Un incendio junto a la antigua N-IV (Córdoba) obliga a cortar el tráfico y suspender la circulación de trenes

Tras un incendio en las inmediaciones de una vía férrea en España, la reapertura del tráfico no se decide caso a caso de forma discrecional, sino dentro de un marco de seguridad ferroviaria y de protección civil bastante estructurado. La normativa no detalla un “protocolo único para incendios”, pero sí fija quién es responsable de la seguridad, cómo se gestiona el riesgo y qué condiciones deben cumplirse antes de volver a circular. En la práctica, Adif (u otro administrador de infraestructuras), las empresas ferroviarias (Renfe y otras), Protección Civil, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad coordinan la extinción, la evaluación de daños y las pruebas previas hasta que la infraestructura se considera segura. Solo entonces se restablece la circulación, normalmente de forma gradual y bajo medidas de explotación “degradada”.

1. Marco jurídico básico aplicable

Los procedimientos de restablecimiento se apoyan en varias normas estatales:

• Sector ferroviario y seguridad: la Ley 38/2015, del sector ferroviario (especialmente su título V sobre seguridad ferroviaria) y el Real Decreto 929/2020, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, que atribuyen a los administradores de infraestructuras y a las empresas ferroviarias la responsabilidad de la explotación segura y del control de riesgos.
• Reglas de circulación y recuperación del servicio: el Reglamento de Circulación Ferroviaria (Real Decreto 664/2015) establece que su objeto incluye la explotación “tanto en condiciones de explotación normal como degradada, incluyendo su recuperación efectiva tras una interrupción del servicio”.
• Autoridad nacional de seguridad: la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) es la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, supervisa los sistemas de gestión de seguridad y puede requerir información o adoptar medidas.
• Protección civil y emergencias: en la vertiente de incendios y coordinación interadministrativa rigen la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil y la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023), así como la Directriz básica de incendios forestales y el correspondiente Plan Estatal, aprobado por Resolución de 31 de octubre de 2014 (Plan de Incendios Forestales).

2. Fases operativas tras el incendio

a) Gestión de la emergencia y corte del tráfico

• La detección del incendio (por sistemas de vigilancia de Adif, maquinistas, 112, etc.) activa los planes de emergencia internos del administrador de infraestructuras y los planes de protección civil correspondientes.
• Siguiendo el Reglamento de Circulación y los sistemas de gestión de seguridad, el administrador de infraestructuras procede al corte o limitación del tráfico en el tramo afectado (supresión de circulaciones, reducción de velocidad, desvíos).
• Bomberos y dispositivos de extinción dirigen la actuación sobre el fuego; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aseguran accesos y posibles evacuaciones.

b) Evaluación de daños y riesgos residuales

• Una vez controlado el incendio, técnicos de Adif inspeccionan vía, taludes, catenaria, postes, señalización y comunicaciones para detectar daños estructurales, deformaciones o afecciones a la estabilidad.
• Conforme al Real Decreto 929/2020, administradores y empresas ferroviarias deben aplicar métodos comunes de seguridad para identificar el riesgo y definir medidas correctoras.
• Si el fuego es forestal y la ladera sigue inestable, la autoridad de protección civil puede mantener restricciones (por riesgo de reinicio del incendio, caída de árboles, desprendimientos, etc.).

c) Reparaciones y obras de emergencia

• Si hay daños, la Ley 38/2015 permite declarar obras de emergencia en la Red Ferroviaria de Interés General, con un procedimiento acelerado de contratación y ocupación de terrenos, para reparar taludes, cambiar traviesas, postes, etc.
• Las actuaciones deben devolver la infraestructura a un estado que cumpla los requisitos de seguridad para la “entrada en servicio” que fija la Ley 38/2015 y el Reglamento de Circulación.

d) Pruebas previas y reapertura gradual

• Antes de admitir tráfico comercial se realizan pruebas de circulación (tren auscultador o convoy de prueba, verificaciones de señalización y comunicaciones).
• En función del resultado, el restablecimiento puede ser:
  • total, con parámetros normales, o
  • parcial/degradado: limitaciones de velocidad, prohibición de determinados trenes (por ejemplo, mercancías peligrosas), circulación por una sola vía, etc.
• Las empresas ferroviarias ajustan sus propios procedimientos de explotación y emergencia y deben informar a los viajeros y a la AESF cuando proceda.

