Así serán los 100 primeros días de Feijóo: auditorías, revisión de ayudas públicas y de las funciones de cada organismo y puesto

El presidente del PP anuncia una revisión integral del gasto acumulado durante los gobiernos de Sánchez y promete trasladar a la Justicia las irregularidades que se detecten. También deja abierta la exigencia de responsabilidades a los directivos de Adif y al ministro de Transportes por la gestión ferroviaria

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

Alberto Núñez Feijóo ha adelantado este martes algunas de las primeras decisiones que adoptaría si llega a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. Invitado a los Desayunos Informativos de Europa Press, el líder del Partido Popular ha afirmado que, en el caso de poder formar gobierno tras el 29N, en sus primeros 100 días ordenará una auditoría completa del gasto público acumulado durante los últimos años, revisará las ayudas concedidas y examinará las funciones atribuidas a cada organismo y a cada puesto de la Administración.

El objetivo, según ha explicado, es conocer cómo se han utilizado los recursos del Estado, identificar posibles duplicidades y determinar las responsabilidades que puedan derivarse de su gestión.

El presidente del PP ha presentado esta revisión como una de las actuaciones prioritarias de su proyecto de "reconstrucción nacional". La auditoría abarcaría el funcionamiento de la Administración y de los organismos públicos, con especial atención a la utilización del dinero y a la correspondencia entre las funciones asignadas y las necesidades reales del servicio.

Feijóo ha avanzado, además, que los resultados se incorporarían a los primeros Presupuestos Generales del Estado de su Ejecutivo y que las irregularidades constitutivas de delito serían denunciadas ante la Justicia.

Su propuesta llega en un momento marcado por la crisis ferroviaria y las consecuencias de los accidentes de Adamuz y Urda, que han reabierto el debate sobre la seguridad de las infraestructuras, el mantenimiento de la red y las responsabilidades de sus gestores. Feijóo ha vinculado la necesidad de examinar las cuentas públicas con una revisión de la gestión de los servicios esenciales, al considerar que los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos que financian.

Una auditoría general y otra específica sobre el ferrocarril

La revisión anunciada por Feijóo tendría dos dimensiones. Por un lado, una auditoría general del Estado, dirigida a examinar el gasto, las subvenciones, las competencias de los organismos y las funciones de los puestos administrativos. Por otro, una investigación específica sobre el sistema ferroviario, con información separada para que los ciudadanos conozcan el estado de las infraestructuras y las decisiones adoptadas durante los últimos años.

El líder popular ha defendido que no basta con conocer cuánto dinero se ha presupuestado o comprometido, sino que debe comprobarse cómo se ha empleado y qué resultados ha producido. Su planteamiento incluye revisar las ayudas concedidas y el funcionamiento de las entidades públicas para determinar si los recursos se han destinado a las finalidades previstas.

La auditoría, según ha anunciado, deberá tener consecuencias presupuestarias. Feijóo pretende que sus conclusiones se reflejen en las primeras cuentas públicas que presente su Gobierno, de manera que las decisiones de gasto y organización administrativa respondan a los resultados de esa revisión.

También ha advertido de que cualquier fraude que pudiera detectarse sería puesto en conocimiento de los tribunales. La medida, por tanto, no se limitaría a una evaluación económica, sino que podría dar lugar a actuaciones administrativas o judiciales si apareciesen indicios suficientes de irregularidades.

Adif y Transportes: Feijóo deja abierta la vía judicial

La gestión de las infraestructuras ferroviarias ha ocupado un lugar destacado en su intervención. Feijóo ha dejado abierta la posibilidad de que las responsabilidades de los directivos de Adif y del ministro de Transportes, Óscar Puente, terminen examinándose en los tribunales, en función de lo que determinen las investigaciones sobre los accidentes y la gestión de la red.

El dirigente popular ha insistido en que los responsables políticos deben asumir las consecuencias de las actuaciones de los organismos que dependen de ellos. A su juicio, la responsabilidad no puede detenerse en los niveles técnicos o administrativos cuando existen decisiones de gestión que corresponden a los máximos responsables de una institución.

