El magistrado del Tribunal Supremo (TS) instructor del 'procés', Pablo Llarena, y el fiscal de sala del TS Javier Zaragoza han lanzado una seria advertencia sobre el aumento de la polarización en la vida política y en el debate público en España. Ambos han incidido en la debilidad de las instituciones y en las tensiones entre poderes del Estado, mencionando Zaragoza de forma expresa los “choques” entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a propósito de la ley de amnistía.
Los dos juristas han intervenido en la presentación del libro del magistrado Enrique López, titulado 'El estado del Estado', acto que han aprovechado para reflexionar sobre el clima político actual, la seguridad jurídica y el equilibrio entre los distintos poderes en el ámbito nacional.
En su intervención, Llarena ha sostenido que la polarización presente “lo rompe todo” y deteriora de forma grave la “credibilidad de las instituciones”, la cohesión social, las relaciones exteriores y la propia legitimidad del Ejecutivo.
El instructor del 'procés' ha reclamado separar el análisis sobre el funcionamiento del Estado de la “política de partidos” y ha defendido una ética pública basada en la moderación, el sentido del deber, la objetividad y el respeto escrupuloso al pluralismo político.
Al mismo tiempo, el magistrado del Supremo ha sostenido que la defensa de la unidad de España debe apoyarse en el reconocimiento de la diversidad interna del Estado. Para ello, ha pedido apuntalar elementos comunes como una fiscalidad justa, una asistencia sanitaria equiparable en todo el territorio y evitar la fragmentación de espacios compartidos por motivos culturales.
También ha resaltado la importancia de afrontar con una visión de largo plazo desafíos globales como la gestión e integración de los flujos migratorios y el avance de la innovación tecnológica.
“Deterioro institucional” y regeneración democrática
Por su lado, el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha coincidido en señalar un profundo “deterioro institucional” derivado de enfrentamientos entre órganos que, a su juicio, desbordan los límites de sus competencias. En este contexto, ha puesto el acento en las discrepancias entre el Supremo y el Tribunal Constitucional en torno a las resoluciones sobre la amnistía.
En esa misma línea, el fiscal ha subrayado que una auténtica regeneración democrática exige garantizar de manera estricta la independencia del poder judicial y la libertad de los medios de comunicación.
Zaragoza ha rechazado que la regeneración pase por “colonizar el poder judicial” o por “coartar la libertad de prensa”, conductas que ha atribuido a “determinados sectores políticos”, y ha llamado a reemplazar el enfrentamiento y el sectarismo por el diálogo, la convivencia y la búsqueda de acuerdos.
El autor del ensayo y magistrado Enrique López también ha avisado del peligro de que la ciudadanía termine “acostumbrándose al deterioro” de la vida pública. Ha defendido la vigencia de la Constitución de 1978, la autonomía de la Justicia y la necesidad de fijar límites claros al poder cuando quien gobierna pretende “ampliar su margen de actuación”.
López ha expresado su inquietud por la facilidad con la que se normalizan las anomalías en la esfera pública hasta que “acaban formando parte del paisaje” y se rebajan los estándares democráticos. En este sentido, ha cuestionado la práctica de valorar las decisiones según quién las impulsa en lugar de examinar si son aceptables.
En conclusión, ha llamado a dejar atrás el pesimismo y a asentar las bases éticas e institucionales necesarias para construir “una España más fuerte, más justa y más unida”, en la que la discrepancia sea posible dentro de un proyecto común compartido.