Una supuesta citación policial que llega al correo electrónico y amenaza con una detención en menos de 48 horas es el último gancho utilizado por los ciberdelincuentes para intentar estafar a ciudadanos españoles. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha advertido de la circulación de mensajes fraudulentos que suplantan la identidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso del propio organismo, utilizando acusaciones de delitos graves para provocar miedo entre los destinatarios. Los correos, que incluyen documentos con apariencia oficial, aseguran que el receptor está siendo investigado por supuestos delitos relacionados con el consumo de pornografía y le exigen que responda de inmediato si quiere evitar su arresto.
La campaña, sobre la que INCIBE publicó una alerta el pasado 10 de julio y que vuelve a generar avisos este sábado, 31 de octubre, utiliza una técnica conocida como phishing, basada en la suplantación de identidad para obtener información personal o económica. Los delincuentes recurren a logotipos institucionales, firmas falsificadas y supuestos expedientes judiciales para dar credibilidad a sus mensajes, aunque las comunicaciones presentan numerosas irregularidades. El organismo insiste en que las amenazas son falsas y que los destinatarios de estos correos no están siendo investigados por los hechos que se les atribuyen en el mensaje fraudulento.
Así funciona la estafa: una acusación grave y 48 horas para responder
El engaño comienza cuando la víctima recibe un correo electrónico que aparenta proceder de una institución oficial. En el mensaje se afirma que existe una investigación policial o judicial abierta contra ella por presuntos delitos relacionados con pornografía infantil, exhibicionismo, pedofilia u otras conductas sexuales ilícitas. Los estafadores pueden asegurar incluso que han identificado la dirección IP del destinatario durante una investigación y que disponen de pruebas de su supuesta actividad.
Para reforzar la apariencia de autenticidad, el correo suele incorporar un documento PDF que imita una citación judicial o policial, con sellos, firmas y referencias a organismos como el Ministerio del Interior, Europol o Interpol. Sin embargo, el contenido no tiene validez oficial y los nombres de las instituciones se utilizan sin su autorización.
La parte fundamental del fraude llega cuando los delincuentes establecen un plazo máximo de 48 o 72 horas para responder con explicaciones o alegaciones. Si el destinatario no contesta, amenazan con emitir una orden de detención inmediata, imponer sanciones o difundir públicamente las supuestas acusaciones. Estas amenazas pretenden generar una sensación de urgencia que lleve a la víctima a actuar sin comprobar la autenticidad de la comunicación.
El objetivo inicial es conseguir que la persona responda al correo. De esta forma, los estafadores comprueban que la dirección está activa y pueden iniciar nuevas comunicaciones en las que solicitan información personal, documentos de identidad o datos bancarios. En algunas variantes de la campaña, también llegan a exigir pagos económicos que presentan como multas o cantidades necesarias para archivar el supuesto procedimiento.
INCIBE recuerda que una autoridad policial o judicial no comunica de esta manera una orden de detención ni amenaza con arrestar a un ciudadano por no responder a un correo electrónico ordinario en dos días. Las notificaciones oficiales se realizan mediante los procedimientos legalmente establecidos y deben poder verificarse a través de los canales correspondientes.
Las señales que permiten detectar una falsa citación policial
Aunque los mensajes están diseñados para parecer documentos institucionales, INCIBE ha identificado diferentes errores que permiten reconocer la estafa. Uno de los principales indicios es la dirección de correo electrónico utilizada. En los casos analizados, los estafadores enviaban mensajes desde dominios ajenos a la Administración, entre ellos @actc.center, mientras que las respuestas debían remitirse a una dirección creada para aparentar una vinculación policial, @policiaciberdelincuencia.com.
El organismo también detectó mensajes remitidos desde una cuenta asociada a un dominio empresarial legítimo que no pertenecía a las fuerzas de seguridad. Esto demuestra que no basta con que una dirección parezca profesional para considerar auténtico un correo. Además, en campañas anteriores se han registrado casos de suplantación del propio dominio de la Policía Nacional mediante técnicas que permiten falsificar la identidad visible del remitente.
Los documentos adjuntos presentan otras irregularidades. Algunos incluyen saludos genéricos como "Hola", mezclan español e italiano o contienen errores ortográficos y expresiones inexistentes. En uno de los ejemplos analizados por INCIBE aparecía la denominación inventada "GOBERNOTEC DE ESPAÑA", mientras que otro identificaba incorrectamente a un supuesto responsable policial.
