La jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha decidido no admitir una serie de diligencias solicitadas por una acusación particular en relación con el Ayuntamiento de Aldaia. Lo hace tras la declaración como testigo del alcalde, Guillermo Luján, y al remarcar que no se produjeron fallecimientos por una orden de retirar vehículos de las calles y porque esa petición “soslaya que las funciones que se atribuyen a los Ayuntamientos han de vincularse igualmente con las distintas fases de la emergencia conforme al Plan Especial ante el riesgo de inundaciones”.
Así consta en un auto fechado el 9 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la magistrada rechaza la solicitud de la acusación particular. Considera que esta parte no tiene legitimación activa para impulsar dichas diligencias, al tratarse de pruebas que no guardan conexión directa con los fallecimientos por los que está personada en el procedimiento, ocurridos en Catarroja y Paiporta.
En Aldaia fallecieron seis personas, cuatro de ellas en sus viviendas y otras dos en garajes. “Ninguna falleció como consecuencia de una orden de retirada de los vehículos de las calles. El confinamiento no es la medida que se ha de aplicar en zonas de riesgo (bajos y garajes), sino la medida opuesta. Cuatro de los fallecidos en la localidad de Aldaia perecieron precisamente en sus propios domicilios”, expone la jueza en su resolución.
La magistrada enlaza estos hechos con el momento en que se produjeron las muertes y con los distintos niveles, 0, 1 y 2, previstos para la gestión de la emergencia. En su declaración testifical, el alcalde explicó que el desbordamiento mortal tuvo lugar a partir de las 20,00 horas, “momento en que saltó el agua por encima del dique que se conoce como “cunetó”, y que, a partir de dicho momento, el agua tardaría una media hora en llegar al casco urbano”.
Según consta en la causa, sobre las 19,00 horas se declaró la situación 2 para toda la provincia de Valencia, “lo que supone una insuficiencia de medios locales, por sí solos, para hacer frente a la emergencia”.
Diligencias solicitadas sobre la actuación en Aldaia
La acusación particular reclamaba, entre otras diligencias, el Libro de Novedades y Registro de Comunicaciones de la Policía Local de Aldaia del 29 de octubre de 2024, detallando las órdenes cursadas por la Alcaldía en relación con el uso de megafonía, cortes de tráfico, retirada o traslado de vehículos e intervenciones de auxilio.
Gestión de alertas y falta de legitimación
También interesaba que se remitiera un oficio a la secretaría del consistorio para identificar “formalmente” al técnico/a municipal de Protección Civil o responsable del Área de Emergencias que participó en la elaboración del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAM IN) y en la gestión de las alertas el 29O, y que se le citara a declarar como testigo.
Sobre este extremo, la jueza concluye que la acusación particular carece de legitimación para ejercer acciones penales por una supuesta imprudencia grave en Aldaia atribuida a la denominada “autoridad municipal”, y recuerda que tampoco actúa como acusación popular. Por ello, no puede pedir diligencias de prueba centradas en la localidad, “desconectadas con los fallecimientos que pretende investigar, y respecto de los cuales está personado en el ejercicio de la accion penal”.
A la falta de legitimación activa se suma, según el auto, que la alusión genérica a la “autoridad municipal” no puede servir como base para una imputación. “Se ha de identificar personalmente, con expresa designación si así lo creyera, del Alcalde (no se le cita con su nombre, ni su cargo), de los integrantes de la corporación, o de quien estime pertinente, como responsable del presunto hecho delictivo”, precisa la magistrada.
El papel del PAM IN y la documentación pendiente
La resolución incide además en que la ausencia de aprobación del PAM IN, primer argumento de la acusación para sostener una imprudencia grave, “no puede constituir base en la imputación de los fallecimientos”. A juicio de la jueza, “se precisaban alertas y comunicaciones precisas, destinadas a los diversos municipios, y un control efectivo de las fuentes de riesgo, dado que el riesgo de la inundación, por su evolución y gravedad, requería que se extendiera la vigilancia de los barrancos, de manera extensa y permanente”.
La instructora recuerda igualmente que sigue pendiente que el alcalde remita diversa documentación solicitada por las partes: su intervención en un pleno extraordinario del Ayuntamiento sobre lo ocurrido el 29O, informes de la Policía Local acerca de las incidencias registradas, los avisos difundidos a la población a través de redes sociales por parte del consistorio y los mensajes de whatsapp internos del Ayuntamiento relacionados con la gestión de la emergencia.