Iustitia Europa ha activado esta semana la vía contable tras la sentencia de la Audiencia Provincial y solicita que se reintegren más de 427.000 euros al considerar que las plazas de David Sánchez y Luis Carrero carecían de contenido real.
La condena penal a David Sánchez abre ahora un nuevo frente: el económico. Por primera vez desde que estalló el caso, se reclama formalmente que el hermano del presidente del Gobierno devuelva el dinero público que percibió de la Diputación Provincial de Badajoz por un puesto que la Audiencia Provincial calificó como "innecesario y vacío de contenido esencial".
La formación Iustitia Europa ha presentado una acción pública contable ante el Tribunal de Cuentas para que determine el perjuicio ocasionado a las arcas públicas y ordene, si procede, el reintegro de todas las cantidades abonadas tanto a David Sánchez Pérez-Castejón como a Luis María Carrero Pérez.
La reclamación se apoya directamente en la sentencia 152/2026 de la Audiencia Provincial de Badajoz, que concluyó que la plaza creada para el hermano del presidente fue diseñada específicamente para él y carecía de una necesidad real dentro de la estructura de la Diputación. El tribunal llegó además a la conclusión de que el procedimiento de selección fue meramente "cosmético" o "de escaparate", una valoración que extendió también al puesto ocupado posteriormente por Luis Carrero.
Con esos antecedentes, Iustitia Europa sostiene que corresponde ahora al Tribunal de Cuentas determinar si las retribuciones abonadas generaron un menoscabo para los fondos públicos y exigir su devolución.
Más de 427.000 euros bajo investigación
Según las certificaciones salariales incorporadas a la acción, David Sánchez percibió 340.572,36 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025. A esa cantidad se suman 86.988,76 euros abonados a Luis Carrero entre enero de 2024 y junio de 2025.
La cuantía inicial cuya devolución se reclama asciende así a 427.561,12 euros, aunque Iustitia Europa considera que la cifra final podría ser muy superior al incorporar las cotizaciones sociales sufragadas por la Diputación, dietas, indemnizaciones, desplazamientos y el resto de costes laborales asociados a ambos puestos.
La formación también solicita que el Tribunal de Cuentas analice las partidas presupuestarias destinadas a financiar esas plazas y determine qué parte del dinero público fue abonado sin una prestación efectiva de servicios.
La propia Audiencia señaló esta vía
La petición llega después de que la Audiencia Provincial dejara expresamente abierta esta posibilidad. Aunque el tribunal condenó a David Sánchez por un delito de prevaricación, no acordó la devolución de los salarios porque la acusación popular carecía de legitimación para reclamar esa responsabilidad patrimonial dentro del proceso penal.
Lejos de cerrar esa puerta, la resolución judicial indicó expresamente que esa reclamación debía formularse ante el Tribunal de Cuentas, precisamente el paso que ahora da Iustitia Europa.
El abogado Rubén Gutiérrez Sobrino ha solicitado que el órgano fiscalizador recabe las nóminas, certificados de haberes, cotizaciones sociales, expedientes de personal, órdenes de pago y documentación presupuestaria para determinar qué parte de las cantidades abonadas respondió a un trabajo efectivamente realizado y cuál, en su caso, careció de contraprestación.
También pone el foco sobre Ópera Joven
La acción no se limita a los salarios. Iustitia Europa pide igualmente que se investiguen los gastos del proyecto Ópera Joven y, en particular, de la producción La Paz Perpetua, cuyo coste publicado alcanzó los 128.080 euros, frente a una recaudación aproximada de 2.000 euros.
La formación solicita revisar la contratación, la financiación, la facturación y la ejecución del proyecto para comprobar si existieron sobrecostes o irregularidades.
Para el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, la sentencia penal no puede ser el punto final del caso. A su juicio, una vez acreditada judicialmente la arbitrariedad en la creación de las plazas, corresponde ahora determinar el daño económico causado y recuperar para las arcas públicas cualquier cantidad que hubiera sido abonada sin una prestación real y suficiente.
La batalla judicial sobre el caso David Sánchez entra así en una nueva fase. Ya no se trata únicamente de depurar responsabilidades penales, sino de decidir si el dinero público destinado a unas plazas declaradas judicialmente innecesarias debe regresar a las arcas de la Diputación de Badajoz.