La denuncia de una contable de Red.es sacude la gestión de los fondos europeos y reabre el foco sobre el caso Begoña Gómez

La investigación sobre los expedientes de Red.es vinculados a empresas de Juan Carlos Barrabés sigue abierta a dos niveles: en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, dentro del llamado caso Begoña Gómez, y en la Fiscalía Europea (EPPO), que se centra en el posible uso indebido de fondos de la UE. A agosto de 2026 no hay juicio señalado por estos contratos, pero sí varias piezas separadas, informes policiales e intervenciones de la acusación popular dirigidas a ampliar el círculo de investigados en Red.es. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado además que la situación de Barrabés se tramite en un procedimiento propio, separado del eventual juicio con jurado a Begoña Gómez.

Órganos que investigan y marco general

En el plano interno español, el responsable es el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que dirige el juez Juan Carlos Peinado en el procedimiento contra Begoña Gómez. A raíz de informes de la UCO solicitados por la Fiscalía Europea, Peinado ha abierto una pieza específica por presunta prevaricación y fraude a los intereses financieros de la UE vinculados a contratos de Red.es financiados con fondos europeos, según recoge el periódico Demócrata en esta información.

En paralelo, la EPPO examina la vertiente europea de esas adjudicaciones. Un amplio informe de la IGAE (Hacienda) remitido a la Fiscalía Europea detecta que cartas de recomendación, entre ellas las de Begoña Gómez, habrían favorecido “injusta e ilegalmente” a una UTE liderada por una empresa de Barrabés en contratos de Red.es, según detalla Demócrata en esta noticia y en otra pieza sobre irregularidades en adjudicaciones de Red.es.

Qué expedientes de Red.es están bajo la lupa

Las diligencias se centran, principalmente, en:

• Contratos de formación digital adjudicados a UTEs donde participa Innova Next (grupo Barrabés), por importes que superan los 10 millones de euros, con financiación europea, tal y como se recuerda en esta crónica política.
• Un contrato concreto de 4,05 millones a una UTE Innova Next–KPMG, objeto de una pieza separada en la que la acusación popular (Hazte Oír, dentro del “caso Begoña”) pide la declaración de Begoña Gómez como testigo y la imputación de una veintena de responsables de Red.es. Los detalles constan en este artículo.
• Otros expedientes de licitación donde la UCO detecta una “decisiva arbitrariedad” y trato preferente a empresas de Barrabés en la valoración de las ofertas, según el informe policial desvelado por Demócrata en esta información.

Situación procesal de Barrabés y de los responsables de Red.es

En la pieza principal del caso Begoña Gómez, el juez Peinado atribuye a Barrabés presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su relación con las cartas de apoyo firmadas por Gómez, de acuerdo con esta pieza. Además, la acusación popular ha pedido penas de prisión para él en sus escritos, como refleja esta noticia.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido parcialmente el auto de apertura de juicio oral de Peinado: mantiene un futuro juicio con jurado para Begoña Gómez y su asesora por tráfico de influencias y malversación, pero deja fuera a Barrabés de esa pieza y ordena que su situación “se tramite separadamente”. Lo explican dos piezas de Demócrata: una sobre la decisión de la Audiencia, aquí, y otra de análisis, aquí, que subraya que esto no supone el archivo definitivo del caso Barrabés, sino que las diligencias deben continuar en otro procedimiento.

En la pieza separada de fondos europeos/Red.es, se investiga a Barrabés por presunta prevaricación y fraude a los intereses de la UE en relación con el contrato de 4,05 millones cofinanciado por Bruselas. La acusación popular pide expresamente que declare como investigado y que se imputen alrededor de veinte responsables técnicos y directivos de Red.es por “actuación dolosa” orientada a asegurar la adjudicación a la UTE de Barrabés mediante la manipulación de los informes de valoración, según esta información.

Al mismo tiempo, la EPPO ha citado a Barrabés como investigado en el marco de su propia causa sobre contratos de Red.es con financiación comunitaria, tal como se recuerda en la crónica de su comparecencia en el Senado publicada por Demócrata en esta noticia.

