El Ayuntamiento de Linares (Jaén) y su aseguradora han admitido la vulneración del derecho al honor de una vecina del municipio y han pactado abonarle, de forma conjunta y solidaria, una compensación de 15.000 euros, después de que la Policía Local difundiera su imagen sin pixelar en sus perfiles oficiales de redes sociales. Según el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, la cuantía ya ha sido satisfecha a la afectada.
Los hechos se originan en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Policía Local de Linares, donde se mostraba el rostro de la mujer de manera nítida, permitiendo su identificación pública y asociándola a un siniestro de tráfico en el que se la vinculaba con la conducción bajo los efectos del alcohol.
Tal y como ha explicado el despacho CH Abogados, la afectada presentó una demanda frente a la administración municipal y su compañía de seguros por la lesión de sus derechos fundamentales al honor y a la propia imagen, solicitando una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
El procedimiento contencioso llegó a celebrarse, con la declaración en la vista de varios agentes de la Policía Local. No obstante, ninguno de los testigos pudo precisar quién gestionaba en aquel momento las redes sociales de la Jefatura ni quién fue la persona que subió concretamente la publicación controvertida.
Ante la imposibilidad de determinar al responsable de las redes, el tribunal acordó suspender la vista para practicar nuevas diligencias y fijar una nueva fecha con el objetivo de que compareciera el encargado de dichos perfiles. Sin embargo, antes de que se celebrara esa continuación del juicio, el Ayuntamiento de Linares y la aseguradora cerraron un acuerdo con la representación legal de la perjudicada.
El pacto alcanzado ha sido ratificado mediante el Auto 168/2026, de 28 de octubre, dictado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Jaén, Plaza número 2, que declara concluido el procedimiento.
El abogado de la mujer, Carlos Chamorro, ha subrayado que este asunto "trasciende la propia indemnización económica" y abre un debate sobre los límites de actuación de las administraciones públicas y la obligación de respetar los derechos fundamentales.
En esta línea, el letrado ha recordado que "una persona puede cometer un error, puede verse involucrada en un incidente o incluso ser investigada (...) . Pero nada de eso significa que pierda sus derechos fundamentales ni que cualquiera pueda exponerla públicamente".
Chamorro también ha rechazado el argumento esgrimido por la defensa del Ayuntamiento, que trataba de amparar la difusión de la imagen en una supuesta finalidad de concienciación ciudadana. A su juicio, "concienciar a la población no puede convertirse en una excusa para vulnerar el honor, la intimidad o la propia imagen de una persona", insistiendo en que hay otras fórmulas para impulsar campañas de seguridad vial sin recurrir al rostro de un ciudadano concreto.
Por último, el letrado ha remarcado que "las redes sociales de una Administración no son un espacio ajeno a la ley ni una zona libre de derechos fundamentales", alertando de la estigmatización social y del impacto en el ámbito familiar y laboral que pueden padecer quienes se ven expuestos en este tipo de publicaciones institucionales.