La eventual existencia de responsabilidades penales, sin embargo, dependerá de las investigaciones y de las resoluciones judiciales correspondientes. La auditoría que propone Feijóo tendría una finalidad distinta: revisar la utilización de los recursos y el funcionamiento de los organismos públicos.

El presidente del PP ha reclamado, además, que los puestos de dirección de las entidades públicas se cubran atendiendo a criterios de capacidad profesional y experiencia, y no de afinidad política. También ha defendido la necesidad de escuchar a los trabajadores que conocen directamente el funcionamiento de las infraestructuras y los problemas que se producen en su actividad cotidiana.

En ese contexto, ha cuestionado que puedan mantenerse incentivos o retribuciones vinculadas a la gestión cuando los resultados de los organismos sean deficientes.

"Quiero gobernar con instituciones que me digan que no"

La auditoría forma parte de un planteamiento más amplio de regeneración institucional. Feijóo ha prometido impulsar reformas legales para reforzar los mecanismos de control y ha asegurado que está dispuesto a aceptar límites al ejercicio del poder.

"Quiero gobernar con instituciones que me digan que no", ha afirmado, reivindicando una Administración capaz de fiscalizar las decisiones del Ejecutivo y de actuar con independencia de los intereses partidistas.

El presidente del PP ha situado la responsabilidad de los dirigentes entre las condiciones necesarias para recuperar la confianza de los ciudadanos. "Cada dirigente tiene que asumir la responsabilidad de sus subordinados", ha defendido, al considerar que la ausencia de consecuencias ante una gestión deficiente debilita la credibilidad de las instituciones.

Para Feijóo, la regeneración debe asentarse en tres compromisos: recuperar la decencia en la política, conseguir que el país funcione y garantizar que el esfuerzo de los ciudadanos vuelva a merecer la pena.

"No estamos ante una simple alternancia política"

El líder popular ha enmarcado sus propuestas en la petición de un mandato electoral amplio para acometer las reformas desde el comienzo de la legislatura.

"No estamos ante una simple alternancia política. Estamos ante una decisión de país. Pido un mandato fuerte y claro. Para hacer todo lo que tenemos que hacer y para hacerlo cuanto antes. Un mandato para recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner a España en marcha desde el primer día", ha señalado.

Feijóo ha sostenido que España necesita un Gobierno que no se limite a recoger el malestar ciudadano, sino que ofrezca soluciones y un proyecto de futuro. "Es la hora de la rectificación", ha proclamado.

En su diagnóstico, ha considerado inasumibles las dificultades para acceder a una vivienda, los problemas de control fronterizo, el deterioro que aprecia en los servicios públicos y el aumento de las cargas económicas de los ciudadanos.

"Sí, el estado de la nación en su conjunto es inasumible", ha afirmado.

El presidente del PP ha defendido que estas circunstancias requieren una respuesta que vaya más allá del relevo entre partidos. Su propuesta, ha explicado, consiste en convertir el descontento social en una decisión democrática que permita emprender la reconstrucción nacional.

"Pedro Sánchez ha sido un error, ha sido el error. Y las naciones con instinto de supervivencia no persisten en los errores. Los corrigen", ha asegurado.

Feijóo pide a los sindicatos que desconvoquen la huelga

Durante el desayuno informativo, Feijóo -como ha podido seguir DEMÓCRATA- también ha solicitado a las organizaciones sindicales que reconsideren la huelga convocada en plena precampaña electoral, después de los accidentes ferroviarios que han conmocionado al país.

El presidente del PP ha asegurado que respeta el derecho constitucional de huelga, pero considera que una movilización dirigida contra la oposición carece de sentido, especialmente en las actuales circunstancias.

"No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora, a tres semanas de ser llamados a las urnas. No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez", ha advertido.

Feijóo ha señalado que España acaba de atravesar una tragedia que, a su juicio, ha puesto de manifiesto debilidades profundas en el funcionamiento del Estado. Por ello, ha reclamado abandonar la confrontación partidista y concentrar los esfuerzos en recuperar la confianza en los servicios públicos.

Su petición a los sindicatos se inscribe en el mismo mensaje con el que ha cerrado su intervención: la necesidad de obtener un mandato suficiente para revisar la gestión del Estado, asumir responsabilidades y acometer las reformas desde los primeros días de Gobierno.

