El BOE que preparó a España para el eclipse de hoy: así funciona la comisión creada para tres años excepcionales

En España no existe actualmente una ley específica ni un proyecto de ley en tramitación dedicado en exclusiva a la “coordinación de eventos astronómicos”. Las Cortes han abordado el tema de forma no legislativa, sobre todo en relación con el denominado “Trío de Eclipses” 2026‑2028, mediante una Proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado, ya aprobadas. Esas iniciativas se limitan a instar al Gobierno a adoptar medidas de seguridad, coordinación e investigación, pero no generan por sí mismas normas con rango de ley. La regulación operativa se está articulando, sobre todo, mediante reales decretos y órganos de coordinación del Ejecutivo, sometidos después a control parlamentario.

Iniciativas en el Congreso de los Diputados

Según informó el periódico Demócrata, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso aprobó una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista “para dar apoyo al Trío de Eclipses que se producirá entre 2026 y 2028”, así como para reforzar las medidas de seguridad ciudadana y la investigación asociada a estos fenómenos (artículo de Demócrata). Esta PNL fue respaldada en comisión, lo que agota su recorrido parlamentario: no se tramita como ley ni pasa al Pleno, sino que queda como mandato político no vinculante al Gobierno.

En el orden del día de la Comisión de Ciencia del 21/10/2025 figuraba expresamente un punto “sobre la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el denominado Trío de Eclipses”, dentro del paquete de iniciativas debatidas ese día (referencia interna del Congreso recogida en [enlace]). Ello confirma que el Congreso ha tratado la coordinación de estos eventos astronómicos en sede parlamentaria, pero siempre en forma de PNL y debates de control, no como norma con rango de ley.

Iniciativas en el Senado

En la Cámara Alta, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó una moción “por la que se insta al Gobierno al impulso de medidas de protección del cielo y de la actividad astronómica en la isla de La Palma”, con 28 votos a favor y 1 abstención (nota del Senado). Aunque centrada en La Palma, esta moción se inscribe en la línea de proteger la actividad astronómica y su entorno, relevante para futuras observaciones y eventos científicos. De nuevo, se trata de una iniciativa de impulso político, sin desarrollo legislativo propio.

Marco ejecutivo: comisiones y dispositivos de coordinación

El núcleo de las “medidas adoptadas” para coordinar eventos astronómicos se está articulando por vía gubernamental. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que crea la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses 2026‑2028, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (nota del MICIU). Esta comisión integra a 13 ministerios y a organismos científicos como el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el de Andalucía, y tiene entre sus funciones coordinar seguridad, movilidad, salud pública, divulgación y turismo.

Posteriormente se celebraron la primera y segunda reunión de esta Comisión, reforzando la coordinación interministerial y sumando a comunidades autónomas y entidades locales (primera reunión, segunda reunión). La prensa parlamentaria y política, entre ella Demócrata, ha destacado que esta Comisión Interministerial y la posterior “Comisión de los Eclipses” aprobada por el Consejo de Ministros son el instrumento real de coordinación con ayuntamientos y CCAA (análisis de Demócrata sobre la FEMP).

Además, Interior ha constituido un Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) específico para el eclipse solar, centrado en la prevención de incendios, la protección civil y la gestión de emergencias (nota de Interior en La Moncloa, detalle del Ministerio del Interior). Estas decisiones no se tramitan como leyes, aunque pueden ser objeto de preguntas, comparecencias o PNL en las Cortes.

Balance sobre el estado de la tramitación

Con la información disponible, se puede sintetizar así:

• No hay en curso proyectos ni proposiciones de ley estatales específicamente dedicados a la coordinación de eventos astronómicos.
• El Congreso ha aprobado una PNL de apoyo al Trío de Eclipses en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo trámite ha concluido al ser una iniciativa no legislativa (PNL según Demócrata).
• El Senado ha aprobado una moción para reforzar la protección del cielo y la actividad astronómica en La Palma (moción en Comisión de Ciencia).
• Las medidas concretas de coordinación (comisiones interministeriales, planes especiales, dispositivos de seguridad y protección civil) se han aprobado por vía reglamentaria y administrativa, no mediante una ley específica, y están siendo acompañadas de debates de control y de respaldo político en las Cortes.