3. Coordinación institucional y requisitos formales

El restablecimiento efectivo de la circulación suele requerir:

• Cierre de la emergencia de protección civil: la dirección del operativo (normalmente autonómica) declara fin de la fase de emergencia o rebaja a fase de normalidad reforzada en la zona.
• Certificación técnica interna de Adif de que la infraestructura es apta para el servicio en las condiciones establecidas (actas de inspección, informes de auscultación, etc.).
• Actualización de la documentación de seguridad en el sistema de gestión de seguridad del administrador y, en su caso, comunicación a la AESF, según el tipo y gravedad del incidente, al amparo de la normativa de seguridad operacional.
• Coordinación con empresas ferroviarias: acuerdos operativos para horarios, restricciones y sistemas de información al viajero.

En síntesis, no hay un trámite administrativo “extraordinario” específico solo para incendios, sino la aplicación combinada del régimen de seguridad ferroviaria (Ley 38/2015, RD 929/2020, RD 664/2015) y de protección civil (Ley 17/2015, RD 524/2023 y planes de incendios forestales), que exige demostrar que el riesgo para la circulación se ha reducido a un nivel aceptable antes de reanudar el servicio.

En Andalucía, la extinción de incendios forestales se articula en torno a dos grandes pilares: el dispositivo del Plan INFOCA (competencia de la Junta de Andalucía) y los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de titularidad local (bomberos municipales o consorcios provinciales). La normativa clave reparte funciones entre la Junta (planificación forestal y mando en emergencias de carácter forestal), los ayuntamientos y sus servicios de bomberos (intervención en su término y apoyo integrado al plan) y la protección civil autonómica. A partir de la Ley 2/2002, el Decreto 371/2010 (Plan INFOCA) y el Decreto‑ley 2/2023, la distribución de competencias puede resumirse así: INFOCA ejerce la dirección técnica y la extinción en el medio forestal; los SPEIS actúan como servicio de bomberos generalista y de apoyo, especialmente sobre personas y bienes no forestales; y la Junta asegura el mando único y la coordinación de todos los operativos.

Marco general de emergencias y bomberos locales (Ley 2/2002)

La Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía, define el sistema andaluz de protección civil y en su Título III regula los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento:

• Son servicios prestados por entidades locales, individualmente o asociadas, en su ámbito territorial.
• Sus funciones incluyen, entre otras: planificación y ejecución de operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas, protección de bienes, inspección del cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos, investigación de causas de siniestros, participación en los planes de emergencia y en campañas de formación a la ciudadanía.

La Consejería competente en protección civil fija normas marco, promueve estudios de riesgos, homogeneiza medios, coordina la formación y puede recabar y coordinar la actuación de los SPEIS fuera de su ámbito territorial, lo que es clave cuando se les moviliza en grandes incendios forestales.

Plan INFOCA y competencias de la Junta de Andalucía

El Decreto 371/2010 aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA). Este Plan:

• Concreta la competencia exclusiva de Andalucía en protección civil, que incluye la dirección y coordinación de los servicios de protección civil y de los servicios de prevención y extinción de incendios.
• Organiza la respuesta frente a incendios forestales, tanto en la vertiente de extinción como en la protección de personas y bienes no forestales.
• Define el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales (SEIF) como los medios humanos y materiales aportados por la Consejería competente en medio ambiente y sus entidades instrumentales para la extinción específica de incendios forestales.
• Introduce estructuras de mando como el Puesto de Análisis de Incendios Forestales (PAIF) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde el que se dirige de forma unificada tanto la protección civil como la extinción.

El Plan establece también la zonificación del territorio, los índices de riesgo y la obligación de numerosos municipios en zonas de peligro de aprobar su propio Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, integrados dentro del esquema INFOCA.

