La asociación profesional JUCIL ha presentado recientemente un escrito oficial dirigido a la directora general de la Guardia Civil para reclamar un refuerzo urgente de medios humanos y materiales ante “la grave crisis migratoria” que vive la isla de El Hierro, donde desde principios de noviembre se ha registrado la llegada de unas 6.700 personas migrantes.
En la nota difundida por la organización, se advierte de que los recursos actuales del Instituto Armado en la isla son “claramente insuficientes” para asumir esta carga de trabajo “sin poner en riesgo” la seguridad del conjunto de la población herreña y la integridad tanto de los ciudadanos como de los propios guardias civiles.
JUCIL detalla que, en estos momentos, el despliegue ordinario se limita a una sola patrulla de Seguridad Ciudadana para atender las continuas llegadas de pateras y cubrir todas las necesidades de vigilancia en la isla, a la que se suma otra patrulla del servicio Fiscal encargada de la seguridad en el aeropuerto.
La asociación explica que, aunque se han habilitado apoyos temporales —como la comisión de dos o tres agentes adicionales y el envío de una sección de la USECIC de Tenerife con ocho efectivos—, estos refuerzos resultan “insuficientes”. A esta falta de personal se añade “una deficiente planificación” de las bajas, activaciones y cambios de servicio, con avisos “de un día para otro” que obligan a los guardias civiles desplazados a buscar alojamiento por su cuenta. Ante ello, JUCIL “exige una organización logística adecuada que garantice estancias y descansos dignos”.
En el escrito registrado ante la Dirección General, el colectivo demanda que se adopten medidas concretas amparadas en la normativa vigente. Entre ellas, solicita el establecimiento de una gratificación por servicios extraordinarios —en términos similares a la aplicada en 2021 tras la crisis de Ceuta, con una cuantía de 100 euros por día de servicio a partir de un mínimo de cuatro horas—, así como el reconocimiento y abono urgente de los incentivos ACEX y CREX que correspondan a los agentes implicados.
La asociación reclama, además, revisar y mejorar las dietas del personal, agilizando el pago de anticipos y liquidaciones y elevando con carácter retroactivo las cuantías destinadas al alojamiento y, especialmente, a la manutención de los guardias desplazados, con el fin de compensar de forma adecuada los gastos asumidos.
JUCIL pide igualmente que se impartan “órdenes estrictas” para que todos los servicios prestados, junto con las modificaciones de horarios, descansos y vacaciones del personal destinado y comisionado desde el 1 de noviembre, queden reflejados “con total minuciosidad” en la aplicación SIGO.
EPI, protocolos sanitarios y reconocimiento
En cuanto a los medios materiales, la asociación insiste en la urgencia de dotar a los agentes de equipos de protección individual (EPI) adecuados y de implantar protocolos “claros” de coordinación con los servicios sanitarios ante posibles enfermedades transmisibles, incluyendo la tuberculosis cuando exista sospecha médica.
JUCIL añade a sus demandas la creación de un distintivo o condecoración específica que reconozca la labor del personal desplegado en el operativo de El Hierro, como forma de visibilizar el esfuerzo realizado en este contexto de presión migratoria.
La organización subraya que la seguridad ciudadana y la atención humanitaria “no pueden recaer de forma indefinida sobre el esfuerzo sobrehumano y la escasez de medios de los efectivos en primera línea”. En esta línea, recuerda la importancia de que se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo, se garantice el derecho a una jubilación digna y se logre una equiparación salarial “real y completa” con las policías autonómicas.