Vox, personado como acusación popular, ha solicitado a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que instruye la causa por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y resultaron heridas más de 120, que cite como testigo a una investigadora de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El objetivo es que pueda aclarar las "incongruencias advertidas" en la documentación relativa a las soldaduras de las vías en el tramo de Adamuz.
De acuerdo con el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, dicha investigadora traslada esas advertencias en una comunicación interna dirigida al presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, a la que se suma el oficio de ampliación de información remitido por la propia CIAF a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba. Por este motivo, la acusación pide que se practique la diligencia de toma de declaración testifical.
La comunicación de la investigadora alude a la información remitida por Adif sobre la obra ‘Renovación de desvíos (fase 2) en la LAV Madrid-Sevilla’, detallando los partes de soldaduras, las actas de neutralizaciones y homogeneizaciones, el informe final de soldaduras aluminotérmicas y sus notas aclaratorias. La técnica pone "las incongruencias" en conocimiento de la Presidencia, amparándose en el artículo 20.1 de la Ley 2/2024, que regula la comunicación de hechos que pudieran constituir un posible ilícito penal.
Por su parte, el oficio de ampliación concreta "dudas sobre la coherencia de las fechas y el control de versiones del informe, la naturaleza de determinadas firmas y la contradicción entre la nota aclaratoria 2, elaborada después del suceso, y documentación preexistente". La acusación incide en que "estas observaciones justifican su aclaración judicial, sin que esta solicitud presuponga la existencia de falsedad documental ni atribuya responsabilidad penal a persona alguna".
En base a los artículos 311 y 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Vox reclama la práctica de estas diligencias de investigación, "por su utilidad para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y contrastar la fiabilidad de la documentación técnica relacionada con ellos", incorporando a la causa las comunicaciones que son objeto de la declaración.
La formación indica que conoce "estas informaciones publicadas en prensa y que están incorporadas a las diligencias en una carpeta denominada 'Ingongruencias DVD', pero no constan incorporadas a ninguna de las piezas". Por ello, solicita que, si aún no se han unido a la pieza de investigación, se recaben de la CIAF y se incorporen la comunicación de la investigadora de fecha 6 de febrero de 2026 y el oficio de ampliación de información dirigido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, junto con los anexos que, en su caso, acompañen a dichas comunicaciones. Si ya obraran en las actuaciones, pide que estén disponibles durante la comparecencia para "permitir su reconocimiento y la identificación precisa de las discrepancias".
Petición de declaración testifical
El escrito también interesa que se acuerde recibir declaración, en calidad de testigo, a la investigadora responsable del estudio del siniestro, pudiendo tramitarse su citación a través de la CIAF y con intervención de todas las partes personadas. La diligencia persigue "conocer los hechos y comprobaciones que determinaron su comunicación al presidente de la CIAF, diferenciando lo que le consta personalmente de lo advertido por otros miembros del equipo investigador" y precisa que "no se solicita que emita un dictamen pericial judicial, ni que anticipe las conclusiones de la investigación técnica".
De forma esquemática, las cuestiones a plantear se centrarán en la ratificación y origen de las observaciones, con "reconocimiento de su comunicación de 6 de febrero de 2026; fecha y modo en que se detectaron las incongruencias; miembros del equipo que intervinieron y comprobaciones realizadas personalmente por la testigo". También sobre la documentación remitida por Adif, con "identificación de los documentos y versiones examinados, cuándo y en qué formato se recibieron y si se dispuso de originales o de archivos electrónicos que permitieran comprobar su autenticidad y trazabilidad".
Las preguntas abarcarán igualmente las fechas y el control de versiones, con "explicación de la discrepancia entre la versión inicial del informe, fechada el 25 de junio de 2025, y los documentos con firmas de 28 de junio de 2025 incluidos en las páginas 13, 14 y 16 a 129; qué se pudo comprobar sobre su incorporación a cada versión y por qué la nota aclaratoria 1 no permitía determinar con exactitud qué se había modificado y cuándo".
Asimismo, se interrogará sobre las firmas insertadas como imágenes, con "identificación de los documentos afectados, fundamento de las dudas sobre las firmas, comprobaciones de autenticidad efectuadas y si se apreció alguna alteración concreta o únicamente una posibilidad de manipulación pendiente de verificación". En cuanto a las contradicciones de la nota aclaratoria 2, se requerirá "identificación del documento anterior que contradice y de los datos concretos discrepantes; en particular, la rectificación de los kilómetros 318,681 y 318,479 del parte de 24 de mayo de 2025 y la información sobre las cargas R260 y R350". Se preguntará además "qué extremos se comprobaron directamente y cuáles se sustentan en inferencias, fotografías, fichas de campo o ensayos de otras soldaduras".
Otro bloque de cuestiones se centrará en las aclaraciones posteriores y en el alcance de las dudas, con "explicaciones solicitadas y recibidas de Adif o de los autores de los documentos, incongruencias resueltas o subsistentes y relevancia que, según las comprobaciones efectuadas, puedan tener para la identificación y trazabilidad de las soldaduras objeto de investigación, sin presumir una relación causal con el accidente". También se prevé cualquier otra pregunta vinculada con los hechos que se analizan en el procedimiento.
Vox defiende la pertinencia de la testigo
En esta línea, Vox sostiene que "la declaración es pertinente por la intervención de la testigo como investigadora encargada y autora de la comunicación que dio cuenta de estas dudas", y que su comparecencia "permitirá concretar sus fundamentos y delimitar las comprobaciones documentales que, en su caso, deban practicarse, sin sustituir la investigación judicial por la técnica ni dar por probadas las sospechas comunicadas".
Si durante la declaración se abordase información sometida a deber de reserva, la acusación solicita que se siga, en su caso, el cauce de comunicación previa al organismo investigador competente previsto en los artículos 17.4 y 27.1 de la Ley 2/2024, de 1 de agosto, con el fin de preservar la coordinación entre las investigaciones. La decisión final sobre la práctica y el alcance de esta diligencia corresponderá al Tribunal.