El pacto de gobierno suscrito en Castilla y León entre PP y Vox incluye una rebaja de las ayudas públicas dirigidas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no cuenten con una utilidad pública acreditada. Esta medida comenzará a aplicarse desde el primer presupuesto de la nueva legislatura, previsto para 2027, tal y como ha señalado este miércoles el presidente del PP y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco.
En concreto, el punto 16.14 del acuerdo establece una reducción del 50 por ciento de todas las subvenciones concedidas a sindicatos, patronales y entidades privadas “que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva”.
Según el documento, la finalidad de esta iniciativa es asegurar que los fondos públicos se destinen “exclusivamente” a atender las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León.
Ambas formaciones han detallado que el dinero ahorrado con este recorte se dirigirá íntegramente a reforzar y mejorar los servicios públicos de la Comunidad, “con el objetivo de garantizar una atención ágil y de calidad para los castellanos y leoneses”.
En esta misma línea, el acuerdo suscrito por PP y Vox compromete a la Junta a someter a revisión “de manera continua y exhaustiva” el uso de los recursos públicos, mediante auditorías periódicas destinadas a “identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación”. Los partidos firmantes subrayan que esta estrategia busca en todo momento asegurar “una gestión eficiente, responsable y alineada con el interés general de los castellanos y leoneses”.
Otro de los puntos del pacto contempla congelar “al mínimo imprescindible” los fondos para cooperación internacional al desarrollo, destinando “el mínimo imprescindible” para cumplir con las competencias y obligaciones marcadas por la normativa vigente. Además, se especifica que se velará para que cada euro público invertido fuera de España se aplique de forma directa al objetivo concreto al que se asigne.
Finalmente, el acuerdo apuesta por exigir la acreditación de la utilidad real de las ayudas públicas recibidas. De este modo, el acceso a nuevas subvenciones quedará supeditado a la justificación previa del uso y destino de las ayudas percibidas con anterioridad, así como a la demostración de su eficacia, “garantizando en todo caso la transparencia y la adecuada aplicación de los recursos públicos”.