Estado actual y próximos pasos previsibles

A fecha de agosto de 2026, el balance es el siguiente:

• Las adjudicaciones de Red.es a empresas de Barrabés siguen bajo investigación tanto por el juez Peinado (pieza separada) como por la Fiscalía Europea.
• Barrabés mantiene la condición de investigado, pero ha quedado fuera, por ahora, del futuro juicio con jurado contra Begoña Gómez; su caso se tramitará en otra causa, aún en fase de instrucción.
• No se ha dictado auto de apertura de juicio oral específico sobre los expedientes de Red.es; se está en una fase de diligencias (declaraciones, informes periciales y remisión de documentación por parte de Red.es y de la IGAE).

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre plazos concretos o decisiones inminentes en esta pieza separada, más allá de que la causa continúa abierta y pendiente de nuevas resoluciones de Peinado y, en su caso, de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la legislación vigente que consta en las normas consultadas, Óscar López es titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, al que corresponde la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información, transformación digital, inteligencia artificial y función pública. Estas normas fijan el marco general de sus competencias, pero no identifican expresamente a Red.es ni detallan las potestades concretas de supervisión sobre esta entidad. Por tanto, jurídicamente solo puede afirmarse con certeza que cualquier función de tutela o supervisión de Red.es se insertaría en ese ámbito material del ministerio y en la posición del ministro como jefe de departamento. No se dispone en las fuentes analizadas del real decreto de estructura orgánica del ministerio ni del estatuto actualizado de Red.es que concreten esas competencias de forma directa.

1. Cargo de Óscar López y ministerio competente

De acuerdo con la información institucional disponible, Óscar López Águeda es Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública en el Gobierno de España, en la actual legislatura. Este ministerio es uno de los departamentos creados en la reestructuración ministerial de finales de 2023.

La creación y delimitación básica del ministerio se recoge en el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y en su modificación posterior mediante el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre. Este último fija de forma expresa el contenido del artículo 22, relativo al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

2. Competencias legales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El artículo 22 del Real Decreto 1230/2023 atribuye al ministerio que encabeza Óscar López, en síntesis, las siguientes grandes funciones:

• Política de telecomunicaciones.
• Sociedad de la información.
• Transformación digital.
• Desarrollo y fomento de la inteligencia artificial.
• Administración pública, función pública y gobernanza pública.
• Dirección de tres órganos superiores: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Secretaría de Estado de Función Pública.

Red.es es, por su propia naturaleza y actividad, una entidad vinculada a las políticas de sociedad de la información y transformación digital. Por tanto, cualquier régimen de adscripción y supervisión que exista sobre Red.es debe encajar jurídicamente dentro de ese marco competencial del ministerio y, en última instancia, en la posición del ministro como máximo responsable político del departamento.

3. ¿Qué dice la normativa sobre Red.es y la supervisión ministerial?

En la investigación sobre normativa vigente no se ha localizado, en las fuentes manejadas, el estatuto actualizado de Red.es ni el real decreto de desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Es precisamente en esos textos donde, habitualmente, se concreta:

• La adscripción formal de Red.es a una Secretaría de Estado o directamente al ministerio.
• Las facultades de dirección estratégica, tutela o supervisión (por ejemplo, aprobación de planes de actuación, nombramientos o cese de órganos directivos, instrucciones de política general, etc.).
• Los mecanismos de control (seguimiento de objetivos, rendición de cuentas, aprobación de presupuestos o contratos-programa, entre otros).

Dado que esos textos no aparecen en las normas consultadas, no es posible citar artículos concretos que definan con precisión las competencias del ministro Óscar López sobre Red.es (por ejemplo, si le corresponde proponer el nombramiento de la dirección de la entidad, aprobar determinados planes o intervenir en su control financiero).

4. Alcance que sí puede deducirse con seguridad

Con la información normativa disponible, solo puede afirmarse con certeza lo siguiente:

• Óscar López, como titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es el máximo responsable político de las áreas de telecomunicaciones, sociedad de la información y transformación digital definidas en el artículo 22 del Real Decreto 1230/2023.
• Red.es, por su actividad, encaja en ese ámbito material, de modo que, en términos generales, cualquier supervisión estatal sobre la entidad se integra en el ámbito competencial del ministerio que dirige.
• Los detalles concretos de la tutela, control y supervisión sobre Red.es (tipo de adscripción, facultades sobre sus órganos de gobierno, control de su gestión, etc.) dependen de normas específicas (estatuto de Red.es y real decreto de estructura orgánica básica del ministerio) que no constan en las fuentes analizadas.

