La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la imputación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el 'caso Koldo' que se instruye en la Audiencia Nacional (AN). El Ministerio Público sostiene que su testimonio como testigo en el juicio del 'caso mascarillas' ante el Tribunal Supremo (TS), donde admitió haber percibido nóminas de dos empresas públicas sin desempeñar funciones, “resulta fiable” y “está corroborada” por “numerosos datos de prueba”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción se opone a los recursos de las defensas de Rodríguez e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), contra la decisión de investigarlos por la presunta contratación irregular de Rodríguez en las sociedades públicas Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021, periodo en el que Ábalos ocupaba la cartera de Transportes.
Ambos, Zaldívar y Rodríguez, estaban citados a declarar como investigados el pasado mes de julio, pero se acogieron a su derecho a no responder. Ese mismo día compareció también como investigado Joseba García, hermano de Koldo García, exasesor ministerial condenado por el 'caso mascarillas', quien negó haber intervenido en la incorporación laboral de la expareja de Ábalos en Adif.
En relación con Rodríguez, Anticorrupción remite a un informe previo en el que ya se mostraba partidaria de llamarla en calidad de investigada. La defensa de la expareja del exministro alegaba, entre otros extremos, que los hechos ya habrían sido enjuiciados en el procedimiento del 'caso mascarillas' del Supremo, en el que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama fueron condenados a 24, 19 y cuatro años y medio de prisión, respectivamente.
Más de 40.000 euros sin acudir al puesto
Durante su declaración como testigo en el TS, Jéssica Rodríguez reconoció que nunca llegó a incorporarse físicamente a su puesto en Ineco y afirmó que Ábalos conocía esa circunstancia. “Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer”, relató. La sentencia del Supremo dio por acreditado que percibió más de 40.000 euros de ambas entidades públicas.
A partir de esa resolución, Anticorrupción concluye que “la declaración de hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la participación de Jéssica Rodríguez en su contratación por Ineco y Tragsatec ha de implicar necesariamente una modificación de su situación procesal, pasando a adquirir la condición de investigada”.
La Fiscalía subraya que Rodríguez “fue contundente al afirmar que José Luis Ábalos conocía dicha realidad” y que fue a él “a quien trasladó sus quejas por los requerimientos de información que estaba recibiendo”.
El Ministerio Público destaca además que la expareja de Ábalos “confirmó, igualmente, la percepción mensual de los salarios pactados y que durante el periodo en que estuvo contratada por ambas empresas realizó distintos viajes, hasta trece, con José Luis Ábalos”. Estos desplazamientos, a juicio de Anticorrupción, encajan con el resto de indicios recabados en la causa.
Fiabilidad del testimonio y papel de Zaldívar
Para la Fiscalía, la versión ofrecida por Rodríguez “resulta fiable”, si bien reconoce que “cabría objetar” que, dado que su “no descartable y potencial responsabilidad” penal está sobre la mesa, es obligado aplicar un criterio de valoración “mucho más cauteloso”.
“Pero, aun así, el juicio de fiabilidad no se resiente. El testimonio de Jéssica Rodríguez aparece decididamente corroborado en sus aspectos nucleares por numerosos datos de prueba. Es decir, se está apuntando a la eventual responsabilidad de Jéssica Rodríguez, consideración que no puede ser obviada ante este tribunal”, añade el escrito de Anticorrupción.
En cuanto a Ignacio Zaldívar, que también intervino como testigo en el Supremo por la supuesta contratación irregular de Rodríguez, la Fiscalía descarta que se hayan vulnerado su derecho de defensa o el derecho a no declarar contra sí mismo. Precisa que “no son sus declaraciones las que vienen a motivar su imputación, sino las prestadas por otro testigo”, en referencia a Virginia Barbancho, responsable de Tragsatec en el momento de los hechos.
Según recuerda Anticorrupción, Barbancho, en un testimonio al que otorga “plena fiabilidad”, explicó ante el alto tribunal que recibió una llamada de Zaldívar “intimidándola” para “que dejaran en paz a Jéssica Rodríguez, precisándole que el ministro había hablado con la presidenta de Adif (en ese momento Isabel Pardo de Vera, también imputada en esta causa) para mostrarle su desagrado por la situación generada”.
“Ignacio Zaldívar reconoció en el acto del juicio el contenido de dicha conversación y cómo, en efecto, había sido requerido por la presidenta de Adif, quien le precisó que había recibido indicaciones del ministro, para que trasladara a los responsables de Tragsatec que no molestaran a Jessica Rodríguez”, continúa el Ministerio Público.
Respecto a la contratación en Tragsatec, la Fiscalía, apoyándose en los hechos probados de la sentencia del Supremo, señala que Pardo de Vera encargó a Zaldívar determinadas “gestiones para procurar la contratación de Rodríguez” sin que fuera imprescindible realizar una “entrevista previa”, lo que refuerza, a su juicio, las sospechas de irregularidad.