Ignacio González insiste en que jamás influyó en los contratos del Canal de Isabel II

Ignacio González niega en el juicio del caso Lezo haber influido en contratos del Canal de Isabel II y desvincula a su familia de la empresa TCT.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a su llegada a la Audiencia Nacional, a 4 de noviembre de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). Isa Saiz - Europa Press

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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha declarado como procesado ante la Audiencia Nacional en el juicio del 'caso Lezo', defendiendo que "jamás" intervino "en ninguno de los contratos" públicos del Canal de Isabel II relacionados con un campo de golf.

Durante su interrogatorio por parte del Ministerio Fiscal este miércoles, González ha recalcado: "Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie".

El que fuera vicepresidente del Gobierno regional de la 'popular' Esperanza Aguirre ha afirmado que "nunca" tuvo noticia de la empresa TCT, beneficiaria de las adjudicaciones presuntamente irregulares, y ha mantenido que no tuvo "ningún conocimiento" de que dicha mercantil pudiera estar vinculada con su hermano, Pablo González, y su cuñado, Juan José Caballero, ambos igualmente acusados en este procedimiento.

Según ha relatado, la vinculación de sus familiares con TCT "fue ya muy posterior a la adjudicación de todo este contrato", precisando que se incorporaron a la sociedad en 2008, "una vez que la sociedad no tenía relación" con el Canal de Isabel II.

Ha añadido que, cuando "aparecieron algunas informaciones que decían que detrás de esa empresa había alguna relación" con su hermano y su cuñado, decidió preguntar al gerente del ente público. Este, según su testimonio, le indicó que no figuraban sus familiares en "toda la documentación que se presenta y que se analiza".

La Fiscalía reclama para todos los procesados penas de seis años de prisión por presuntos delitos de cohecho y por su participación como cooperadores necesarios, además de una multa de 550.000 euros.