Reforma reciente y clarificación competencial (Decreto‑ley 2/2023)

El Decreto‑ley 2/2023 refuerza el papel de la Consejería competente en protección civil y emergencias como centro del sistema:

• Modifica la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para establecer que las competencias de la Junta en la materia se ejercen de forma compartida por la Consejería de protección civil/emergencias y la Consejería forestal.
• Dispone que el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía será elaborado por la Consejería de protección civil y emergencias y aprobado por el Consejo de Gobierno, y que esta Consejería actualizará anualmente el Catálogo de Medios del Plan.
• Obliga a que los municipios con territorio en zonas de peligro aprueben Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, pudiendo solicitar colaboración de la Consejería.
• Establece que las entidades locales donde se declaren incendios forestales deberán informar a dicha Consejería y podrán adoptar medidas urgentes para la extinción, pero siempre bajo las directrices de la dirección técnica de extinción, que corresponde al operativo INFOCA.
• Reordena el propio Plan INFOCA para adaptar las funciones de los Centros Operativos Provinciales (COP) y del Centro Operativo Regional, órganos de control de la Consejería encargados de la ejecución de las funciones de extinción de incendios forestales.

Distribución funcional en un incendio forestal

Prevención y detección

• Junta de Andalucía / INFOCA: planificación de prevención forestal, análisis de riesgo, información territorial y meteorológica, red de vigilancia, campañas de sensibilización vinculadas al riesgo forestal.
• SPEIS municipales/consorcios: inspección preventiva en su término municipal, participación en planes locales, campañas de información a la población y revisión de condiciones de seguridad en urbanizaciones, industrias, etc., especialmente en interfaz urbano‑forestal.

Extinción y mando operativo

• Dirección técnica de extinción: recae sobre el dispositivo INFOCA (SEIF), que opera bajo el Plan INFOCA y dirige la maniobra sobre el incendio forestal desde el PAIF y el PMA.
• SPEIS: intervienen sobre todo en la protección de personas, viviendas e infraestructuras, en apoyo a INFOCA y dentro del sistema de mando único del PMA. Pueden ser movilizados fuera de su término, cuando la Junta recaba su actuación y la coordina.

Coordinación con protección civil y ayuntamientos

• Protección civil autonómica: planifica, activa y coordina el Plan INFOCA, integra a todos los operativos (INFOCA, SPEIS, fuerzas de seguridad, voluntariado) y mantiene el Centro de Coordinación de Emergencias (112).
• Ayuntamientos: aprueban y activan sus Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, facilitan información a la Junta, ejecutan medidas de protección a la población y movilizan a su servicio de bomberos y otros recursos municipales, bajo la coordinación general del Plan INFOCA.

En síntesis, INFOCA asume el mando especializado y la extinción del fuego en el monte, mientras que los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios locales actúan como bomberos de proximidad y como refuerzo esencial para la protección de personas, bienes urbanos y apoyo a la maniobra, todo ello integrado bajo el marco de protección civil definido por la Junta de Andalucía.

No hay datos oficiales agregados, en las fuentes consultadas, que indiquen cuántos incendios forestales se han producido en la provincia de Córdoba durante toda la última legislatura andaluza. Sí se dispone de balances globales para Andalucía y de referencias puntuales a incendios en Córdoba, pero no de un cómputo provincial legislatura a legislatura. En el plano político, la prevención de incendios forestales ha sido objeto de iniciativas de Vox, PP-A, Por Andalucía, Mixto‑Adelante Andalucía y del propio Gobierno andaluz (PP) a través de leyes como la nueva Ley de Montes y la Ley de Agentes de Medio Ambiente. Varias de esas iniciativas no están territorializadas solo en Córdoba, pero sí abordan la prevención en montes y espacios forestales que afectan directamente a la provincia.

Datos disponibles sobre incendios: Andalucía y Córdoba

En los documentos oficiales revisados no aparece un dato específico del número total de incendios forestales en Córdoba durante la legislatura (XII). Los balances del Plan Infoca se publican agregados para toda Andalucía:

• En 2024, el Consejo de Gobierno informó de 613 intervenciones del Infoca en terrenos forestales (109 incendios y 504 conatos) y 6.062 hectáreas calcinadas en el conjunto de la comunidad, un 34% por debajo de la media del decenio, según la nota de la Junta de Andalucía sobre el final de campaña de alto riesgo de 2024 (balance Infoca 2024 y alto riesgo 2024).
• En 2025 se registraron 876 intervenciones (182 incendios y 694 conatos) en toda Andalucía, de acuerdo con el balance oficial de la campaña (campaña 2025).