En consecuencia, el “estado de tramitación parlamentaria” puede describirse hoy como un apoyo político ya formalizado mediante PNL y mociones, sin un paquete legislativo propio en marcha: la gestión de los grandes eventos astronómicos se está resolviendo esencialmente en el ámbito del Ejecutivo, bajo la supervisión y el impulso general del Congreso y el Senado.

Otros enlaces relacionados

Para completar el contexto sobre el dispositivo político y gubernamental en torno a los eclipses y la actividad astronómica pueden consultarse, entre otros, los siguientes materiales: adelanto de acuerdos del Consejo de Ministros en Demócrata, reunión de coordinación presidida por Sánchez, impacto económico estimado del eclipse, coordinación con ayuntamientos vía FEMP, así como las distintas notas sectoriales de ministerios como Transporte (recursos digitales para planificar la observación) o de gobiernos autonómicos como Baleares (planificación del eclipse, creación de comisión de divulgación y seguridad), que muestran la dimensión multinivel de la coordinación.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades es el órgano superior que, dentro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, asume la responsabilidad política y administrativa sobre las políticas estatales de ciencia, innovación y universidades. Sus competencias se definen principalmente en la normativa de organización del Gobierno y, en concreto, en los reales decretos de reestructuración ministerial y de estructura orgánica básica del propio ministerio. A ello se añaden delegaciones específicas de competencias mediante órdenes ministeriales y su participación en diversos órganos colegiados de coordinación con las comunidades autónomas y otros actores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las fuentes disponibles permiten identificar el marco normativo pero no ofrecen el detalle completo, por lo que algunas funciones solo pueden describirse en términos generales.

Marco normativo básico y posición institucional

La existencia misma del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de su Secretaría de Estado se vincula al Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, posteriormente modificado por el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre (Real Decreto 829/2023; Real Decreto 1230/2023). Estas normas fijan qué departamentos existen, qué áreas políticas asume cada uno y, en consecuencia, qué espacio material de actuación corresponde a la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.

La estructura interna del Ministerio se desarrolla en el Real Decreto 472/2024, de 7 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya corrección de errores está publicada en el BOE (corrección de errores del Real Decreto 472/2024). En este real decreto se determina la creación de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades como órgano superior del departamento, su dependencia jerárquica del ministro o ministra y la adscripción a ella de direcciones generales y otros órganos directivos.

Competencias generales como órgano superior

Aunque el texto completo del Real Decreto 472/2024 no figura en las fuentes consultadas, por su naturaleza (desarrollo de la estructura orgánica básica) y por la práctica común de la Administración General del Estado, se puede afirmar que al secretario de Estado se le atribuyen, con carácter general, las siguientes funciones de tipo estructural:

• Dirección y coordinación de las unidades y órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado (direcciones generales de investigación, de universidades, de planificación de la I+D+i, etc., según enumere el propio real decreto).
• Propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, innovación y universidades, en el marco de las directrices fijadas por la persona titular del Ministerio y del Consejo de Ministros.
• Impulso normativo en su ámbito material: elaboración de propuestas de reales decretos, órdenes ministeriales y demás disposiciones generales relativas al sistema científico y universitario.
• Gestión presupuestaria y de programas del departamento en su ámbito, incluyendo la programación de gasto, la ejecución de créditos presupuestarios y la supervisión de convocatorias de ayudas y subvenciones de I+D+i o universitarias cuando así se disponga en las normas reguladoras.
• Relaciones institucionales con otros departamentos, comunidades autónomas, universidades, organismos públicos de investigación y organismos internacionales en los ámbitos de ciencia, innovación y universidades.

Estas competencias generales se completan con las atribuciones específicas que el propio real decreto de estructura y otras disposiciones asignen expresamente a la Secretaría de Estado, así como con las que se le deleguen formalmente.

Delegación de competencias y ejercicio material de funciones

Parte importante de las funciones del secretario de Estado se concreta vía delegación de competencias. Entre las normas recientes destaca la Orden CNU/670/2024, de 25 de junio, sobre delegación de competencias (Orden CNU/670/2024), dictada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Aunque el detalle de las competencias delegadas no se recoge en la información disponible, este tipo de órdenes suele distribuir entre la Secretaría de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales facultades concretas como:

• Aprobación y resolución de convocatorias de ayudas y subvenciones.
• Autorización de gastos hasta determinados límites cuantitativos.
• Formalización de convenios y acuerdos de colaboración.
• Nombramientos y provisión de determinados puestos de trabajo.

