Marruecos, el socio que no llamó

En diplomacia, la palabra “fiable” vale más que una declaración conjunta y menos que una llamada telefónica. Un socio fiable no tiene por qué compartir todos sus secretos, pero sí debe advertir cuando decenas de miles de personas se desplazan por su territorio hacia la frontera del vecino. Si no lo hace, queda por determinar si no pudo, no quiso o participó de algún modo en la maniobra. Las tres posibilidades son graves. Ninguna encaja con el retrato tranquilizador que el Gobierno español sigue haciendo de Marruecos.

Fernando Grande-Marlaska ha definido al reino alauí como un socio «absolutamente fiable», ha negado que constituya una amenaza y ha elogiado su cooperación para recibir a quienes fueron retornados. Pero aceptar devoluciones después de que la frontera haya sido desbordada no equivale a impedir que se produzca el desbordamiento. Marruecos colaboró cuando la crisis ya estaba dentro de Ceuta; la incógnita es qué hizo antes.

La versión gubernamental se sostiene sobre una cómoda mezcla de mafias, redes sociales y jurisprudencia. Según este relato, una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo se extendió como la pólvora y provocó un efecto llamada imposible de calcular. Pero cuanto más insiste el Ejecutivo en que la convocatoria fue viral, más difícil resulta explicar que nadie la detectara. Las redes sociales son públicas cuando sirven para justificar una avalancha y misteriosamente invisibles cuando debían servir para prevenirla. Y España, por cierto, tiene servicios varios dedicados profesionalmente  -precisamente- a escrutarlas.

Tampoco parece que la movilización se produjera en la clandestinidad de una noche. Las informaciones publicadas describen trenes procedentes de Casablanca cargados de jóvenes que viajaban hacia el norte con bañadores, chanclas e incluso aletas; hablan de concentraciones conocidas durante días, de mensajes difundidos en medios y redes y de desplazamientos hacia Castillejos desde distintos puntos de Marruecos. No era una reunión de conspiradores en un sótano, sino una corriente humana avanzando a la vista de todos.

Aquí comienza el problema diplomático que José Manuel Albares debe explicar. Marruecos dispone de un aparato policial, administrativo y de inteligencia suficientemente penetrante como para saber qué ocurre en sus estaciones, carreteras y ciudades fronterizas. Y hasta más allá. Si Rabat conocía la acumulación y no avisó, incumplió el deber elemental de lealtad entre vecinos. Si avisó, el Gobierno español está ocultando o administrando mal esa información. Y si realmente no sabía nada, entonces España habría confiado la protección de su frontera sur a un socio incapaz de detectar el desplazamiento de decenas de miles de personas por su propio territorio, y se constataría que en nuestro país, pocas cosas que debieran funcionar, funcionan.

El ministro de Exteriores no puede refugiarse en la liturgia habitual de las “relaciones excelentes”. La diplomacia española lleva años presentando cada reunión con Marruecos como el comienzo de una nueva etapa histórica. Se modificó la posición tradicional sobre el Sáhara Occidental; se habló de una hoja de ruta, de confianza mutua, de concertación y de ausencia de actuaciones unilaterales. El resultado práctico debía ser una relación más previsible. Sin embargo, las aduanas comerciales han sufrido cierres y retrasos, las crisis fronterizas se repiten y la cooperación parece depender de la temperatura política de Rabat.

La experiencia de 2021 ya había demostrado que la migración puede ser empleada como palanca de presión. Entonces, más de 10.000 personas entraron en Ceuta ante la pasividad marroquí, en plena crisis por la acogida en España del líder del Frente Polisario. Después llegó el giro español sobre el Sáhara. Quien no quiera ver una relación causal puede, al menos, reconocer una secuencia política inquietante. En 2026, el Gobierno vuelve a pedir que se descarte de antemano cualquier responsabilidad marroquí mientras señala a jueces, mafias, redes sociales, policías o servicios de inteligencia españoles.

La Moncloa parece empeñada en blindar a Rabat incluso cuando no dispone todavía de una explicación convincente. Interior afirma que no recibió ningún informe que anticipara la avalancha. La Delegación del Gobierno sostiene que nadie tenía información hasta ver a las personas entrar. Defensa responde que el control fronterizo pertenece a Interior. Así se organiza la gran tómbola de responsabilidades: todos miran al ministerio vecino y nadie mira al otro lado de la frontera. Y eso que tenemos recursos, hasta en el espacio.

La Moncloa parece empeñada en blindar a Rabat incluso cuando no dispone todavía de una explicación convincente

Albares debería responder a una pregunta sencilla: ¿cuándo avisó Marruecos? No cuándo aceptó retornos, ni cuándo restableció controles, ni cuándo emitió un comunicado atribuyendo lo ocurrido a la desinformación. ¿Cuándo comunicó a España que miles de personas estaban concentrándose junto a Ceuta? Si no hubo advertencia, debe exigirse una explicación formal. Si la hubo, debe saberse qué autoridad española la recibió y qué hizo con ella.

La cuestión rebasa la relación bilateral. Veintidós países europeos han advertido del peligro de los cruces masivos, la instrumentalización migratoria y las amenazas híbridas. Mientras buena parte de Europa contempla la frontera sur como un problema de seguridad común, el Gobierno español continúa tratando a Marruecos como si pronunciar su nombre pudiera romper un jarrón de porcelana.

Un socio fiable informa. Un Gobierno responsable pregunta. Y un Estado soberano no agradece únicamente que le ayuden a cerrar la puerta después de haber permitido que entrara la multitud. En Ceuta falló la alerta desde el sur y falló la reacción desde el norte. No informaron desde allí, o no escucharon desde aquí. Quizá ambas cosas. Lo único incompatible con los hechos es seguir llamando fiabilidad al silencio. Por cierto, España tiene magníficos servidores públicos que no estaban en “modo avión”.