El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de un posible uso indebido de fondos públicos en la compra de un ático de lujo en el barrio madrileño de Chamberí, adquirido por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros. Tras examinar las siete denuncias presentadas, el organismo ha decidido continuar las actuaciones y dar paso a una investigación en profundidad para esclarecer si la operación, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ocasionó un perjuicio a las arcas públicas.
La resolución, adoptada este jueves y notificada a las partes este viernes, cuenta con el respaldo de la Fiscalía y abre la puerta al nombramiento de un instructor que podrá reclamar documentación, tomar declaraciones y solicitar informes periciales para determinar el valor real del inmueble. Según el auto adelantado por El País, la consejera Rosario María Álvarez considera que existen motivos para investigar una posible salida de fondos públicos "carente por completo de justificación legal".
Las cuatro irregularidades que examinará el Tribunal de Cuentas
En su resolución de 28 páginas, la consejera identifica cuatro aspectos de la operación que justifican continuar la investigación. El primero afecta a las competencias de Planifica, la empresa pública encargada de la adquisición, que únicamente puede comprar inmuebles destinados a usos administrativos.
Sin embargo, el ático está ubicado en un edificio residencial de la calle General Martínez Campos, número 35, una circunstancia que suscita dudas sobre su idoneidad para albergar dependencias de la Administración autonómica.
A ello se añade que, según recoge el auto, la propia Consejería de Presidencia justificó la compra mediante un informe elaborado en julio en el que primaban razones vinculadas al uso residencial del inmueble, pese a que la operación debía responder a necesidades administrativas.
La cuarta cuestión afecta al precio. El Tribunal de Cuentas quiere esclarecer si la Comunidad de Madrid pagó un sobreprecio por el ático, adquirido por 6,3 millones de euros y posteriormente puesto a la venta por 6,7 millones, una cantidad que incorpora los impuestos de la operación.
El hecho de que el inmueble continúe sin comprador también ha llamado la atención del organismo fiscalizador. Según la resolución, esta circunstancia "puede ser indiciario de que el mercado no ha absorbido el precio de venta fijado".
La Comunidad de Madrid pidió archivar las actuaciones
Durante el examen preliminar de las denuncias, el Ejecutivo autonómico solicitó el archivo del procedimiento al considerar que no existía un perjuicio económico acreditado.
Entre sus argumentos, defendió que la eventual venta del inmueble por debajo del coste de adquisición supondría una pérdida patrimonial meramente hipotética y futura, insuficiente, a su juicio, para justificar la continuación de las actuaciones.
El Tribunal de Cuentas ha rechazado cerrar el expediente en esta fase. La decisión no acredita todavía que se haya producido un daño a los fondos públicos ni determina responsabilidades contables, pero permitirá practicar nuevas diligencias para comprobar las circunstancias de la compra.
La Comunidad de Madrid dispone de cinco días desde la notificación para presentar un recurso de reposición ante la consejera que ha dictado la resolución, aunque su interposición no suspenderá las actuaciones.
Una compra bajo investigación judicial y contable
La adquisición del ático salió a la luz el pasado 29 de julio, cuando El País publicó que la Comunidad de Madrid había comprado el inmueble para destinarlo inicialmente a oficina temporal de la presidenta autonómica.
La operación provocó críticas de los partidos de izquierda, que cuestionaron el destino previsto para la vivienda y vincularon la compra con un posible interés en habilitar una residencia oficial para Ayuso.
Además del procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas, los hechos están siendo examinados en un juzgado de instrucción de Madrid, por lo que la operación continúa sometida a investigaciones en dos ámbitos distintos.
Uno de los denunciantes personados, el abogado Javier Flores, ha anunciado que solicitará la suspensión del proceso de venta del inmueble durante la instrucción para preservar las pruebas. "Si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños", ha afirmado.
Más Madrid y el PSOE cargan contra Ayuso
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha responsabilizado políticamente a la presidenta autonómica de la operación y ha asegurado que la compra del ático respondía a un "uso partidista de las instituciones".
También se ha pronunciado el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López, que ha difundido la noticia en sus redes sociales junto a un vídeo de Alberto Núñez Feijóo en el que el presidente del PP relativizaba el coste de la adquisición. "Luego te hablan de mafia", ha escrito López.
La Comunidad de Madrid no había ofrecido una nueva valoración pública de la resolución en el momento de conocerse su contenido.
El siguiente paso corresponderá al Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas, encargado de nombrar al instructor que deberá determinar si existen responsabilidades contables por la utilización de fondos públicos en esta operación.