Existen precedentes similares en la Orden CNU/145/2019, de 8 de febrero, por la que se delegan competencias (Orden CNU/145/2019), lo que muestra la continuidad de este esquema de distribución funcional dentro del sector de ciencia y universidades.

Funciones de coordinación del sistema científico y universitario

El secretario de Estado también ejerce funciones de coordinación a través de órganos colegiados de ámbito estatal. Dos resoluciones de 2024, emanadas de la propia Secretaría de Estado, publican los reglamentos de organización y funcionamiento de:

• La Conferencia General de Política Universitaria, cuyo reglamento se difunde mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2024 (Resolución sobre la Conferencia General de Política Universitaria).
• El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, cuyo reglamento se publica igualmente por Resolución de 9 de diciembre de 2024 (Resolución sobre el Consejo de Política Científica).

El hecho de que estas resoluciones emanen de la Secretaría de Estado indica su papel central en la organización de estos foros de cooperación con las comunidades autónomas y otros actores del sistema, normalmente ejerciendo la presidencia o, al menos, la dirección política de sus trabajos. Sus funciones típicas incluyen la preparación de acuerdos de coordinación de políticas, la articulación de estrategias estatales de I+D+i y la concertación de criterios comunes en materia universitaria.

Otras referencias normativas de contexto

Finalmente, el ámbito material sobre el que actúa el secretario de Estado se ve perfilado por normas sustantivas sectoriales, como el Real Decreto-ley 3/2019, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad (Real Decreto-ley 3/2019). Aunque este real decreto-ley no define directamente las competencias orgánicas del cargo, sí configura el tipo de políticas (captación de talento, mejora del sistema de I+D+i, agilización de la gestión científica, etc.) cuya preparación y ejecución corresponde liderar políticamente a la Secretaría de Estado.

Más allá de estas referencias, no se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre el articulado concreto que enumera una por una las funciones del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Para un detalle exhaustivo habría que acudir al texto completo del Real Decreto 472/2024 y al de la normativa general sobre órganos superiores de los departamentos ministeriales.

Las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados en España se celebraron el 23 de julio de 2023 (inicio de la XV Legislatura). A partir de diversas piezas de análisis publicadas después de esos comicios, puede reconstruirse con precisión el reparto básico entre las cuatro fuerzas estatales principales: el PP obtuvo 137 escaños, el PSOE 121, Vox 33 y Sumar 31. En cuanto a la distribución actual por grupos parlamentarios, las fuentes consultadas permiten identificar con claridad qué grupos existen y algunos datos parciales (como los 10 diputados del Grupo Mixto), pero no ofrecen un cuadro completo y numérico de cuántos escaños tiene hoy cada grupo en el Pleno, por lo que esa parte de la información no puede darse con total exactitud.

Resultados de las elecciones generales del 23J de 2023

No se ha localizado en las fuentes un acta oficial completa con el detalle de todos los partidos, pero varios análisis de encuestas publicados por el periódico Demócrata y otros medios parten explícitamente de los resultados de 2023 como referencia:

• Un promedio de encuestas sintetizado por Demócrata recuerda que, en las generales del 23J, el PP obtuvo 137 escaños, y que el PSOE cedía 11 respecto a los 121 que “obtuvieron en las últimas elecciones generales” (promedio de encuestas).
• Otra pieza sobre una encuesta de GAD3 para ABC detalla que el PP “crece cuatro escaños mientras que Vox decrece uno frente al anterior sondeo”, y aclara que los populares “alcanzarían 141 diputados, cuatro más también que los 137 logrados en las elecciones generales de julio de 2023” (encuesta de GAD3).
• Respecto a Vox, una encuesta de Ipsos para La Vanguardia, recogida por Demócrata, indica que el partido subiría hasta 64 diputados, “31 más que en las elecciones generales del 23J”, lo que fija el dato de partida en 33 escaños (encuesta de Ipsos).
• Sobre Sumar, distintos análisis señalan que el espacio quedó entonces en 31 escaños. Por ejemplo, al describir la caída de este bloque, una de las piezas explica que, en 2023, “la candidatura de Sumar -que entonces integraba a Podemos-” sumó junto al PSOE un total de 152 diputados, frente a los 114 que sumarían ahora PSOE, Sumar y Podemos en la estimación (proyección de Hamalgama); combinando esa cifra de bloque con los 121 del PSOE, resulta coherente la cifra de 31 para Sumar.

