La Audiencia Provincial de Bizkaia ha ratificado la citación como investigadas de cuatro personas, entre ellas la exalcaldesa de Zaldibar por EH Bildu entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri. La decisión confirma la resolución del Juzgado de Durango en la causa abierta por presuntos delitos contra la ordenación del territorio vinculados al vertedero de Zaldibar, que se derrumbó el 6 de febrero de 2020 y en cuyo siniestro murieron los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.
En un auto ya firme, el tribunal ha acordado el sobreseimiento libre de las diligencias respecto a otras cinco personas que también habían sido llamadas a declarar como investigadas por la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Durango en este procedimiento.
Con esta resolución, la Audiencia vizcaína modifica solo parcialmente el auto del juzgado durangués, que había ordenado inicialmente la citación como investigadas de nueve personas en total dentro de esta pieza separada.
En esta causa se analizan hechos que podrían encajar en delitos contra la ordenación del territorio y que derivan de otra investigación centrada en posibles delitos contra el medio ambiente relacionados con el mismo vertedero de Zaldibar, cuyo colapso el 6 de febrero de 2020 provocó la muerte de dos operarios.
Hasta la fecha, el único procedimiento judicial concluido es el relativo al fallecimiento de estos dos trabajadores, que terminó mediante un acuerdo de conformidad por el que tres responsables de la empresa titular del vertedero fueron condenados por homicidio imprudente.
Recurso y sobreseimiento para cinco investigados
Las nueve personas que habían sido citadas como investigadas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio recurrieron el auto del Juzgado de Durango ante la Audiencia de Bizkaia. Esta ha estimado ahora los recursos de cinco de ellas y ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a estas personas, lo que impide que el procedimiento continúe en su contra.
El tribunal aprecia que, en estos casos, se habría producido una “quiebra absoluta del derecho de defensa” al acordarse su declaración como investigados una vez agotado el plazo legal de instrucción y sin que sus letrados dispusieran de resolución judicial alguna hasta fechas en las que “ya no disponían de la posibilidad de articular una estrategia defensiva, de combatir las fuentes de imputación, de proponer pruebas de descargo, y sobre todo, de tener conocimiento de la imputación delictiva efectuada a sus clientes”.
“En definitiva, entendemos que el discurrir del proceso ha provocado la afectación radical de su derecho constitucional que provoca que su llamada a declarar en calidad de investigados no sea válida por vulnerar su derecho fundamental”, concluye la Audiencia de Bizkaia.
La exalcaldesa y otros tres seguirán investigados
En cambio, respecto a las otras cuatro personas, entre las que se encuentra la exregidora de Zaldibar entre 2011 y 2018 por EH Bildu, el órgano judicial vizcaíno desestima sus recursos de apelación y mantiene la decisión del Juzgado de Durango de tomarles declaración como investigadas por los hechos objeto de estas diligencias.
Según razona el tribunal, la posición procesal de estas cuatro personas es distinta, ya que su posible implicación se conoció a partir de un atestado ampliatorio de la Ertzaintza recibido el 16 de junio de 2025 y, en el momento en que el juzgado acordó su citación como investigadas, en su caso no se había agotado el plazo legal de instrucción.
El auto del Juzgado de Durango también delimitó temporalmente el ámbito de la investigación penal y declaró prescritos de forma expresa los hechos anteriores a 2015, un extremo que la Audiencia de Bizkaia mantiene y no deja sin efecto en su resolución.