La esposa del responsable del club de golf Ría de Vigo, procesado por varios presuntos delitos contra la Hacienda pública, ha negado ante el tribunal la existencia de un entramado de sociedades ‘pantalla’ destinado a esquivar obligaciones fiscales o a canalizar ingresos no declarados.
Estas manifestaciones las ha realizado en calidad de testigo durante el juicio contra su marido, Cholmin K.K., para quien la Fiscalía reclama penas que alcanzan los 10 años de prisión por fraude fiscal. La vista se desarrolla en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la sede judicial de Vigo.
En la sesión de este lunes, además del debate sobre las cuestiones previas, comparecieron los testigos presentados por la defensa, que tratan de acreditar que el acusado no obtuvo beneficio alguno de ingresos ilícitos y que las cantidades percibidas se dedicaron a hacer frente a deudas acumuladas.
En esta línea, tanto uno de los empleados del club de golf como la propia esposa del procesado han admitido que la sociedad que administraba las instalaciones atravesó serios problemas económicos, lo que provocó retrasos en el pago de salarios y un incremento de las obligaciones pendientes de pago.
La mujer de Cholmin ha insistido en que no recurrieron a ninguna red de sociedades pantalla para recibir fondos sin declararlos, y ha subrayado que, cuando la empresa ingresaba dinero procedente de otras sociedades, esas cantidades se utilizaban de forma inmediata para cubrir las deudas existentes. También ha precisado que los ejercicios fiscales objeto de este procedimiento son 2016, 2017 y 2019, periodos en los que aún no estaban casados.
Acusación de fraude millonario a Hacienda
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el empresario habría defraudado a la Agencia Tributaria cerca de 1,4 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2019. En esos años presentó declaraciones de IRPF con resultado negativo, lo que motivó que Hacienda le devolviese casi 5.000 euros.
No obstante, según sostiene la Fiscalía, en ese mismo intervalo el acusado percibió otros ingresos que no fueron incluidos en sus declaraciones, canalizados a través de sociedades radicadas en Panamá. Entre 2017 y 2019 habría cobrado más de 2 millones de euros de esas entidades.
Además, habría recibido otras sumas procedentes de una sociedad con domicilio en Angola, de cuentas bancarias abiertas en Corea y de rendimientos laborales en Países Bajos y Corea, que en conjunto superarían los 300.000 euros. A ello se sumarían otros ingresos “no justificados” ingresados en cuentas de Corea, Países Bajos y España, por más de 425.000 euros, así como rendimientos de capital mobiliario “ocultos” por un importe cercano a 40.000 euros.
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye tres delitos contra la Hacienda Pública y solicita para él un total de 10 años de prisión, además de la imposición de multas que ascienden a 3 millones de euros.
El juicio proseguirá este martes y miércoles con la declaración de nuevos testigos y peritos, y concluirá con la comparecencia del propio acusado, que será el último en prestar declaración.