La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para las cuatro personas detenidas por la organización de peleas clandestinas, una de las cuales terminó con una víctima mortal.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado en esta misma jornada de que los cuatro arrestados están siendo investigados por un presunto delito de homicidio.
El encarcelamiento de los detenidos se produce tras la finalización por parte de la Policía Nacional de Granada de la segunda fase de la operación GANT, centrada en localizar a los implicados en la celebración de combates ilegales entre personas en situación de extrema vulnerabilidad, en uno de los cuales perdió la vida un drogodependiente.
Las pesquisas arrancaron el 12 de septiembre de 2026, tras el aviso a la Policía Nacional por una pelea en la vía pública que dejó a uno de los implicados inconsciente en el suelo y que acabó falleciendo. Se trataba de un hombre argelino de 43 años, que vivía en la indigencia.
Después de estos hechos se puso en marcha un plan de choque, activado el 22 de septiembre por el Cuerpo Nacional de Policía, que implicó el despliegue de unidades de caballería, UIP, UPR y medios aéreos en el entorno donde ocurrió la agresión.
Desde ese momento, el Grupo de Homicidios asumió la dirección de la investigación. Con la ayuda de la colaboración ciudadana, la localización de testigos y el análisis de abundante material videográfico, los agentes consiguieron identificar a los presuntos responsables.
El examen de las imágenes y de los testimonios permitió determinar que el otro contendiente y autor material del homicidio era también una persona en situación de exclusión social: un varón nacionalizado de unos 24 años, consumidor habitual de drogas y sin hogar, sobre el que ya pesaba una medida de prisión provisional.
Dadas las circunstancias de las víctimas, la Policía no descarta que la aporofobia —el rechazo, la aversión o el desprecio hacia las personas en situación de pobreza— pudiera estar vinculada con lo sucedido.
Tras la detención del autor material de los hechos, la UDEV abrió una segunda fase para identificar plenamente a quienes estaban detrás de la organización, arbitraje y supervisión de las peleas y que, en última instancia, eran responsables de la integridad física de los participantes, así como promotores de la situación vejatoria a la que eran sometidos, aprovechándose presuntamente de su adicción para incitarles a combatir.
A lo largo de esta fase se constató que el enfrentamiento en el que la víctima perdió la vida no fue un episodio aislado, sino que tanto el fallecido como el agresor ya habían intervenido con anterioridad en otros combates de la misma naturaleza.
La operación concluyó con la detención de otras cuatro personas como presuntas autoras de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, desarticulando así una red de peleas clandestinas que se lucraba de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, por orden judicial, los cuatro detenidos han sido enviados a prisión.