La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha trasladado al juez Antonio Piña que este órgano sí es competente para asumir la investigación de una querella interpuesta contra el cantante Julio Iglesias por dos antiguas empleadas que le atribuyen presuntas agresiones sexuales y abusos en el ámbito laboral.
En su momento, el Ministerio Público acordó en enero pasado archivar unas diligencias previas al entender que existía "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para conocer los hechos denunciados, supuestamente ocurridos en la zona del Caribe. No obstante, ya entonces precisó que las denunciantes podían "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" que considerasen oportunos.
Ahora, el fiscal ha remitido al magistrado un nuevo informe en el que se pronuncia a favor de que la Audiencia Nacional asuma la causa, según avanzó 'Eldiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público. A partir de este dictamen, corresponderá al instructor decidir si abre o no una investigación formal.
Meses después de aquel archivo inicial, las dos extrabajadoras --que se identifican como Rebeca y Laura-- presentaron una querella ante la AN en la que reclaman que se indaguen presuntos episodios de explotación laboral y violencia sexual que se habrían producido en 2021 en inmuebles propiedad del artista situados en Bahamas y en República Dominicana.
Desde la organización Women's Link sostienen que el cantante se habría valido de su "posición de poder" y de la especial vulnerabilidad de las trabajadoras para "captarlas, trasladarlas y alojarlas" en sus residencias, manteniéndolas en un contexto de "intimidación constante" y sometiéndolas presuntamente a agresiones sexuales reiteradas y a condiciones de trabajo "forzadas y degradantes".
Las dos exempleadas querellantes --una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta-- denunciaron haber padecido tocamientos, insultos y humillaciones durante su actividad profesional, en un entorno de control permanente y acoso continuado, de acuerdo con una investigación de 'Eldiario.es' en colaboración con Univision Noticias.
La entidad que ejerce su representación jurídica argumenta que los tribunales españoles son competentes en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos españoles cuando se cumplen los requisitos legales, así como en virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por España.