La Audiencia de Valladolid juzga este martes, 13 de octubre, a un joven identificado como C.H., que afronta una petición conjunta de penas que asciende a 112 años de prisión, acusado de haber intervenido, de madrugada en 2023, en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana, en una violación grupal contra una mujer con discapacidad.
El acusado, que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos y permanece en prisión provisional, será enjuiciado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial. Se le imputan siete delitos de violación con violencia e intimidación cometidos de forma conjunta por varias personas y acompañados de actos de especial humillación y vejación sobre una persona en situación de especial vulnerabilidad por su discapacidad, además de un delito de robo con intimidación y uso de medio peligroso y otro de elaboración de pornografía con persona con discapacidad.
La Fiscalía y la acusación particular coinciden en solicitar un total de 112 años de cárcel, con un máximo efectivo de cumplimiento de 20 años. De esa suma, catorce años corresponderían a cada uno de los siete delitos de violación, diez años al delito de pornografía y cuatro al de robo. Reclaman también la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 24 años, diez años de libertad vigilada y, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaciones de 35.600 y 145.000 euros por las lesiones, secuelas y el daño moral causado.
De acuerdo con los escritos de calificación provisional de las acusaciones, a los que ha tenido acceso Europa Press, el procesado habría actuado de común acuerdo con, al menos, otros seis varones. En el relato de los hechos se detalla que el joven y otros dos hombres se aproximaron a la víctima y le preguntaron si ella "follaba" y si les "follaría". Cuando la mujer indicó que tenía que irse, el acusado le respondió: "¡Tú de aquí no te vas, chúpamela!" y le mostró un objeto punzante mientras le decía: "!Dame la cartera, paya de mierda!".
La mujer, que presenta un retraso mental leve/moderado y una discapacidad reconocida del 59%, entregó una cartera con 20 euros. Según sostiene la Fiscalía, su consentimiento estaba viciado por su especial vulnerabilidad y ausencia de plena libertad de decisión. A continuación, el procesado la obligó a subir a una zona superior bajo la amenaza de clavarle "el pincho" y, una vez allí, llamó por teléfono a más varones para que acudieran al lugar. "Venid, que follamos gratis", recoge la acusación que les dijo.
Tras la llegada de otros cuatro hombres, que rodearon a la víctima, la mujer pidió que la dejaran marcharse. El acusado contestó de forma amenazante: "¡Me cago en tus muertos, no te vayas!". Acto seguido, siempre según la versión de las acusaciones, el resto de participantes comenzaron a agredirla, insultarla y obligarla a practicarles felaciones, además de penetrarla vaginalmente, llegando a orinar y escupir sobre ella. Al término de los hechos, el acusado la citó para el día siguiente con la intención de repetir los abusos. "Oye, quedamos mañana para que te follen quince y tienes que poder con los quince", habría dicho el joven.
Agresión grabada con el móvil y secuelas para la víctima
El procesado habría registrado la agresión con su teléfono móvil, en unos vídeos en los que se escucha a los implicados pronunciar expresiones como "vamos hija", "mirar esto señores, vamos", "chupa", "me cago en tu raza, chupa", "me cago en la casta que tienes" o "estamos gozando".
La víctima, diagnosticada de retraso mental leve/moderado y con una discapacidad del 59%, sufrió diversas lesiones físicas y un importante daño psicológico. Para la Fiscalía, la joven no dispone de plena capacidad para prestar un consentimiento válido en el ámbito sexual, al estar condicionado por su especial situación de vulnerabilidad.
En relación con estos mismos hechos, dos menores presuntamente implicados ya fueron juzgados el pasado mes de junio en el Juzgado de Menores. El procedimiento concluyó con la absolución de uno de ellos y la condena del otro como autor de seis delitos de violación, con una pena de tres años de internamiento en régimen cerrado. En este caso, la prueba de ADN resultó decisiva para dictar la condena.