 

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¿En qué estado parlamentario se encuentra la propuesta de auditoría general del gasto público anunciada por Feijóo?

La propuesta de auditoría general del gasto público anunciada por Alberto Núñez Feijóo no tiene, en las fuentes consultadas hasta el 3 de noviembre de 2026, una iniciativa parlamentaria específica identificada en el Congreso o el Senado. Por tanto, no consta que esté pendiente de debate, de enmiendas o de aprobación: los anuncios localizados la presentan como un compromiso para un eventual Gobierno suyo, no como una propuesta parlamentaria con tramitación propia.

Qué se ha anunciado

El anuncio sitúa el comienzo de la auditoría en el ámbito del Ejecutivo. El 30 de mayo de 2025, Feijóo se comprometió a iniciarla en el primer Consejo de Ministros de un Gobierno presidido por él. Esa formulación describe una actuación futura de gobierno, no la presentación de un texto ante las Cortes Generales (comunicado del PP).

El 23 de octubre de 2026 reiteró en Valencia que pediría una auditoría del gasto público de los últimos años en su primer Consejo de Ministros, condicionándola a su llegada a La Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre. El objetivo anunciado era revisar el destino de los fondos y esclarecer posibles irregularidades (Demócrata, 23 de octubre).

La información publicada el 3 de noviembre concreta que la revisión abarcaría ayudas públicas, organismos y resultados del gasto, y que sus conclusiones deberían reflejarse en los primeros presupuestos de ese eventual Ejecutivo. También recoge el anuncio de trasladar a los tribunales los posibles fraudes detectados. Son contenidos del compromiso anunciado, no decisiones parlamentarias ya adoptadas (Demócrata, 3 de noviembre).

Cuál es su situación parlamentaria

Respecto de esa auditoría general, en las fuentes consultadas no constan:

  • Una proposición de ley, una proposición no de ley —una petición parlamentaria al Gobierno sin fuerza de ley— o una moción identificadas específicamente con ese objeto general.
  • Un expediente parlamentario que permita atribuirle una comisión competente o una fase concreta.
  • Una fecha de debate, votación o aprobación de la auditoría como iniciativa autónoma.

La conclusión debe formularse con ese alcance: no se ha localizado su formalización parlamentaria. No equivale a afirmar que no existan otras iniciativas de fiscalización del gasto, ni permite presentar el anuncio como una medida bloqueada en alguna cámara.

La iniciativa presupuestaria que no debe confundirse con ella

Sí consta una propuesta distinta del Grupo Popular: la Proposición de Ley para garantizar el cumplimiento de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, publicada el 21 de noviembre de 2025. Su objeto era limitar las transferencias de crédito entre secciones presupuestarias y exigir que determinados créditos extraordinarios o suplementarios relacionados con defensa y seguridad se sometieran a las Cortes; no ordenar una auditoría general (texto de la proposición).

El Congreso acordó comenzar a tramitarla el 10 de febrero de 2026, mediante su toma en consideración. Ese paso no significó aprobar la ley (nota del Congreso). La iniciativa caducó el 6 de octubre de 2026 y, por tanto, tampoco sigue actualmente en tramitación (publicación oficial).

En definitiva, el estado que puede atribuirse a la auditoría anunciada es el de compromiso político pendiente de concreción, no el de una iniciativa parlamentaria pendiente de aprobación. La propuesta presupuestaria sí tuvo recorrido parlamentario, pero era otra medida y ya caducó.

¿Cuáles son las funciones y competencias del presidente del Gobierno de España según la Constitución?

El presidente del Gobierno de España es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y su posición está regulada fundamentalmente por la Constitución Española de 1978, sobre todo en los artículos 97, 98, 99 y 112 a 115. Sus funciones combinan dirección política, responsabilidad parlamentaria y una relación específica con la Corona.

1. Dirección de la acción del Gobierno

El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese Gobierno, el presidente es quien:

  • Fija la orientación política general del Gobierno, marcando las grandes líneas de actuación en todos los ámbitos (económico, social, exterior, europeo, etc.).
  • Coordina la labor de los ministros, asegurando la unidad de la acción gubernamental pese a la existencia de distintos departamentos con competencias propias.
  • Resuelve los conflictos de competencias que puedan surgir entre ministerios, determinando prioridades y armonizando decisiones.

