Vox ha reclamado ante el Tribunal Supremo que se suspenda el derecho al voto de los hijos de quienes han obtenido la nacionalidad mediante la denominada 'ley de nietos' cuando sus padres estén sometidos a la suspensión cautelar "por carecer de certificación consular acreditativa del exilio".
En su escrito de alegaciones, la formación sostiene que los hijos "deben quedar sujetos al mismo régimen cautelar que sus progenitores, puesto que su acceso a la nacionalidad se apoya en el reconocimiento previo de la de estos". A su juicio, "permitir que voten mientras permanecen suspendidos los efectos electorales de la inscripción del progenitor comprometería la eficacia de las medidas acordadas", según ha indicado el partido en un comunicado, donde precisa además que la suspensión pedida "no se aplicaría cuando el progenitor cuente con la certificación consular exigida".
El Tribunal Supremo acordó este viernes conceder un plazo de tres días a las partes implicadas en el procedimiento sobre la llamada 'law de nietos' para que se pronuncien sobre la solicitud de Iustitia Europa de extender la suspensión cautelar del voto a los descendientes de los nacionalizados por esta vía.
De acuerdo con varias providencias a las que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados deciden "no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación".
No obstante, sí resuelven "abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por plazo de tres días comunes, contados a partir de la notificación de esta resolución", que concluye el próximo miércoles según fuentes jurídicas consultadas, "puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos".
Iustitia Europa había pedido al Supremo que se identificara a los hijos de quienes lograron la nacionalidad española a través de la 'ley de nietos' y que se suspendieran cautelarmente "sus efectos electorales" para aquellos que figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La formación encabezada por el abogado Luis María Pardo solicitó igualmente que la suspensión cautelar se mantuviera "hasta que la Administración complete su identificación individual, determine el progenitor del que deriva cada adquisición y precise la vía jurídica por la que éste obtuvo la nacionalidad española".
Vox reclama una “relación nominal” y custodia separada de votos
En el mismo escrito, Vox pide además que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia remitan al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, antes del 20 de noviembre, "una relación nominal de los hijos afectados, con identificación de sus progenitores y de la documentación acreditativa del exilio".
El partido exige también que toda su documentación electoral y los sobres "se custodien por separado en las oficinas consulares y en las juntas electorales provinciales, sin cómputo definitivo hasta su verificación individual". De este modo, subraya que "si el Supremo no acuerda de inmediato la ampliación, reclama que se identifique a los afectados y se mantengan sus votos separados hasta completar las comprobaciones".
Vox denuncia “información incompleta” sobre el exilio
Por otro lado, Vox sostiene en su escrito que los datos facilitados por la Administración General del Estado "están incompletos" ya que, de acuerdo con su análisis, "de los 145.580 registros que incluyen información sobre el exilio, solo 901 (el 0,62 %) figuran con exilio acreditado". Añade que "otros 17.775 registros de Buenos Aires carecen de información que permita comprobar ese extremo".
Ante esta situación, la formación solicita al Supremo que ordene a la Administración aportar "las certificaciones individuales de exilio, que complete la información de los registros de Buenos Aires y los datos identificativos que faltan, y que depure los duplicados y las discrepancias en las cifras de afectados".