También llama la atención la acumulación de logotipos de distintas instituciones nacionales e internacionales en un mismo documento, como si todas participaran conjuntamente en una investigación. Los ciberdelincuentes utilizan estos elementos para transmitir autoridad, pero la mezcla de organismos, sellos y firmas constituye una de las señales de falsificación.
Por último, la amenaza de una detención inmediata y la exigencia de responder con urgencia son dos de los principales indicios de fraude. El objetivo de estos mensajes no es comunicar un procedimiento real, sino aprovechar el miedo del destinatario para conseguir que facilite información o realice un pago.
Qué hacer si recibes un correo que amenaza con detenerte
La recomendación de INCIBE es no responder al mensaje, no pulsar en sus enlaces y no descargar archivos sospechosos. Aunque el documento tenga apariencia oficial, conviene desconfiar de cualquier correo que incluya acusaciones graves, solicite información personal y establezca plazos extraordinariamente breves para evitar supuestas consecuencias penales.
Si una persona recibe una comunicación de estas características, puede reportar el intento de fraude a INCIBE y bloquear al remitente antes de eliminar el mensaje. También es posible verificar la autenticidad de una supuesta notificación contactando directamente con la institución correspondiente mediante sus canales oficiales, sin utilizar los teléfonos, enlaces o direcciones proporcionados en el propio correo sospechoso.
El organismo advierte además de que responder, aunque sea únicamente para negar las acusaciones, puede facilitar que los estafadores continúen con el engaño, puesto que confirma que la cuenta de correo está operativa. Por ello, lo más recomendable es evitar cualquier interacción con los delincuentes.
En cuanto a los archivos adjuntos, es importante distinguir que no todos los documentos fraudulentos contienen necesariamente un virus. Algunos tienen como única finalidad convencer al usuario para que conteste, mientras que otros pueden incluir enlaces maliciosos o archivos diseñados para comprometer el dispositivo. En cualquier caso, la recomendación general es no abrir documentos de procedencia sospechosa.
Qué ocurre si ya has respondido, enviado datos personales o pagado dinero
Las recomendaciones cambian cuando la víctima ya ha interactuado con los estafadores. INCIBE aconseja contactar con su Línea de Ayuda en Ciberseguridad, disponible en el teléfono gratuito 017, para recibir orientación sobre cómo actuar según la información que se haya facilitado y el alcance del posible fraude.
Si se han compartido datos personales, una copia del DNI, documentos bancarios o contraseñas, resulta importante conservar las comunicaciones y recopilar todas las pruebas disponibles, como correos electrónicos, capturas de pantalla y justificantes de pagos. Con esta documentación, el afectado puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Cuando la víctima ha realizado alguna transferencia o ha facilitado información bancaria, conviene contactar inmediatamente con su entidad financiera para comunicar lo ocurrido y consultar las posibilidades de bloquear operaciones o proteger sus cuentas. Si se han compartido contraseñas, también deberán modificarse y revisarse los accesos a los servicios afectados.
INCIBE recomienda asimismo comprobar periódicamente si los datos personales aparecen publicados en internet sin consentimiento, mediante búsquedas del propio nombre o de otros identificadores. Si se detecta una difusión indebida, los afectados pueden solicitar la retirada de esa información y acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cuando corresponda.
La Policía ya había alertado de otras campañas con falsas citaciones
Este tipo de estafa no es nuevo. La Policía Nacional y los organismos de ciberseguridad llevan años advirtiendo de campañas que utilizan supuestas citaciones judiciales para engañar a los ciudadanos. En marzo de 2025, por ejemplo, la Policía alertó de una distribución masiva de correos que suplantaban el dominio oficial del cuerpo y pedían al destinatario acceder a un enlace para consultar una presunta convocatoria a comisaría.
Aunque los mensajes cambian sus argumentos y utilizan diferentes identidades institucionales, mantienen una estrategia común: presentar una acusación aparentemente grave, provocar una reacción de miedo y ofrecer una vía inmediata para evitar consecuencias legales ficticias. En unos casos intentan conseguir información personal; en otros, dinero o acceso a dispositivos electrónicos.
Por ello, recibir una supuesta citación de la Policía que exige contestar en 48 horas bajo amenaza de arresto debe encender todas las alarmas. La clave para evitar el engaño es verificar su procedencia por medios independientes, no facilitar datos y recordar que una comunicación policial auténtica no se convierte en una orden de detención simplemente porque el destinatario no responda a un correo electrónico fraudulento.