Con estos datos cruzados, puede afirmarse con respaldo documental que la fotografía de los cuatro grandes partidos en el Congreso salido del 23J fue:

• Partido Popular (PP): 137 diputados.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 diputados.
• Vox: 33 diputados.
• Sumar: 31 diputados.

Para el resto de candidaturas estatales y territoriales (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, etc.), las noticias consultadas contienen referencias parciales o extrapolaciones a partir de encuestas posteriores, pero no un cuadro completo de resultados que pueda citarse como lista cerrada sin incurrir en inferencias no explícitas. No se dispone de más información consolidada en las fuentes analizadas sobre el reparto exacto de esos escaños el 23J.

Distribución actual por grupos parlamentarios en el Congreso

Grupos existentes en la XV Legislatura

Las fuentes dejan claro qué grupos parlamentarios están hoy constituidos en el Congreso, según se desprende de diversas piezas de Demócrata y de notas institucionales:

• Grupo Popular (PP).
• Grupo Socialista (PSOE-PSC).
• Grupo Vox.
• Grupo Plurinacional Sumar.
• Grupo Republicano (ERC).
• Grupo Junts per Catalunya.
• Grupo EH Bildu (Izquierdas por la Independencia en el Senado).
• Grupo Vasco (EAJ-PNV).
• Grupo Mixto, que agrupa a formaciones que no alcanzan los requisitos para grupo propio o a diputados que abandonan su grupo de origen.

Sobre los umbrales para crear grupo, la pieza “Fren responde: ¿qué umbral fija el reglamento del Congreso para formar grupo parlamentario?” explica que el Reglamento exige hoy 15 diputados o, en su defecto, al menos 5 escaños más ciertos porcentajes de voto, y que esa regla se está modificando para facilitar grupos a fuerzas minoritarias en la próxima legislatura (análisis sobre grupos). La reforma concreta del artículo 23 se detalla en otra crónica parlamentaria sobre el cambio del Reglamento (reforma del Reglamento).

Datos numéricos disponibles y límites

Hay algunas cifras parciales sobre la situación actual de la Cámara:

• Una explicación sobre el Grupo Mixto señala que, tras la incorporación de Javier Ortega Smith, “son 10 los diputados que conforman este grupo parlamentario”, y se enumeran sus integrantes (Compromís, BNG, Ábalos, UPN, Coalición Canaria y varios diputados de Podemos) (artículo sobre el Grupo Mixto).
• La nota “Fren responde: ¿qué es la Diputación Permanente y qué funciones ejerce cuando el Congreso no está reunido?” explica que, en la XV Legislatura, la Diputación Permanente tiene 68 miembros más la presidenta y que su reparto es proporcional a la composición del Pleno: 27 del Grupo Popular, 24 del Grupo Socialista, 6 de Vox, 6 de Sumar y 1 de cada uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Mixto (pieza sobre la Diputación Permanente).
• Un análisis sobre mayorías en el Tribunal Constitucional menciona que el grupo PSOE-PSC cuenta con 91 escaños y atribuye también cifras concretas a PNV (5), EH Bildu (5), ERC (4) y Junts (4), pero el fragmento disponible no incluye el cuadro completo con PP, Vox y Sumar (análisis sobre el Tribunal Constitucional).

Sin embargo, ninguna de estas piezas ofrece una tabla cerrada y actualizada con el número exacto de diputados por grupo parlamentario en el momento presente. Además, otros artículos de Demócrata documentan que ha habido decenas de renuncias y sustituciones de escaños desde el inicio de la legislatura, lo que refuerza la idea de que la aritmética fina se ha ido moviendo a lo largo de 2024, 2025 y 2026.

Por todo ello, con la información disponible en las fuentes consultadas puede describirse con solvencia la foto de salida del 23J para PP, PSOE, Vox y Sumar y el mapa de grupos que existen hoy en el Congreso, pero no es posible listar, sin margen de duda, cuántos diputados tiene exactamente cada grupo en la fecha actual.