La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado las “graves deficiencias” de la Plataforma Única de Emergencias de Navarra, al considerar que “ha provocado una reducción superior al 90% de las incidencias recibidas por la Policía Nacional”, y ha reclamado una auditoría externa y la suspensión del sistema actualmente en marcha.
En una nota pública, CEP califica de “fiasco” este modelo, que concentra en el teléfono 112 todos los recursos policiales que operan en la Comunidad foral y que, “después de dos décadas de debates y discusiones en la Junta de Seguridad, se ha materializado con una solución técnica que no es válida ni aceptable, porque ha supuesto el arrinconamiento intolerable de la Policía Nacional, con la pérdida de más de un 90% de las comunicaciones que antes se recibían en la línea 091”.
Según el sindicato, la nueva organización “cojea desde el minuto uno de su activación, el pasado 14 de agosto, porque está realizando una distribución desigual de las comunicaciones que perjudica, en última instancia, a los ciudadanos”.
Han recalcado que “este despropósito resulta todavía más escandaloso cuando se contrasta con la realidad delincuencial de Navarra, una Comunidad cuya tasa de criminalidad se sitúa dos puntos por encima de la media nacional y que cerró 2025 con 52,4 infracciones penales por cada mil habitantes, ocupando el quinto puesto entre las autonomías con mayor criminalidad de España”.
Advierten, además, de que “lejos de corregirse, la evolución de 2026 amenaza con superar ese indicador y acercarse, cuando no rebasar, el lamentable récord histórico alcanzado en 2024, con 52,9 delitos por cada mil habitantes”.
En este contexto, CEP considera que “en una Comunidad con estos niveles de delincuencia, resulta sencillamente indignante que las prioridades del Gobierno de Navarra y de la Delegación del Gobierno parezcan estar más relacionadas con quién controla la información policial que con quién protege mejor a los ciudadanos”.
A su entender, “lo que ambas Administraciones han terminado impulsando, en una alianza institucional tan llamativa como difícil de justificar a la vista de sus resultados, es la concentración de las comunicaciones policiales en un centro de emergencias que no tiene naturaleza policial ni está atendido inicialmente por policías”.
Una medida que, denuncian, “supone entregar a operadores ajenos a los Cuerpos de seguridad la recepción y primera clasificación de informaciones que pueden resultar decisivas para prevenir delitos, identificar delincuentes y movilizar patrullas”.
Por ello, cuestionan que el Gobierno foral y la Delegación del Gobierno “deben explicar por qué consideran prioritario centralizar ese caudal de información en el 112 y qué beneficio concreto obtienen los navarros al apartar a la Policía Nacional del conocimiento directo de tantas incidencias”.
En su opinión, “lo que no resulta admisible es presentar como una mejora de la seguridad ciudadana una reorganización que reduce las capacidades operativas de uno de los principales cuerpos policiales de España”.
CEP sostiene que los datos que manejan “son demoledores”. Entre el 1 y el 15 de septiembre de 2025, la Policía Nacional registró 136 incidencias para su intervención, mientras que en el mismo periodo de 2026, con la plataforma ya en marcha, “únicamente recibió 12”. “Esa caída de más del 91% no obedece a una desaparición milagrosa de la delincuencia, sino a una reducción brutal de los servicios que llegan a conocimiento de la Policía Nacional”, subrayan.
Apuntan igualmente que las llamadas atendidas “también experimentaron un descenso extraordinario, cercano al 90% en los primeros periodos comparados, sin que exista una explicación pública suficientemente convincente sobre el destino de todas esas comunicaciones, los criterios empleados para distribuirlas o la forma en que se garantiza que cada incidente llega al recurso policial más adecuado”.
Alertan de que “el problema va mucho más allá de las estadísticas. Cuando una llamada al 091 pasa por diferentes filtros, operadores y centros de coordinación antes de llegar eventualmente a la Policía Nacional, se debilita una capacidad esencial para combatir la delincuencia”.
Desde su perspectiva, “se está privando a los policías de información que necesitan para trabajar, mediante un sistema que presenta, además, deficiencias especialmente preocupantes en la distribución de servicios, y se ralentiza la agilidad en la respuesta al ciudadano”.
A estas críticas añaden “la imposibilidad de que este cuerpo reconstruya y supervise íntegramente el recorrido de las comunicaciones desde su entrada en el 112”. “No se puede hablar de una coordinación transparente y equilibrada cuando uno de los participantes desconoce qué llamadas se han recibido, por qué se han asignado a otros cuerpos o cuánto tiempo ha transcurrido hasta que se le ha comunicado una incidencia”, remarcan.
La “gravedad de este fiasco”, insisten, “aumenta cuando se comprueba que las objeciones a la plataforma no proceden exclusivamente de la Policía Nacional”. Señalan que “organizaciones sindicales de la Policía Foral también han denunciado deficiencias en la asignación de servicios, retrasos y falta de transparencia, mientras que representantes de los trabajadores del propio 112 han advertido de problemas organizativos, incremento de la carga de trabajo y atención de comunicaciones policiales que no constituyen verdaderas emergencias”.
“La controversia afecta a distintos ámbitos profesionales y pone en cuestión aspectos fundamentales del funcionamiento del nuevo modelo. Pese a ello, el Gobierno de Navarra continúa defendiendo públicamente una implantación cuyas disfunciones iniciales ha llegado a reconocer”, sostienen desde CEP.
Para la organización sindical, “lo ocurrido en Navarra debe encender todas las alarmas en el conjunto de España”, ya que “cabe preguntarse si algunos de quienes llevan años aspirando a la salida de la Policía Nacional de Navarra pretenden conseguir ahora por la puerta de atrás lo que no han logrado por otras vías: cerrar el grifo de la información policial hasta convertir a nuestro cuerpo en un actor testimonial de la seguridad ciudadana”.
Alertan de que “si no llegan llamadas, no se comunican incidencias y se priva a los policías de información esencial, se puede arrinconar a una institución sin necesidad de modificar formalmente una sola de sus competencias. Una maniobra miserable que, de responder a esa finalidad, resultaría absolutamente intolerable y frente a la que CEP no piensa permanecer impasible”.
En consecuencia, el sindicato exige “una auditoría técnica y operativa externa, independiente y exhaustiva de la Plataforma Única de Emergencias, que permita conocer el recorrido completo de las llamadas, los tiempos reales de clasificación y asignación, las incidencias no comunicadas a los distintos cuerpos, los criterios aplicados para movilizar patrullas y las consecuencias de la implantación sobre la actividad policial”.
“Reclamamos igualmente la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad de Navarra para acordar la paralización del actual modelo de integración de comunicaciones, hasta que existan garantías verificables de transparencia, reparto objetivo de servicios y acceso completo a la información por parte de los cuerpos competentes”, añaden.
Para CEP, “resulta vergonzoso” que la delegada del Gobierno en Navarra, que “representa al Estado”, haya “avalado un sistema que está arrinconando a uno de sus principales cuerpos policiales”. Consideran que tanto ella como el ministro Fernando Grande-Marlaska “deben explicar semejante atropello y, si no pueden hacerlo, cesar de inmediato”.