En la práctica, esto convierte al presidente en el centro de decisión política del Ejecutivo: no actúa sólo como “primus inter pares”, sino como el verdadero director de la acción gubernamental.

2. Nombramiento, cese y estructura del Gobierno

Las competencias del presidente sobre la composición del Gobierno se apoyan en el artículo 98 de la Constitución:

  • Propone al Rey el nombramiento y cese de los ministros, lo que significa que decide quién forma parte del Gobierno y qué cartera ocupa cada persona.
  • Puede reorganizar las carteras ministeriales (crear, suprimir o modificar ministerios y sus denominaciones) mediante normas del Gobierno, lo que refuerza su capacidad de dirigir el aparato ejecutivo.
  • Todo el Gobierno, incluido el presidente, responde solidariamente ante el Congreso, pero es el presidente quien asume el liderazgo político de esa responsabilidad.

Aunque formalmente los nombramientos y ceses de ministros los hace el Rey, lo hace siempre a propuesta del presidente del Gobierno, lo que convierte esa intervención regia en un acto debido.

3. Relación con las Cortes Generales y responsabilidad política

La Constitución configura una relación estrecha entre el presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados:

  • Investidura (art. 99): el presidente es elegido por el Congreso a propuesta del Rey, tras un debate y votación de investidura. Desde ese momento, su legitimidad política depende de esa mayoría parlamentaria.
  • Responsabilidad ante el Congreso: el Gobierno en su conjunto, bajo la dirección del presidente, puede ser sometido a moción de censura (art. 113) o a una cuestión de confianza planteada por el propio presidente (art. 112).
  • Cuestión de confianza: el presidente puede acudir al Congreso para solicitar expresamente su apoyo sobre un programa o una declaración de política general. Si la pierde, está obligado a dimitir.

Además, en el día a día, el presidente comparece ante el Congreso y el Senado, responde a preguntas y rinde cuentas sobre la orientación general del Gobierno, lo que refuerza su papel como principal responsable político ante las Cortes.

4. Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones

Los artículos 115 y concordantes atribuyen al presidente una competencia clave:

  • Proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales en su conjunto, y la convocatoria de elecciones generales.

Esta facultad está sometida a ciertos límites constitucionales (por ejemplo, no puede ejercerse mientras esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un tiempo mínimo desde la anterior disolución), pero confiere al presidente un instrumento decisivo de gestión de los tiempos políticos y de la relación con el Parlamento.

5. Relación con el Rey y representación del Gobierno

El presidente del Gobierno es, a efectos prácticos, el principal interlocutor político del Rey:

  • Participa en las reuniones periódicas con el Jefe del Estado para informarle de los asuntos de Estado y de la orientación de la política gubernamental.
  • Contrafirma la mayoría de los actos del Rey vinculados al ámbito ejecutivo (nombramientos de ministros, convocatoria de elecciones, disolución de las Cortes, etc.), asumiendo la responsabilidad política de esos actos.
  • Ostenta la representación del Gobierno tanto en el interior como en el exterior, encabezando las relaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales y la Unión Europea, aunque la Constitución lo formule en términos generales.
6. Dirección de la política de defensa y seguridad

Aunque la Constitución señala que el Rey es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la defensa del Estado, y dentro de él al presidente como máximo responsable político:

  • Dirige la política de defensa y seguridad, en coordinación con el ministerio competente.
  • Participa en las decisiones sobre misiones militares en el exterior y situaciones de crisis, siempre dentro del marco constitucional y legal (incluidas las declaraciones de estados de alarma, excepción y sitio, en las que el Gobierno tiene un papel central).
7. Síntesis

En suma, según la Constitución, el presidente del Gobierno es el director de la política del Estado desde el Ejecutivo, el jefe político del Gobierno y de su equipo de ministros, el principal responsable ante el Congreso y el protagonista en la articulación entre la Corona, el Parlamento y el Gobierno. Sus competencias formales en nombramientos, confianza parlamentaria y disolución de las Cortes, unidas a su función de coordinación y liderazgo, hacen de esta figura el verdadero centro de gravedad del sistema político español.

