El Ayuntamiento de Palma ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en Baleares por presuntas irregularidades en la autorización de la nueva acampada por la vivienda instalada en la plaza de España, solicitando además a los tribunales que la suspendan de manera cautelar.
Así lo ha comunicado el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en una comparecencia urgente este viernes, dos días después de que los activistas volvieran a montar el campamento en el centro de la ciudad tras la manifestación por la huelga general.
El escrito, registrado en el juzgado esta misma mañana, se centra en el supuesto “fraude de ley” que, según los servicios jurídicos de Cort, se habría producido en la comunicación presentada el pasado 11 de noviembre por uno de los organizadores de la acampada ante la Delegación del Gobierno.
“El contencioso es en base a unos hechos de comunicación. El 11 de noviembre la Delegación nos comunicó que habían pedido manifestarse durante 24 horas. Esta se iniciaban el jueves por la tarde, pero la acampada se inició antes. Aquí, por lo tanto, hay un fraude de ley”, ha señalado Bauzá, subrayando que el permiso no se habría ajustado a lo que realmente sucedió en la plaza de España.
El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha añadido que la concentración fue autorizada “sin constar la urgencia y habiéndose omitido la perceptiva audiencia al municipio”.
“Apreciamos vulneración de principios de lealtad institucional y de la autonomía local”, ha remarcado, acusando además a la administración estatal de “arrogarse implícitamente la gestión del patrimonio municipal”.
Por estos motivos, el Consistorio ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno por las supuestas irregularidades detectadas y ha pedido al juzgado la suspensión cautelarísima de la autorización, lo que implicaría “prohibir” la concentración y proceder al levantamiento del “asentamiento”.
Según Bauzá, esta decisión supone dar “un paso más” en la estrategia municipal para intentar desmantelar la acampada, diferenciándose de la actuación de la semana pasada, cuando se retiraron tiendas de campaña y otros objetos. El regidor ha insistido en que aquella intervención no fue un “desalojo”, puesto que “no se le prohibió a nadie que se quedara”.
El jueves, tal y como ya avanzó el alcalde, Jaime Martínez, agentes de la Policía Local identificaron a seis personas acampadas y levantaron actas administrativas por un posible incumplimiento de las ordenanzas municipales. A partir de ahora se tramitará el correspondiente expediente sancionador, aunque Bauzá no ha concretado el importe de las posibles multas.
Críticas a la Delegación del Gobierno y a la falta de apoyo policial
Durante su intervención, el regidor ha cargado con dureza contra la Delegación del Gobierno, a la que acusa de haber dejado “desamparado” al Ayuntamiento y de haber “ninguneado” a sus representantes en la gestión de la acampada.
En especial, ha reprochado a la administración estatal que el jueves se les “negara” la colaboración de la Policía Nacional para controlar la situación en la plaza de España y actuar sobre los acampados.
Bauzá ha relacionado esta negativa con el hecho de que el Ministerio del Interior mantiene desde hace casi diez años el nivel cuatro de alerta antiterrorista y no ha descartado que, en caso de producirse una emergencia en Palma, una falta de cooperación similar pudiera repetirse.