El juez Juan Carlos Peinado ha incluido en su auto una referencia directa a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El magistrado plantea que esos agentes podrían llegar a colaborar en una hipotética fuga de Gómez, una afirmación que ha provocado una dura reacción en Moncloa.
Según el auto, “lo que no cabe duda” es que esos policías podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en acciones destinadas a facilitar esa fuga.
La frase más polémica del auto
La referencia a los escoltas aparece dentro de la justificación de las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez. Peinado sostiene que esa posible colaboración impediría que la acusada quedara a disposición de la justicia, argumento con el que fundamenta la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
La afirmación ha añadido un nuevo elemento de tensión al caso, al afectar no solo a Gómez, sino también a los agentes encargados oficialmente de su seguridad.
Moncloa habla de “despropósito”
Fuentes de Moncloa han reaccionado con dureza a esa parte del auto. El Ejecutivo considera que las palabras de Peinado, al insinuar que agentes de la Policía Nacional podrían colaborar en una supuesta fuga, son “otro ejemplo del despropósito” en el que, a su juicio, ha caído el magistrado.
El Gobierno interpreta la resolución como una nueva muestra de la “persecución” contra Begoña Gómez y denuncia que el juez actúa movido por razones políticas.
Además de abrir juicio oral, Peinado ha acordado imponer varias medidas cautelares a la esposa del presidente. Begoña Gómez deberá entregar su pasaporte, no podrá abandonar el territorio nacional y tendrá que comparecer cada quince días en el juzgado. El magistrado adopta así la petición de las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, y desoye el criterio de la Fiscalía y de las defensas, que se oponían a esas medidas.
Juicio con jurado popular
Peinado ha enviado a Begoña Gómez a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El auto también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, que irá a juicio por los mismos delitos. La causa investiga la actividad profesional de Gómez, su relación con determinados proyectos privados y el posible uso de recursos vinculados a Moncloa.
El papel de Cristina Álvarez
Cristina Álvarez ha sido investigada por su papel de apoyo a Begoña Gómez en actividades relacionadas con su trabajo. El juez considera que debe sentarse en el banquillo junto a la esposa del presidente por los mismos delitos atribuidos a esta. La decisión amplía el impacto político del procedimiento, al afectar también a una asesora vinculada a La Moncloa.
El auto de Peinado contradice la posición de la Fiscalía, que se había opuesto tanto a la continuidad de determinadas medidas como a la imposición de nuevas cautelares.
Las defensas también habían rechazado la necesidad de retirar el pasaporte o limitar los movimientos de Gómez, al considerar que no existía riesgo de fuga ni motivos para mantener viva la causa en esos términos. Pese a ello, el juez ha decidido seguir el criterio de las acusaciones populares.
Un nuevo choque entre el Gobierno y Peinado
La alusión a los escoltas ha intensificado el choque entre el Gobierno y el juez instructor. Moncloa considera que el magistrado ha cruzado una nueva línea al proyectar sospechas sobre agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado sin base suficiente.
El Ejecutivo ve en esta resolución un nuevo episodio de una causa que, según sostiene, se ha convertido en una herramienta de desgaste contra Pedro Sánchez y su entorno.