Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrirá las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado tras acordar la apertura de juicio oral contra ella.
Fuentes de su entorno han confirmado que la defensa impugnará la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
La decisión llega después de que el magistrado enviara a Gómez a juicio por cuatro presuntos delitos y adoptara restricciones a sus movimientos al apreciar un posible riesgo de fuga.
La apertura de juicio oral no puede recurrirse
Aunque la defensa prepara recurso contra las medidas cautelares, la decisión de abrir juicio oral no puede ser recurrida. Eso significa que Gómez deberá sentarse en el banquillo, salvo que en una fase posterior el procedimiento quede condicionado por otras decisiones procesales.
El auto de Peinado sitúa el caso en una nueva etapa judicial, después de meses de instrucción marcados por el choque entre las acusaciones populares, la Fiscalía, la defensa y el propio Gobierno.
Cuatro delitos en el auto de Peinado
El juez ha enviado a Begoña Gómez a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
La investigación gira en torno a su actividad profesional, su relación con determinados proyectos privados y el posible uso de recursos vinculados a Moncloa. La defensa de Gómez ha negado irregularidades durante todo el procedimiento y ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa.
El argumento del riesgo de fuga
La retirada del pasaporte se apoya en el argumento del riesgo de fuga, que Peinado considera reforzado tras la apertura de juicio oral. El magistrado entiende que la perspectiva de afrontar penas elevadas puede aumentar el incentivo para eludir la acción de la Justicia.
Ese razonamiento ha sido cuestionado por el entorno de Gómez y por el Gobierno, que recuerdan que la esposa del presidente no ha incumplido ninguna citación judicial y ha permanecido localizada durante toda la instrucción.
La polémica por los escoltas
Uno de los puntos más controvertidos del auto es la referencia a los agentes encargados de la seguridad de Begoña Gómez. Peinado sostiene que, por su condición de esposa del presidente, Gómez dispone de un dispositivo de protección que, en una hipótesis de fuga, podría llegar a facilitar su salida del país.
Esa afirmación ha provocado críticas del Gobierno, del PSOE y también del sindicato policial Jupol, que ha calificado de “auténtica barbaridad” sembrar sospechas sobre los escoltas de Presidencia.
El Gobierno cierra filas con Begoña
La resolución de Peinado ha provocado una reacción inmediata del Gobierno y del PSOE. Varios ministros han denunciado una “persecución” contra Begoña Gómez y han cuestionado la proporcionalidad de las medidas cautelares.
Desde Moncloa consideran que la causa tiene una motivación política y que la retirada del pasaporte resulta difícil de justificar, especialmente porque Gómez reside en el complejo presidencial y cuenta con escolta permanente.
Jupol se defiende
El sindicato policial Jupol se ha pronunciado este sábado contra la posibilidad de que los agentes encargados de la seguridad de la Presidencia del Gobierno pudieran participar en una eventual fuga de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
La organización ha calificado de “auténtica barbaridad” esa insinuación, formulada a raíz del auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abre juicio oral contra Gómez y acuerda retirarle el pasaporte.
En una nota difundida a través de redes sociales, Jupol ha defendido la labor de los agentes de la escolta de Presidencia. El sindicato sostiene que estos policías “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley”: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados.