Supremo ha desaprovechado una “oportunidad” de “garantizar de verdad las elecciones limpias, libres y transparentes por razones puramente prácticas”.
En un vídeo difundido en la red social X, Buxadé ha argumentado que “si los padres han adquirido con fraude la nacionalidad española, los hijos de los padres, los nietos de los padres, los bisnietos de los padres también la han adquirido con fraude y, por tanto, también debe ser suspendido su derecho a voto en estas elecciones”.
El dirigente de Vox ha insistido en que, a su juicio, “el Gobierno sabe quiénes son, lo ha ideado, es un fraude masivo”. “Tenemos en el proceso judicial demostrado que varios hijos de los que han adquirido con fraude están reivindicando su derecho a voto”, ha añadido.
Por su parte, Iustitia Europa ha anunciado que presentará recurso contra la negativa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a extender la suspensión del voto a más afectados.
La formación ha destacado que, pese al 'no' del tribunal, el Supremo “reconoce argumentos clave” de su demanda y ha subrayado que uno de los magistrados ha emitido un voto particular discrepante. Según ha remarcado el partido, ese magistrado “sostiene que la ampliación debía acordarse y advierte de que corregir el censo después de celebradas las votaciones puede resultar ineficaz”.