Iustitia Europa ha elevado el tono de su advertencia al Consejo General del Poder Judicial ante la posibilidad de que la Comisión Permanente acuerde abrir diligencias informativas o expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado por el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La formación que preside Luis María Pardo sostiene que una actuación disciplinaria contra Peinado por el contenido de una resolución judicial pendiente de recurso supondría una “injerencia frontal” en la independencia judicial.
Además, el partido no descarta emprender acciones judiciales contra todo el CGPJ si finalmente se abre expediente al magistrado, al entender que esa decisión vulneraría la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el artículo 117 de la Constitución Española.
Una advertencia directa al órgano de gobierno de los jueces
La posición de Iustitia Europa llega en plena tensión institucional por la reunión del CGPJ para estudiar el auto de Peinado, especialmente la alusión a los escoltas de Begoña Gómez.
El magistrado justificó la retirada del pasaporte a la esposa del presidente, entre otros argumentos, por el riesgo de fuga. En ese contexto, apuntó que los agentes encargados de su seguridad podrían colaborar en una eventual huida, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos.
Esa frase provocó la queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y una dura reacción de varios sindicatos policiales.
“El CGPJ no es una instancia de apelación”
Iustitia Europa rechaza que la respuesta a esa polémica pueda canalizarse por la vía disciplinaria. La formación recuerda que el CGPJ no es una instancia de apelación y que no puede utilizar su potestad sancionadora para revisar, corregir o censurar el contenido de una resolución judicial.
A su juicio, si una parte discrepa del auto de Peinado, el cauce correcto son los recursos procesales ante los tribunales superiores, no una actuación disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
El partido apoya su tesis en el artículo 117 de la Constitución, que garantiza la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Para Iustitia Europa, sancionar o investigar disciplinariamente a un juez por el contenido de una resolución que todavía no es firme supondría invadir el núcleo de la función jurisdiccional.
La formación sostiene que la interpretación de las normas, la valoración de los hechos y la adopción de medidas cautelares forman parte de una competencia judicial que solo puede ser revisada por los órganos jurisdiccionales competentes.
La jurisprudencia de la Sala Tercera
Iustitia Europa afirma que la apertura de un expediente contra Peinado vulneraría también la jurisprudencia consolidada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Según la formación, esa doctrina delimita con claridad el alcance de la potestad disciplinaria del CGPJ y excluye que el Consejo pueda entrar a valorar el contenido jurídico de una resolución judicial.
En su comunicado, el partido cita resoluciones del Supremo que, a su juicio, impiden convertir la actividad inspectora o disciplinaria en un mecanismo para examinar el núcleo de la función jurisdiccional.
Iustitia Europa se reserva acciones legales
La formación concluye que ejercerá todas las acciones legales necesarias para defender la integridad de la función jurisdiccional. La advertencia incluye la posibilidad de actuar contra el propio CGPJ si finalmente se abre expediente a Peinado.
La polémica queda así situada en un choque de fondo entre dos lecturas contrapuestas: Interior y los sindicatos policiales denuncian una sospecha injustificada sobre los escoltas; Iustitia Europa sostiene que el CGPJ no puede utilizar esa controversia para intervenir disciplinariamente sobre el contenido de una resolución judicial.
La advertencia más dura de Iustitia Europa es la posibilidad de acudir a los tribunales contra el propio CGPJ. La formación sostiene que, si la Comisión Permanente abre expediente a Peinado por una resolución sub iudice, estaría actuando fuera de sus competencias.
En ese escenario, el partido no descarta emprender acciones judiciales contra todos los miembros del Consejo que respalden esa decisión. El argumento central es que una actuación de ese tipo podría constituir una vía de hecho y una vulneración de la separación de poderes.
Pardo habla de “asalto” a la independencia judicial
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha calificado la eventual actuación disciplinaria como un ataque directo al núcleo de la independencia judicial.
“Estamos ante un asalto al núcleo de la independencia judicial”, sostiene Pardo. A su juicio, si el CGPJ utiliza la vía disciplinaria para corregir el criterio de un juez que instruye una causa relacionada con el entorno del poder ejecutivo, el Estado de Derecho quedaría seriamente comprometido.
Pardo insiste en que la potestad disciplinaria no puede convertirse en una fórmula alternativa para revisar resoluciones judiciales. “La potestad disciplinaria no es una tercera instancia para quienes no logran sus objetivos mediante recursos procesales”, afirma el presidente de Iustitia Europa.
La formación interpreta que una actuación contra Peinado enviaría un mensaje intimidatorio a otros jueces: que cualquier magistrado que instruya causas sensibles para el poder político puede verse sometido a presión gubernativa.
La causa contra Begoña Gómez
El auto que ha provocado la polémica acuerda la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Además, Peinado impone a la esposa del presidente varias medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada quince días en el juzgado. La controversia se ha centrado especialmente en la justificación del riesgo de fuga y en la referencia a los agentes encargados de su seguridad.
Una decisión con consecuencias institucionales
El CGPJ deberá decidir ahora si traslada las palabras de Peinado al Promotor de la Acción Disciplinaria o si descarta abrir una vía disciplinaria contra el magistrado.
Para Iustitia Europa, esa decisión puede marcar un precedente especialmente delicado. El partido sostiene que el Consejo debe actuar como garante de la independencia judicial, no como un órgano de censura sobre resoluciones que aún pueden ser recurridas ante los tribunales.