¿Cómo se elige al presidente del Gobierno paso a paso según la Constitución? ¿Qué diferencias hay entre las funciones del presidente del Gobierno y las del Rey en el sistema constitucional español? ¿En qué consiste exactamente una cuestión de confianza y cómo puede plantearla el presidente del Gobierno?

¿Cuál ha sido la trayectoria política de Alberto Núñez Feijóo antes de liderar el Partido Popular?

Antes de asumir la presidencia nacional del Partido Popular el 2 de abril de 2022, Alberto Núñez Feijóo había desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en la Administración pública y la política. Su recorrido comenzó como funcionario de la Xunta, continuó con responsabilidades estatales en Sanidad y Correos y culminó en el liderazgo del PP gallego y la presidencia de Galicia, donde obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas.

1985-1996: de funcionario a alto cargo de la Xunta

Feijóo ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia en 1985. Sus primeros años estuvieron vinculados al trabajo administrativo, antes de ocupar responsabilidades de dirección. Este origen distingue su trayectoria inicial de una carrera centrada desde el principio en cargos electos o en la organización de un partido (biografía del PP).

Desde 1991 ocupó la Secretaría General Técnica de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes y, posteriormente, la Secretaría General de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales. También asumió responsabilidades directivas en el Servicio Galego de Saúde, el Sergas. Esa etapa le proporcionó experiencia en la gestión autonómica, especialmente en el ámbito sanitario (perfil biográfico).

1996-2003: responsabilidades en la Administración estatal

En 1996, con la llegada de José María Aznar al Gobierno, pasó al Ministerio de Sanidad, dirigido por José Manuel Romay Beccaría. Fue secretario general de Asistencia Sanitaria y presidente del Insalud, el Instituto Nacional de la Salud. Permaneció en esas responsabilidades hasta 2000, ampliando su experiencia desde la administración gallega a la gestión sanitaria estatal (biografía en elDiario.es).

Entre 2000 y 2003 presidió Correos y Telégrafos. Este cargo añadió a su trayectoria la dirección de una gran entidad pública de ámbito nacional, fuera del sector sanitario. Su regreso posterior a Galicia se produjo, por tanto, después de varios años de responsabilidades ejecutivas en Madrid (perfil de La Voz).

2003-2009: del Gobierno de Fraga al liderazgo gallego

En 2003 se incorporó al Gobierno de Manuel Fraga como conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, con competencias en infraestructuras, transporte y ordenación territorial. En 2004 fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta. Ocupó esa vicepresidencia hasta 2005, cuando el PP perdió el Gobierno autonómico (trayectoria en la Xunta).

En las elecciones gallegas de 2005 obtuvo un escaño en el Parlamento autonómico. El PP fue la fuerza más votada, pero perdió la mayoría absoluta; el acuerdo entre PSdeG y BNG permitió formar otro Gobierno. El 15 de enero de 2006, Feijóo sucedió a Fraga como presidente del PP de Galicia y pasó a encabezar la oposición (recorrido político).

2009-2022: presidente de la Xunta

En 2009 recuperó para el PP el Gobierno gallego con mayoría absoluta y fue investido presidente de la Xunta en abril. Revalidó esa mayoría en las elecciones de 2012, 2016 y 2020. Así, antes de dirigir el partido nacional, había acumulado cuatro victorias autonómicas consecutivas con mayoría suficiente para gobernar sin acuerdos de coalición (etapa como presidente gallego).

La crisis interna que desembocó en la salida de Pablo Casado abrió su paso a la dirección nacional. Fue elegido presidente del PP en el congreso extraordinario celebrado en Sevilla el 2 de abril de 2022. Llegó a ese puesto con experiencia como funcionario, alto cargo sanitario, presidente de Correos, conselleiro, vicepresidente autonómico, dirigente de la oposición y presidente de Galicia (salto a la dirección nacional).

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¿Qué auditorías ha anunciado Feijóo como prioritarias en sus primeros 100 días de gobierno?

Pregunta 1 de 3

¿Qué hará Feijóo si las auditorías detectan irregularidades constitutivas de delito?

Pregunta 2 de 3

¿Qué ha pedido Feijóo a los sindicatos tras los accidentes ferroviarios?

Pregunta 3 de 3