El Tribunal Constitucional ha reclamado a las abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como al letrado mayor del Parlament balear, que presenten sus alegaciones sobre la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares.
Mediante una diligencia, el tribunal de garantías indica que, cuando están a punto de cumplirse cinco meses desde que la Cámara autonómica aprobara la derogación de la norma el pasado 24 de marzo, resulta necesario escuchar a las partes personadas en el procedimiento.
“Cabe recordar que el pasado 7 de julio la derogación quedó suspendida después de que el pleno del TC admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.”
“La suspensión de la vigencia y aplicación se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.”
En el recurso presentado, el Ejecutivo central advertía de que la derogación podría vulnerar los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al suprimir el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
“Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas.”
“Finalmente, en el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”