En esos mismos documentos se citan algunos incendios relevantes en Córdoba —como el de Obejo en 2024—, pero no se desglosa el número total de siniestros por provincia. Del mismo modo, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Protección Civil publican balances estatales de superficie quemada y siniestros (informe 2024), pero sin una serie específica “Córdoba legislatura XII”.

Sí hay referencias puntuales, como la nota de la Junta sobre el incendio en la sierra de Córdoba en 2025 (incendio sierra de Córdoba), que detallan la gestión de un episodio concreto, pero no permiten reconstruir el total legislatura a legislatura.

Fuentes que concentran la estadística (aunque no se muestren en la búsqueda)

Para obtener con precisión el número de incendios forestales en Córdoba durante la legislatura, habría que acudir a:

• Memorias anuales del Plan Infoca por provincia (Junta de Andalucía).
• Estadísticas de incendios forestales por provincia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
• El propio sistema estadístico andaluz, reforzado por el Plan Estadístico y Cartográfico 2023‑2029, que incluye un bloque sobre “Incendios forestales y lucha contra incendios” (Plan Estadístico 2023‑2029).

En las fuentes parlamentarias y de prensa analizadas no se dispone de esa serie consolidada para Córdoba, por lo que no es posible responder con una cifra exacta de incendios en la provincia durante la legislatura.

Grupos que han impulsado iniciativas de prevención (impacto en Córdoba)

Vox

Es el grupo con una línea más explícita y recurrente sobre incendios forestales:

• PNL en Pleno sobre “prevención y extinción de incendios forestales y recuperación de los terrenos afectados en Andalucía”, aprobada en 2024, que propone un fondo estratégico de gestión forestal para municipios con grandes masas forestales y medidas de prevención, como el impulso del pastoreo y equipos locales de detección rápida (PNL 12‑24/PNLP‑000087). En el texto se cita, como ejemplo, que “Córdoba carece de plan local de emergencias por incendios forestales”, conectando la iniciativa con la realidad cordobesa.
• Diferentes preguntas orales y solicitudes de comparecencia sobre prevención de incendios forestales (por ejemplo, 12‑23/POC‑001101, 12‑23/POP‑000849, 12‑23/APC‑000696, 12‑23/APC‑003392), orientadas a exigir más medios preventivos y clarificar la planificación (pregunta en Comisión).
• En 2026, una nueva PNL para una Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales, con medidas de coordinación de cuerpos de emergencia y refuerzo preventivo (12‑26/PNLP‑000032).

Partido Popular de Andalucía (PP-A)

El PP-A, además de gobernar la Junta, ha registrado iniciativas específicas:

• Preguntas orales sobre gestión forestal sostenible y prevención, dirigidas a la Consejería de Sostenibilidad y a Presidencia (12‑23/POC‑002436 y 12‑23/POP‑001412), cuestionando o explicando las actuaciones en materia de prevención (POC‑002436 y POP‑001412).
• Desde el Gobierno, el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía aprobado en 2026 refuerza todo el capítulo de prevención (planes anuales, inventario de infraestructuras preventivas, deberes de propietarios, etc.) con impacto directo en los montes cordobeses (Ley de Montes).
• También se aprobó la Ley de Agentes de Medio Ambiente, que explicita sus funciones en vigilancia, prevención e investigación de incendios forestales, clave para provincias forestales como Córdoba (Ley de Agentes de Medio Ambiente).

Por Andalucía y Mixto‑Adelante Andalucía

Ambos grupos han vinculado incendios y prevención con la situación concreta de Córdoba:

• Solicitud de pleno extraordinario y comparecencias sobre “las causas, alcance y consecuencias de los incendios forestales acaecidos en Andalucía durante la presente anualidad y las actuaciones de extinción y prevención”, incluyendo una comparecencia específica sobre el incendio de la Mezquita‑Catedral de Córdoba del 8 de agosto de 2025 (12‑25/OAP‑000025).

En resumen, aunque las iniciativas de prevención tienen alcance autonómico, Córdoba aparece citada en los debates (incendios forestales en la provincia y el incendio de la Mezquita‑Catedral), y los principales grupos de la Cámara —PP-A, Vox, Por Andalucía y Mixto‑Adelante Andalucía— han impulsado distintas fórmulas (leyes, PNL, preguntas y comparecencias) orientadas a reforzar la prevención y la gestión forestal que afectan también al territorio cordobés.