En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico y con la legislación disponible, no puede describirse con mayor precisión el catálogo de competencias que ejerce hoy el ministro Óscar López sobre Red.es más allá de su posición general como jefe del departamento competente en transformación digital y sociedad de la información.

La cuestión que planteas es muy técnica y se sitúa en el ámbito del derecho administrativo, procesal y archivístico (gestión de expedientes) en España. Con la información que tengo disponible en las fuentes consultadas solo aparece contenido relativo a cómo se modifica una ley vigente mediante una reforma legislativa y a cómo se impugna una ley ante el Tribunal Constitucional, pero no se aporta nada sobre los requisitos concretos para eliminar o modificar documentación de un expediente ya judicializado en una entidad pública. Por tanto, no dispongo de base suficiente para describir con rigor los requisitos legales específicos aplicables a ese supuesto tan concreto.

Es importante subrayar que, por diseño, mi ámbito de especialización es la explicación de actualidad política, actividad parlamentaria y ejecutiva, y el contexto regulatorio en sentido amplio (por ejemplo, cómo se tramita una ley, cómo se reforma, cómo se impugna ante el Tribunal Constitucional, etc.), pero no el asesoramiento jurídico técnico de detalle sobre operaciones internas de gestión documental en expedientes concretos ni la interpretación casuística del ordenamiento. En las referencias obtenidas solo consta información general sobre:

• Reforma de leyes vigentes: se explica que para modificar una ley ya en vigor es necesario tramitar y aprobar una nueva ley (reforma legislativa) que cambie, añada o elimine partes de la ley original, mediante proyecto o proposición de ley, debate y votación en Congreso y Senado, sanción, promulgación y publicación en el BOE.
• Impugnación de leyes ante el Tribunal Constitucional: se detalla la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la norma, por determinados sujetos legitimados (Presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores, órganos ejecutivos y asambleas de CCAA), y los efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad.

Nada de eso, sin embargo, entra en los requisitos operativos para la eliminación o modificación de documentos en expedientes administrativos o judiciales tramitados por entidades del sector público. Para poder responder bien a tu pregunta haría falta información específica sobre, entre otros, el régimen jurídico de los archivos y documentos de las administraciones públicas, las reglas sobre custodia y conservación de expedientes, el impacto de la judicialización de un asunto sobre la intangibilidad del expediente, las posibles responsabilidades disciplinarias o penales por manipulación de documentos, y la coordinación con las leyes de procedimiento y régimen jurídico, así como con la normativa de protección de datos. Esa información no aparece en las fuentes que tengo disponibles para esta respuesta.

Dado que, según las instrucciones bajo las que funciono, no puedo inventar normas, artículos, plazos o procedimientos que no consten en las fuentes consultadas, tampoco puedo indicarte, por ejemplo, qué preceptos concretos de una ley determinada regulan la eliminación de documentos en un expediente judicializado, ni qué autorizaciones o garantías serían exigibles en cada tipo de administración (estatal, autonómica, local, organismos públicos). Cualquier intento de detallar pasos, requisitos formales o consecuencias jurídicas sería especulativo y podría inducir a error en una materia especialmente sensible.

En consecuencia, lo único prudente que puedo hacer aquí es remitirte a la necesidad de recabar asesoramiento jurídico especializado (abogacía interna de la entidad, servicio jurídico público u otro profesional del derecho) que pueda analizar:

• La normativa sectorial aplicable a la entidad concreta (por ejemplo, normativa autonómica de archivos y documentos, o reglamentos internos de gestión de expedientes).
• Las obligaciones derivadas del hecho de que el expediente esté ya judicializado o pueda estarlo, y las eventuales responsabilidades por manipulación indebida de su contenido.
• La coordinación con las reglas sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos, que pueden condicionar la conservación o supresión de determinada documentación.

Sí puedo seguir ayudándote, dentro de mi ámbito, si reformulas la pregunta hacia aspectos más políticos o de actividad parlamentaria y gubernamental, por ejemplo: cómo se ha regulado recientemente la gestión documental en las administraciones públicas, qué debates parlamentarios ha habido sobre transparencia y archivos, o cómo se tramita una reforma legal que afecte a estos ámbitos. En esos casos, la información disponible sobre procedimientos legislativos (como la que describe cómo se modifica una ley o cómo se recurre una norma ante el Tribunal Constitucional) sí encaja con lo que puedo explicar con detalle y sin riesgo de inexactitudes.