Asociaciones de jueces y magistrados insisten en que las solicitudes de asilo deben examinarse de forma individual, es decir, “caso a caso”, y advierten de que el hecho de acceder de manera irregular a territorio español no legitima aplicar “denegaciones en masa” ni suprime el derecho a solicitar protección internacional.
Esta posición es compartida por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, y por el Foro Judicial Independiente (FJI), que se han pronunciado así, a preguntas de Europa Press, sobre la situación de los solicitantes de asilo en España en el marco de la crisis migratoria de Ceuta.
Dos semanas después de la llegada masiva a Ceuta de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, en la que 83 personas perdieron la vida, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, reclamó al Gobierno central que rechace las peticiones para obtener el derecho de asilo presentadas por los migrantes.
“Retorno a Marruecos. Ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro”, afirmó, precisando que esta decisión es “una condición necesaria” para “el presente y para el futuro de Ceuta” y que, a largo plazo, permitiría “desactivar” la utilización de la “presión migratoria” como “arma” para “desestabilizar”.
Respaldo del PP a la suspensión del asilo
La iniciativa de Vivas cuenta con el apoyo público de la cúpula nacional del PP. Este viernes, el vicesecretario de Educación e Igualdad de la formación, Jaime de los Santos, defendió la propuesta, sosteniendo que no contraviene la normativa internacional y que existen precedentes claros dentro de la Unión Europea (UE).
De los Santos citó el ejemplo de Grecia, un Estado que “también suspendió el derecho de asilo durante un periodo temporal concreto y, precisamente, con los países del norte de África que amenazaban la seguridad de su territorio y, por tanto, la de toda la UE”.
En este escenario, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) subraya que el ordenamiento jurídico español sí permite endurecer y agilizar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en frontera.
“Lo que no permite nuestro ordenamiento es decidir de antemano que toda persona que haya entrado irregularmente verá denegado el asilo. Cada solicitud debe poder ser examinada, porque detrás de una entrada irregular puede existir una persona que reúna realmente los requisitos para obtener protección internacional”, señalan fuentes de la APM a Europa Press.
La entrada irregular no impide pedir protección
En esta línea, recuerdan que “una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional”. “Son dos planos jurídicos diferentes”, recalcan.
Por otro lado, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, enfatiza que, aunque la resolución de las peticiones de asilo corresponde al Gobierno, se trata de “una figura pensada para estudiarla caso a caso”.
“Sólo habría de concederse asilo a quien cumpla los requisitos, pero sin que parezca procedente acordar denegaciones en masa”, concluye García Ceniceros en declaraciones a Europa Press.