El Grupo Parlamentario 'Popular' en las Cortes de Castilla y León se ha alineado con el resto de formaciones de la Cámara y ha votado en contra de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Vox, frenando así una iniciativa de la formación de Abascal que reclamaba, entre otros puntos, “proceder a la repatriación de todos los inmigrantes ilegales” y “garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda”.
La propuesta ha sido defendida por el procurador de Vox Carlos Menéndez, que ha rechazado las tres enmiendas planteadas por el PP. El 'popular' José Luis Sanz Merino ha explicado que esas enmiendas se limitaban a los cuatro primeros apartados del texto, mientras que su grupo estaba dispuesto a respaldar los seis restantes.
Sanz Merino ha señalado coincidencias con Vox en el análisis sobre el impacto negativo del marco estatal de arrendamientos, el aumento de la “inseguridad jurídica” y la falta de oferta de vivienda. Sin embargo, ha defendido introducir cambios en los puntos relativos a extranjería para suavizar la referencia a la “prioridad nacional” y convertirla en un principio “inspirador” compatible con la normativa vigente.
El representante 'popular' ha subrayado que el criterio central para acceder a ayudas y recursos habitacionales debe girar en torno al “arraigo” y a la vinculación real con Castilla y León a través del empleo, el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin discriminar por nacionalidad.
En esta línea, el PP ha propuesto reformular los apartados sobre extranjería e inmigración con la finalidad de reconocer idénticos derechos de acceso a vivienda protegida a cualquier residente que acredite una relación efectiva con la Comunidad, historial laboral, cotizaciones y observancia de sus deberes tributarios.
Pese a ello, el procurador de Vox ha reprochado al PP sus enmiendas de modificación y ha afirmado que la PNL se limita a recoger planteamientos que, según ha recordado, dirigentes nacionales del propio PP han defendido públicamente, extremo que ha llevado a los 'populares' a rechazar la iniciativa. Menéndez ha insistido además en que la “prioridad nacional” basada en el arraigo figura de forma explícita en los acuerdos de gobierno firmados entre PP y Vox en Castilla y León.
Menéndez Blanco ha justificado la propuesta de su grupo para instar al Gobierno de España a aplicar el principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública social, protegida y a las ayudas vinculadas al sector.
El procurador de Vox ha sostenido que las políticas de vivienda de los últimos ocho años han fracasado y han convertido el acceso a un hogar en un “esfuerzo insoportable”. Entre las causas, ha apuntado al aumento de la demanda derivado de las políticas de fronteras abiertas y del impulso a la inmigración masiva, así como a la escasa construcción por la lentitud administrativa y a la inseguridad jurídica asociada a la ocupación ilegal.
El dirigente de Vox ha articulado su iniciativa en torno a tres grandes ejes. En primer lugar, ha reclamado la “prioridad nacional” en el uso de los recursos públicos, con criterios objetivos como el empadronamiento histórico, la trayectoria laboral y educativa o los lazos familiares.
En segundo término, ha defendido medidas de desregulación, entre ellas la liberación de suelo, la agilización de licencias, la rebaja de impuestos y un refuerzo de la protección a los propietarios frente a la ocupación. Por último, Menéndez ha abogado por poner en marcha procesos de remigración.
En este contexto, ha exigido la “repatriación” de quienes se encuentran en situación administrativa irregular, la “deportación” de los extranjeros que cometan delitos y la “salida” de aquellos que pretendan vivir “permanentemente con el apoyo de ayudas públicas sin una contribución efectiva a la economía”.
Tras su intervención, la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista Ana Isabel Casado Ridruejo ha acusado a Vox de buscar un “chivo expiatorio” en la población inmigrante para tapar la “incapacidad” de la Junta de Castilla y León a la hora de desplegar una política de vivienda “eficaz”.
Casado ha recordado durante el debate que la Junta cuenta con competencia “exclusiva” en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. También ha rechazado la prioridad nacional defendida por Vox, a la que ha tildado de “discriminación” contraria al ordenamiento jurídico, y ha defendido que la adjudicación de vivienda pública debe basarse en criterios de necesidad, nivel de renta y situación de vulnerabilidad.
En su análisis, la procuradora socialista ha vinculado el encarecimiento de los alquileres a la escasez de oferta, la especulación inmobiliaria y la ausencia de un parque público de vivienda protegido de forma permanente. Además, ha tachado de “cinismo político” que la PNL reclame al Gobierno central medidas que el propio Ejecutivo ha aprobado recientemente mediante reales decretos leyes.
Ha recordado, en este sentido, que Vox votó en contra de esas normas en las Cortes Generales y ha concluido que las dificultades para acceder a la vivienda en Castilla y León obedecen a décadas de gestión “insuficiente” del PP al frente de la Junta.
Críticas desde el Grupo Mixto
El procurador del Grupo Mixto por Soria Ya, Ángel Ceña Tutor, también ha anunciado su voto contrario y ha calificado la PNL de “contradicción absoluta”, al plantear la construcción de más viviendas mientras se propone expulsar a trabajadores inmigrantes que, ha recordado, constituyen la mayoría de la mano de obra en el sector de la construcción.
Ceña ha alertado igualmente del problema del stock de vivienda en la provincia de Soria, donde existen 21.075 casas vacías, aproximadamente una de cada tres en el medio rural. Como alternativa, ha defendido la rehabilitación de esos inmuebles, su incorporación al mercado del alquiler con garantías para los propietarios y la búsqueda de un equilibrio que evite subidas desorbitadas de las rentas.
La procuradora del Grupo Mixto por UPL, Rosa María Quintanilla, ha rechazado asimismo la propuesta de Vox, a la que ha definido como una “cortina de humo” de carácter oportunista. Ha atribuido la crisis de vivienda al fracaso de las políticas desarrolladas durante los últimos 50 años por PP y PSOE, a los que ha acusado de favorecer la especulación y de reducir el parque público residencial hasta mínimos históricos.
Quintanilla ha desvinculado el problema habitacional de la inmigración y del padrón municipal, y ha advertido de que las deducciones y exenciones fiscales que plantea Vox afectan “directamente” a las arcas municipales. Por ello, ha reclamado la puesta en uso de suelo público y la promoción de vivienda protegida como vía para fijar población en el medio rural.