La Audiencia Provincial de Bizkaia ha impuesto al propietario de una academia de inglés de Bilbao una pena de un año de prisión y una multa de 1.080 euros por haber engañado a 13 familias con un supuesto curso de verano en Irlanda que finalmente no se llevó a cabo.
En una sentencia de conformidad, ya firme, el tribunal acuerda dejar en suspenso la ejecución de la pena de cárcel durante dos años, siempre que en ese tiempo no vuelva a cometer ningún delito y que, además, pague en el plazo de dos meses la cantidad fijada en concepto de daños morales.
El fallo declara acreditado que el condenado regentaba en 2019 una academia de inglés en Bilbao y que ofreció a familias de dos academias de Barakaldo un viaje organizado a Irlanda, previsto para julio de ese mismo año, con el objetivo de que sus hijos mejoraran el idioma.
El acusado mantuvo varias reuniones con los padres de los alumnos y, con “ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, hizo creer a los interesados que se encargaría de organizar el viaje” de los menores a Dublín, así como la estancia con familias de acogida.
En total, 13 familias efectuaron diferentes pagos que sumaron 37.050 euros. No obstante, el tribunal considera probado que el procesado “nunca tuvo voluntad de planificar dicho viaje” y que el 1 de julio de 2019, un día antes de la fecha prevista de salida, remitió un mensaje de WhatsApp a los progenitores en el que les comunicaba la cancelación del curso.
A partir de ese momento, las víctimas dejaron de poder contactar con él por ningún medio. El hombre había cerrado la academia y se había quedado con el dinero que las familias habían ingresado en su cuenta bancaria.
La resolución detalla igualmente que, el 14 de julio de 2026, el acusado consignó 37.500 euros para cubrir la responsabilidad civil derivada del delito, lo que ha permitido aplicar la atenuante de reparación del daño. Además de la pena de prisión y la multa económica, la Audiencia fija que, por daños morales, deberá abonar a cada familia una indemnización de 500 euros.
Finalmente, el tribunal reitera la suspensión de la pena privativa de libertad durante dos años, condicionada a que el condenado no delinca de nuevo en ese periodo y satisfaga en el plazo de dos meses la cantidad establecida por daños morales.