La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha situado en la fase final de tramitación 149 de los 450 expedientes abiertos por abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica. En estos casos, el organismo ultima el reconocimiento de la condición de víctima y la propuesta de reparación correspondiente.
Se trata del primer balance desde la entrada en vigor, el pasado 15 de abril, del protocolo acordado entre el Estado y la Iglesia para atender a quienes no pueden acudir a los tribunales porque los hechos han prescrito o porque el presunto agresor ha fallecido.
Los cerca de 300 expedientes restantes continúan en distintas fases de análisis, mientras que cuatro solicitudes han sido inadmitidas al considerar que no encajaban en el ámbito de actuación establecido por el protocolo.
Un mecanismo para los casos sin recorrido judicial
El procedimiento fue diseñado para ofrecer una vía de reconocimiento y reparación a las víctimas cuyos casos ya no pueden sustanciarse penalmente. También permite acudir a este sistema a quienes no desean utilizar las oficinas habilitadas por la propia Iglesia a través del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA).
Hasta finales del pasado año, ese programa eclesial había indemnizado a 39 víctimas, con cantidades que en algunos casos alcanzaron los 100.000 euros.
Desde abril, las solicitudes son remitidas por la Unidad de Tramitación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes al equipo del Defensor del Pueblo, encargado de estudiar cada expediente y escuchar a las partes implicadas.
Más de un centenar de entrevistas personalizadas
Hasta el 31 de julio, la Unidad de Víctimas había mantenido entrevistas individuales con más de un centenar de personas. El procedimiento establece un plazo máximo de tres meses para emitir una valoración favorable o denegar la solicitud.
Este periodo puede ampliarse un mes cuando exista un volumen extraordinario de expedientes o cuando la complejidad del caso requiera más tiempo para su análisis.
El equipo está integrado por profesionales independientes especializados en victimología, psicología, criminología y distintas disciplinas jurídicas, con el objetivo de ofrecer un tratamiento individualizado a cada víctima.
Reparación económica, simbólica y restaurativa
El protocolo contempla distintas formas de reparación. Estas pueden ser simbólicas o restaurativas, mediante el reconocimiento institucional, la petición de disculpas o el acompañamiento profesional, pero también económicas.
Las indemnizaciones pueden atender tanto al daño causado como a los gastos derivados del tratamiento de las secuelas físicas o psicológicas. El acuerdo no fija cantidades mínimas ni máximas, con el propósito de valorar individualmente la gravedad y las circunstancias de cada caso.
La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones que se determinen dentro de este procedimiento.
El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que el sistema pretende evitar que las víctimas queden reducidas a un expediente administrativo. «Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños. No es un mero trámite burocrático cosificador, sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano», ha subrayado.