El asesinato de Laura Cruz Vega en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias) ha puesto el foco sobre un caso que reunía varias circunstancias excepcionales. La agente, de 50 años, estaba incluida en el Sistema VioGén, deja dos hijas menores de edad huérfanas y existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, Dámaso Fernández, según confirmó el Ministerio de Igualdad al incorporar el crimen al registro oficial de víctimas mortales.
Además, el guardia civil que acabó con su vida ya no disponía de su arma reglamentaria, que le había sido retirada tras su separación del servicio por violencia de género, según las informaciones publicadas por El País y la agencia EFE.
Pese a ello, el agresor consiguió hacerse con otra arma en las dependencias del cuartel de Llanes y disparó mortalmente contra su expareja. Durante la huida, abrió fuego también contra otros agentes e hirió de gravedad a un teniente antes de ser abatido por un brigada. El caso está siendo investigado para esclarecer cómo pudo acceder al arma utilizada en el crimen.
Un crimen que eleva a 35 las víctimas en 2026
El asesinato de Laura Cruz Vega fue uno de los dos casos de violencia de género confirmados este jueves por el Ministerio de Igualdad. El otro corresponde a una mujer de 44 años presuntamente asesinada por su expareja en Murcia, que dejó una hija menor de edad.
Con la incorporación de ambos casos al registro oficial, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 35 en lo que va de 2026. El Ministerio recuerda además que los dos últimos crímenes tenían denuncias previas contra los agresores y que ambos dejaron menores huérfanos.