La Fiscalía solicita penas de siete años de cárcel para la diseñadora gallega Kina Fernández, su esposo, las dos hijas de ambos y un asesor financiero, a los que atribuye un delito de alzamiento de bienes vinculado al concurso de acreedores de la sociedad Volvoreta. Además, reclama que indemnicen de forma solidaria con 2 millones de euros por no haber satisfecho las deudas con sus acreedores, entre ellos de forma principal Hacienda.
El juicio contra las cinco personas acusadas y contra la propia Volvoreta, ya extinguida y cuyo concurso fue declarado culpable en 2015 --decisión confirmada en 2017--, se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña entre este martes y el jueves, del 13 al 15 de octubre.
Según el escrito de acusación, el matrimonio ejerció como administrador de la firma textil Volvoreta, que en 2010 se acogió al concurso de acreedores. A partir de ese momento, "se produce una secuencia de hechos dirigida a evitar el cumplimiento" por parte de la sociedad y de ambos cónyuges "de sus obligaciones con los acreedores".
La Fiscalía sostiene que, "cuando menos", entre enero de 2010 y febrero de 2013, Kina Fernández y su marido "realizaron todo tipo de actuaciones encaminadas a colocarse en situación de insolvencia y a no cumplir lo aprobado en la citada resolución aparentando así una insolvencia de la sociedad para no hacer frente a los pagos acordados". Para ello, habrían contado "con el asesoramiento" de un responsable de gestión financiera de Volvoreta y con la implicación de sus dos hijas, igualmente procesadas.
El relato acusatorio detalla que el matrimonio utilizó sociedades a nombre de las hijas (Vidalbugaba SL, Kaefe Madrid SL, Galitex, Ruarel SL y Rafflesia) con el fin de "desviar la actividad y facturación" de Volvoreta, cuyas ventas estaban integradas en el plan de pagos del concurso.
En esta línea, Volvoreta habría dejado de mantener el arrendamiento de varios locales comerciales, de forma que las empresas de las hijas pasaron a "explotar dichos establecimientos sin que conste pago de traspaso o cesión". Los acusados, según la Fiscalía, entregaban prendas a las tiendas de sus hijas "sin emitir factura y realizando así una desaparición de existencias". Se citan como ejemplo establecimientos situados en Lugo, Murcia, Madrid, A Coruña y Culleredo, donde se habría aplicado la "misma mecánica".
"Lo que se produce con este actuar es una desviación de toda la actividad de Volvoreta mediante la cesión de tiendas a terceras entidades y de la actividad mercantil", resume el Ministerio Público.
Desaparición de existencias y desvío de patrimonio
El plan de viabilidad recogía, en abril de 2011, un inventario de 20.658 prendas valoradas en casi 2 millones de euros. Sin embargo, cuando se abrió la fase de liquidación por el incumplimiento del convenio, en mayo de 2014, únicamente se hallaron 1.603 prendas, "sin que conste el destino de las mismas ni importe recibido por su venta".
Paralelamente, la acusación sostiene que Kina Fernández y su marido desviaron su patrimonio inmobiliario mediante la transmisión de bienes a favor de la sociedad Galitex. Entre las operaciones descritas figura una vivienda valorada en 400.000 euros, varias plazas de garaje, un trastero y participaciones sociales traspasadas, junto con otras maniobras que la Fiscalía considera fraudulentas.
Desde 2011, el matrimonio no habría efectuado "pago alguno" de las deudas contraídas con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el resto de acreedores.
Por todo ello, el Ministerio Público interesa siete años de prisión para Kina Fernández y su pareja, así como para sus dos hijas y el gestor financiero, en calidad de cooperadores necesarios. Para la mercantil Volvoreta se solicita también la imposición de una multa por su participación en los hechos.
Además de la indemnización conjunta de 2 millones de euros, la Fiscalía pide que se declare la nulidad de los actos que considera fraudulentos y que se habrían instrumentado mediante escrituras públicas y transmisiones de participaciones sociales. De forma subsidiaria, en caso de que no pueda anularse dichas operaciones, reclama que los acusados indemnicen solidariamente a los acreedores por el perjuicio causado.